Repudiamos el intento de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches y el espionaje a los activistas antimineros.

Escribe: Agustín Gigli Miembro Asamblea No a la Mina y candidato Parlasur FIT

En 1999 la multinacional Benetton compra a la Compañía Inglesa de Tierras la estancia Leleque, en Chubut, de más de 96.000 hectáreas. A pesar del ideario general, las tierras compradas por Benetton y adquiridas por la corona inglesa luego de la “conquista del desierto” no estaban deshabitadas. Las comunidades mapuches y tehuelchues hacían uso de ellas. Son sus tierras ancestrales. Sin título de propiedad en mano, los Benetton son reconocidos legítimos dueños por parte del estado y la justicia.

En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa/Leleque concreta una recuperación de algunas hectáreas cercanas a la ruta 40 y al casco de la estancia. Con la justicia a su favor y abogados bien pagos, la multinacional intentó en reiteradas ocasiones desalojar a la familia de Rosa y Atilio Curiñanco. Hasta hoy no lo han logrado. A comienzos de este año, una nueva recuperación se inició en Vuelta del Río. Nuevamente los Benetton intentan impedir que continúe. Hace tres semanas, la fiscalía pretendió concretar un operativo “para identificar” a las personas que están en la recuperación, a manos del GEOP, un grupo especial de la policía chubutense. La difusión de la noticia en medios alternativos y la presentación de recursos de amparo, lo impidieron.

Benetton querellante con información de los servicios

El 28 de agosto la empresa italiana se convirtió en querellante contra la familia de Martiniano Jones Huala. En esa oportunidad, el defensor oficial que defiende a Martiniano denunció que como parte del expediente figuran fichas de inteligencia de vecinos de Esquel, vinculados con la asamblea No a la Mina y la resistencia al saqueo minero en la región (docentes, periodistas, empleados estatales, un concejal, médico, etcétera).

El Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció la existencia de las fichas, y que fueron entregadas a fines de mayo por un integrante de un “organismo nacional con protección de identidad” dada por la ley de inteligencia. Desde entonces, según los fiscales, no pudieron analizar toda la información brindada por el espía y por eso no habían, hasta ahora, apartado de la causa las fichas. Sin embargo, el resto de la “información” ilegal sigue en el expediente. La intención del MPF es aplicar contra los mapuches la Ley Antiterrorista y así proteger a la multinacional Benetton, que tras la cría de ovejas y producción de suéteres de múltiples colores, se esconde la empresa minera Minera Sud Argentina propiedad del grupo italiano.

22 fichas, la punta del iceberg

Los 22 vecinos espiados por los servicios de inteligencia de Cristina somos sólo los que se han podido descubrir. Se habla de por lo menos 32 fichas. Este espionaje no es nuevo, viene desde el Proyecto X con la gendarmería y el espionaje llevado a cabo por la Armada en Rawson en 2006. Mostrando la política del kirchnerismo frente a las organizaciones sociales como la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina: espionaje ilegal con los servicios de inteligencia del estado, represión y judicialización.

Debemos seguir luchando por la anulación de la Ley Antiterrorista y la disolución de los servicios de inteligencia. Hacemos responsable al gobierno nacional, a Benetton y a los jueces y fiscales por la integridad física de los activistas espiados. Exigimos que el agente de inteligencia infiltrado vaya preso y se investigue la responsabilidad política del gobierno nacional y provincial (también kirchnerista) en este nuevo episodio de inteligencia y criminalización.