Escribe: Liliana Olivero

Lamentablemente se dio una nueva inundación en Córdoba. Otro desastre evitable que sufren miles de desposeídos. Desde Izquierda Socialista expresamos inmediatamente nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, nuestro acompañamiento a quienes tienen desaparecidos y a los miles y miles que lo han perdido todo. Poniéndonos a disposición de la campaña de solidaridad, juntando ropa y alimentos, para paliar aunque sea en parte tanto daño. Las lluvias dejaron hasta el momento ocho muertos, una joven desaparecida (que podrían ser más) y más de mil evacuados. El gobernador y presidenciable De La Sota atribuyó los hechos a “un tsunami caído del cielo”. Pero la culpa no es de la naturaleza, sino en primer lugar de su gobierno. Desde Izquierda Socialista en el FIT hemos impulsado numerosas propuestas que, de haberse llevado a cabo, esta nueva catástrofe se podría haber evitado o, seguramente, aminorado los daños.

Pese a que episodios de este tipo se dieron en el pasado, no hay obras que permitan contenerlos. El dinero que paga el pueblo (altos impuestos, tasas viales a las naftas, impuesto al fuego, etcétera) va a subsidiar festivales, el rally, a empresas de transporte de pasajeros, Motorola y automotrices, no en obras para evitar las inundaciones. Mezclado con la desidia de los gobiernos de turno y la falta de planeamiento, dejando a la población (más aún a los sectores de menores recursos) en una desprotección total. La improvisación es tal que en Villa Allende y Río Ceballos, por ejemplo, ni siquiera hubo alertas para la población. Y numerosas personas ni siquiera recibieron asistencia alguna (¡y si alguien quiere viajar a colaborar debe abonar peajes!).

En esos años se bajó la cota del lago (menos agua) para permitir la explotación de puntos estratégicos de la serranía por parte de negocios inmobiliarios, en beneficio de grandes constructoras y al servicio de emprendimientos de lujo (casas y mansiones). A esto nos opusimos. E impulsamos la Ley de Bosques, confeccionada con numerosas organizaciones, que hubiera permitido cuidar la vegetación autóctona, evitando el desmonte, fundamental para que el agua drene de mejor manera en las sierras. Y rechazamos la Ley de Ambiente (conocida popularmente como Ley Monsanto), exigiendo, en cambio, que se declare la emergencia para detener todas las construcciones hasta tener un diagnóstico certero del estado ambiental.

Planteamos todo esto frente a las políticas del gobierno del PJ que, en complicidad con todos los sectores de la oposición patronal (UCR, Juecismo, PRO), nos han llevado a este nuevo desastre.

Los gobiernos nacional, provincial y municipal han anunciado algunas medidas paliativas, pero completamente insuficientes (“ayudas” del ANSES, ropa, alimentos o agua). Llamamos a la más amplia solidaridad con los damnificados. A formar comisiones entre los mismos para determinar el monto de daños a reparar, asistir a las víctimas y reconstruir las viviendas y comercios afectados. Reclamando los fondos necesarios para todo ello a las autoridades. A impulsar vía la movilización para que en forma urgente se imponga un gran fondo de emergencia que salga de impuestos a las transacciones financieras y grandes empresarios. Y exigir, a su vez, partidas del gobierno nacional en base a la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.