El gobierno de Cristina Kirchner aprobó en diputados y senadores la mal llamada ley de “estatización” de los ferrocarriles. Tuvo el apoyo del PRO, la UCR, el Frente Renovador de Massa y la Coalición Cívica de Carrió. Lozano y Stolbizer se abstuvieron. El Frente de Izquierda votó en contra y presentó el proyecto alternativo de reestatización junto a los ferroviarios del Sarmiento.

Por Juan Carlos Giordano

Este martes 14 de abril se aprobó en senadores la ley que ya había aprobado la Cámara de Diputados el 8 de abril. El gobierno la presentó como de “estatización”. Pero no solo no estatiza nada, sino que abre el negocio ferroviario a más operadores privados. Lo que va a seguir haciendo el Estado es poner los fondos del pueblo argentino para que sean los empresarios quienes sigan con el manejo de los ferrocarriles. Ya se sabe cómo actúa este gobierno: les otorgó 100 mil millones de pesos en subsidios que fueron a los bolsillos de los empresarios, no al ferrocarril.

El proyecto oficial mantiene las concesiones y las amplía, quiere decir que continúa con el saqueo de los 90. Es más, la ley oficial ratifica especialmente decretos de Menem y Cavallo de los años 1991, 1992, 1993 y 1994. A tal punto no es ninguna estatización que la propia ley kirchnerista dice que servirá para “renegociar los contratos suscriptos con Nuevo Central Argentino S.A. (Aceitera General Deheza-Urquía), Ferroexpreso Pampeano S.A. (Techint) y Ferrosur Roca S.A. (Cementera Camargo Correa, antes Fortabat)”, acentuando la entrega y dependencia del país, ya que el ferrocarril de cargas sirve para que se sigan sacando materias primas, minerales y la soja. Y que habrá “acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas”, para que entren los capitales chinos y de otras multinacionales.

El diputado de Macri, Federico Sturzenegger, fue muy claro al respecto. “Este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana” (Página12, 9/4). Felipe Solá, que responde a Massa, señaló: “Este es un proyecto de reordenamiento. No estatiza ni privatiza nada” (Idem). Y se tuvieron que escuchar cosas ridículas. El titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, acompañando en las gradas del Congreso a Randazzo, dijo que “esto se compara con la nacionalización de Perón de 1948”.

El FIT y los ferroviarios por la reestatización

Los diputados nacionales del FIT encabezados por Néstor Pitrola votaron en contra del proyecto oficial. Y presentaron el proyecto de reestatización que el FIT confeccionó junto a los trabajadores y el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento. El día anterior a la sesión de diputados se hizo una audiencia pública en el Congreso convocada por el FIT para debatir el proyecto alternativo. Estuvieron Pitrola, Giordano, Del Caño, Sobrero, Reynoso, Schlotthauer y otros trabajadores del ferrocarril y del transporte.

El proyecto alternativo dice en su artículo primero que hay que “anular” todas las concesiones. ¡Sólo así se terminará con la privatización menemista!
Al declarar la nulidad de las concesiones, inmediatamente el Estado nacional recupera todo el control del sistema ferroviario que, según el proyecto del FIT, es para ser puesto al servicio de un sistema único nacional, complementando el de cargas con el de pasajeros (para que el primero financie al segundo). De esa forma estaríamos en condiciones de recuperar, tras una fuerte inversión estatal, los 25.000 kilómetros de vías que se perdieron con la privatización menemista, los 90.000 puestos de trabajo, todos los talleres desgüazados y los 900 pueblos fantasma que quedaron tras el saqueo.

El proyecto señala, a su vez, que los concesionarios deben devolver todo lo que usaron pagando con sanciones económicas y penales sus conductas. Por eso se crea una comisión investigadora para develar todos los ilícitos cometidos y para que paguen los responsables.

Finalmente, el proyecto plantea que no se exige cualquier “reestatización”. Sino que el sistema ferroviario debe ser puesto bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Los únicos que vinieron denunciando los negociados y la corrupción, y luchando por un ferrocarril para el pueblo, para ponerlo al servicio de los pasajeros y de las economías regionales. Por esto hay que seguir luchando, en unidad, entre trabajadores, usuarios y las víctimas de Once. Junto a los demás trabajadores y sectores populares. Ahora, contra la nueva ley kirchnerista de reprivatización ferroviaria.

Funcionales a los K - Lozano y Stolbizer se abstuvieron

Claudio Lozano es candidato a Jefe de Gobierno en la Capital. Y Margarita Stolbizer se lanzó como candidata a presidente. Ambos dicen representar un espacio de “centroizquierda” y “progresista”. Siempre critican al gobierno y al resto de la oposición. Pero una cosa es lo que dicen, y otra lo que hacen.

En la sesión de diputados que trató la ley ferroviaria, en vez de votar en contra, se abstuvieron. Lo mismo hizo Alcira Argumedo (Proyecto Sur). De Gennaro (candidato a presidente de Unidad Popular, que lleva a Lozano en la ciudad) directamente se fue al momento de la votación. ¡Menos que menos defendieron el proyecto presentado en disidencia por el Frente de Izquierda y los ferroviarios!

Siempre dijimos que la centroizquierda es funcional al gobierno. Este caso lo prueba. Si bien todos critican el proyecto oficial, coinciden en que en el transporte ferroviario debe tener participación el capital estatal y el “privado”. ¡Eso es lo que ratifica el proyecto k! Nunca Lozano, Stolbizer o Solanas estuvieron por la reestatización bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Confían en “empresas mixtas” donde, como siempre, el Estado soportará las pérdidas y los capitalistas privados se llevan las ganancias.

La centroizquierda fracasó y vuelve a mostrar que no es ninguna alternativa al kirchnerismo y demás partidos patronales.

J.C.G.

¿El gobierno defiende el “patrimonio nacional”?

El gobierno se muestra como que ha recuperado empresas estratégicas que ha puesto al servicio de los trabajadores y el pueblo. Randazzo, cuando fue a saludar a Urtubey en Salta ante el triunfo electoral, señaló: “La gente reconoce la recuperación de los ferrocarriles, la vuelta de Aerolíneas, y la nacionalización de YPF y las jubilaciones”. Como vemos con la ley ferroviaria, en esta misma página, esto es puro doble discurso. Veamos los otros casos.

El gobierno sigue diciendo “hemos recuperado YPF para los argentinos”. No es cierto. No hay ninguna “nacionalización” de YPF. ¿Qué pasó con YPF? El gobierno dejó que Repsol siguiera en estos años con el robo de nuestro petróleo y el gas. Y cuando ya quedaban pocas reservas y crecía la importación de combustibles, estuvo obligada a expropiarle el 51% de las acciones que tenía esa multinacional en YPF mediante una “indemnización” millonaria de 10.000 millones de dólares. Pero el otro 49% de YPF no es “nacional” ni “estatal”, sino privado. Y la parte estatal está al servicio de abrirle las puertas al saqueo, como ha hecho el gobierno con Chevron, para que se quede con las reservas de Vaca Muerta. O sea, hoy no hay una YPF 100% estatal, como reclamó el Frente de Izquierda mediante un proyecto de ley, ni ninguna nacionalización del petróleo y el gas.

El gobierno, hace años, anuló las AFJP (jubilación privada). ¿Quién podía estar en contra de terminar con ese negociado que venía del menemismo en desmedro de los jubilados y los trabajadores? Pero ojo. En vez de poner ese dinero recuperado (90.000 millones de pesos) para el bienestar de los jubilados, el gobierno lo usó para pagar la deuda externa y subsidiar a empresarios amigos. ¡No para otorgar el 82% móvil, mejorar el PAMI o aumentar considerablemente las jubilaciones!

De Aerolíneas, ya se sabe más. Se invierten en la empresa varios millones diarios y Aerolíneas es una caja negra de La Cámpora. Se dice que pasó de 24 a 76 aviones, pero esos aviones son alquilados a un alto costo. Lejos está de ser una línea de bandera.

Le preguntamos al gobierno, si dice que recupera el patrimonio nacional, ¿por qué no estatiza las telefónicas, a quienes privilegia con mega negocios, cuando fueron privatizadas por Menem de una manera escandalosa?

J.C.G.