Un informe de Amnesty Internacional revela que en Argentina hay casi 200 reclamos por tierras que mantienen pueblos indígenas en varias provincias (Capital, Formosa, Tucumán, Neuquén). Reclaman contra el gobierno nacional, provinciales y municipales; empresas petroleras que usurpan y contaminan sus territorios; mineras; patronales sojeras y empresas de turismo. Recibiendo como respuesta “violencia, exclusión, pobreza y asesinatos impunes”.

“El estado reconoce al menos 955 mil personas pertenecientes a más de 30 pueblos originarios”, víctimas de estas políticas”. (Página 12, 23/9).

El gobierno se la pasa hablando de “ampliación de derechos” y de los pueblos originarios, pero ni siquiera recibe a la comunidad Qom que hace meses acampa en Avenida de Mayo. El gobierno, los terratenientes y multinacionales son responsables de esta situación. Esto deja Cristina después de 12 años de gobierno.