Escribe: José Castillo

Los pulpos petroleros transnacionales y privados nacionales que operan en la Argentina, amenazaron con poner en riesgo 10.000 puestos de trabajo. Finalmente se salieron con la suya. Consiguieron que el estado nacional les aumente los subsidios en 250 millones de dólares y la provincia de Chubut en otros 40 millones. Todo a cambio de un precario compromiso donde las petroleras se comprometen a no despedir a los trabajadores por apenas seis meses. El burócrata sindical Jorge Avila, Secretario General del Gremio de Petroleros Privados, avaló el acuerdo y se comprometió a que no habría medidas de fuerza. Se trata de una nueva vuelta de tuerca de una política que privilegió por años las ganancias de los pulpos petroleros con subsidios multimillonarios desde el estado. Un modelo creado y desarrollado al máximo durante el kirchnerismo y que hoy el macrismo continúa y amplifica.

¿Cuál fue la discusión? El valor del petróleo está bajando a escala mundial. Obviamente esto reduce el precio de los combustibles en los surtidores. Y también las ganancias de las empresas petroleras. En todo el mundo. Menos en la Argentina, que tiene el extraño récord de que mientras baja el petróleo sube la nafta, hasta transformarnos en una de los países dónde se paga más cara. Nafta carísima, y despidos en puerta, además de un saqueo que va reduciendo cada vez más nuestras reservas de gas y petróleo. Un auténtico robo. ¿Cómo se entiende?

La explicación es simple. Durante años se privilegió y subsidió a los pulpos del petróleo, con todo tipo de prebendas, desde el otorgamiento de yacimientos hasta millonadas en subsidios para que siguieran ganando cuando la inversión no resultaba rentable. En los últimos años, mientras la cotización del barril descendía a valores cercanos a los 30 dólares (llegó en algún momento incluso a 25), el gobierno argentino viene pagando con subsidios del estado a esos monopolios que operan en el país un precio infinitamente superior al de mercado, de entre 54,9 y 67,5 dólares el barril. Por este mecanismo, el año pasado se le transfirieron la suma de 3.200 millones de dólares. Este año, como el precio del barril sigue cayendo, las empresas se terminarán llevando alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero éstas quieren que se les subsidie no sólo el petróleo que extraen para refinar y vender en el mercado interno, sino ahora también el que directamente exportan.

El conflicto aparecía en una primera instancia focalizado en Chubut, porque por su calidad ese petróleo no puede ser refinado en el país y debe ser exportado en su totalidad. Las empresas que operan en la zona (Panamerican Energy y Tecpetrol-Techint-, principalmente), reclamaban esa “diferencia” entre el valor del mercado interno y el precio internacional. De lo contrario, amenazaban que no realizarían ninguna nueva inversión, dejarían de operar y se produciría una ola de despidos. Tecpetrol ya había dado el primer paso con el despido de 400 operarios.

Esto último desató el conflicto, con enormes asambleas petroleras en toda la provincia. Antes del acuerdo las empresas exigían un “mayor subsidio” por parte del estado nacional, que la provincia resigne regalías -pagar menos impuestos provinciales-, y que los trabajadores acepten no cobrar más horas extras, un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, y suspender las paritarias previstas para marzo. El Ministro de Energía, el ex Ceo de Shell, Juan José Aranguren, intervino diciendo que “cada uno tendrá que poner un poco”, léase la provincia sus impuestos, los trabajadores su salario y puesto de trabajo y las empresas algunos centavos de sus superganancias. El burócrata sindical Jorge Avila, por su parte, vergonzosamente se puso de abogado de las empresas transnacionales en la exigencia de mayores subsidios al gobierno nacional, aceptando incluso que los trabajadores pierdan sus derechos. Todos jugaron a favor de los pulpos petroleros. Que finalmente se salió con la suya, en un acuerdo leonino que ni siquiera garantiza una solución definitiva para los puestos de trabajo de los petroleros, ya que en seis meses las empresas “volverán a la carga”, exigiendo nuevos subsidios con nuevas amenazas de despidos.

Tenemos que romper con la perversión de esta política de saqueo, donde las empresas transnacionales nos roban uno de nuestros mayores recursos no renovables y exigen (y consiguen) mayores subsidios con el chantaje de despedir a miles de trabajadores. Hay que prohibir ya las suspensiones y despidos en el sector. ¡Qué los trabajadores no pierdan ningún derecho! Y terminar con el robo de los subsidios. La única salida es quitarle la concesión a todos estos pulpos, rescindiendo todos los contratos de exploración y explotación, y reestatizando el conjunto del negocio petrolero (exploración, extracción, refinamiento y comercialización), para que sea manejado por una YPF 100%, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos.