Escribe: Miguel Lamas

El 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias en Venezuela y, por primera vez en 16 años, todas las encuestas dicen que va a perder. Es que el pueblo está harto y expresará su voto castigo por el desastre económico, el desabastecimiento, la brutal inflación que destruyó los salarios y despidos masivos.

Esto no es producto del “socialismo” como mienten Maduro y también los derechistas. No hay nada de socialismo en un estado que ajusta al pueblo y beneficia a los ricos, que incluso desnacionalizó parte de la industria petrolera para entregársela a multinacionales chinas, rusas, iraníes, españolas y yanquis. Durante 15 años ingresaron 100.000 millones de dólares al año por exportación de petróleo, sin que se impulsara ninguna inversión productiva. El negocio de la burguesía, auspiciado por el gobierno, es importar para quedarse con los dólares del petróleo. Y hoy el país importa el 70% de lo que consume. Como el petróleo bajó a la mitad, pese a que todavía hay altísimos ingresos, la crisis económica es tremenda.

El sistema electoral es antidemocrático, hay que ganar en un distrito para tener algún diputado. La opositora derechista MUD (Mesa de Unidad Democrática) es la favorita para el voto castigo contra el gobierno, aunque es una organización totalmente proimperialista que siempre fue repudiada por los sectores populares.

Venciendo innumerables obstáculos, el Partido Socialismo y Libertad (nuestra organización hermana en la UIT-CI) presenta candidatos en 12 estados y en la capital, abriendo sus listas electorales a alianzas locales con diferentes corrientes populares, entre ellas algunas provenientes del chavismo, como Marea Socialista o la dirigente sindical Marcela Máspero.

Entre los candidatos del PSL figura Orlando Chirino, histórico dirigente obrero revolucionario, por Valencia; y Miguel Angel Hernández, profesor universitario, por Caracas. El PSL lucha por un programa que incluye la nacionalización 100% del petróleo, eliminando y expropiando a empresas mixtas e imperialistas, para que los grandes recursos petroleros, controlados por los trabajadores, se destinen a aumentos salariales y a garantizar el abastecimiento de productos básicos a precios accesibles al pueblo; prohibir los despidos, inversión en las empresas básicas de petróleo y hierro, defensa de las libertades sindicales, defensa del derecho de huelga y de manifestación.