Aprovecharon la represión para bajar salarios y aumentar los ritmos de explotación. Usaron al estado para obtener créditos extranjeros que nunca pagaron y que terminaron engrosando nuestra deuda externa-. Se enriquecieron con la obra pública. Son los mismos grandes grupos económicos que hoy siguen gozando de sus privilegios.

Escribe: José Castillo

Tenemos que marcar a fuego sus nombres y los de sus empresas. Ellos también son actores y/o cómplices del genocidio. A mediados de 1975 se había creado la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), que promovió y coordinó con los militares el golpe de marzo de 1976 y “proveyó” a Videla casi todos los ministros del área económica: José Alfredo Martínez de Hoz en Economía, proveniente de Acindar; Jorge Zorreguieta (padre de Máxima, la actual reina “argentina” de Holanda) de la Sociedad Rural en la Secretaría de Ganadería y Adolfo Diz, de la Asociación Bancos Privados Argentinos (ADEBA) en el Banco Central. Pero no fueron los únicos.

Está comprobada fehacientemente la complicidad directa en la represión (entregando lista de activistas a los grupos de tareas, promoviendo detenciones y secuestros en las propias plantas y hasta cediendo espacios dentro de ellas para que funcionen como Centros Clandestinos de Detención) por parte de Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca (Grupo Techint), Ingenio Ledesma y Astarsa.

Loma Negra, Ledesma, Molinos (entonces Grupo Bunge & Born), Editorial Atlántida, La Nueva Provincia, Papel Prensa y La Veloz del Norte, también fueron señalados como cómplices directos con la represión.

Además de estos casos, el conjunto de los empresarios locales y extranjeros se aprovecharon de la ilegalización de las huelgas y la destrucción de los cuerpos de delegados y comisiones internas para incrementar sustancialmente la explotación de los trabajadores. Los salarios en 1976 ya habían caído un 40%. A ello se sumaban los aumentos de los ritmos de trabajo y la violación prepotente por parte de las empresas de cualquier regulación que protegiera a los trabajadores.

En 1977 se sancionó la Ley de Entidades Financieras que abrió el camino a la más absoluta especulación financiera. Se “crearon” cientos de bancos, en muchos casos directamente vinculados a las grandes empresas “amigas” de la dictadura. Así se fueron conformando y fortaleciendo los grandes “Grupos Económicos” locales que, junto con varias empresas transnacionales se convertirían desde entonces en la elite del capitalismo argentino. El Grupo Techint, hoy la más grande “transnacional” argentina, creció exponencialmente y alcanzó su liderazgo durante la dictadura, pasando de una empresa siderúrgica a diversificarse en los rubros del petróleo, la minería, las comunicaciones, obras públicas y finanzas. Bulgheroni, el dueño de Bridas y junto con British Petroleum de Panamerican Energy, tenía siete empresas en 1976 y terminó la dictadura con 34. Arcor (propiedad de la familia Pagani y hoy multinacional de alimentos) también pegó un enorme salto en su expansión en ese período, además de apadrinar el lanzamiento de la Fundación Mediterránea, de donde salió el entonces desconocido Domingo Cavallo. Pérez Companc, Loma Negra (Amalita Fortabat), Roggio, Macri, Soldati, Pescarmona y Bunge y Born, fueron algunos otros de los grandes pulpos que crecieron y se capitalizaron a la sombra de la dictadura.

Estos pulpos conseguían financiamiento internacional con avales de la dictadura y de las empresas públicas (como YPF, que ponían su patrimonio como “garantía”), luego lo hacían crecer internamente a través de los bancos locales de su propiedad (por medio de lo que se conoció como la bicicleta financiera) y finalmente, en 1982, le “encajaron” sus deudas al estado. Esto último, uno de los hechos más aberrantes de la historia económica argentina, fue llevado adelante por Domingo Cavallo, entonces Presidente del Banco Central. Se lo conoció como la “estatización de la deuda privada” y es una de las causas del fenomenal endeudamiento externo que todavía seguimos sufriendo (y pagando).

Fueron también estos grupos económicos los que se beneficiaron del negocio de la obra pública. Los estadios del Mundial ́78, las autopistas de Buenos Aires, los contratos de recolección de basura, la “provisión” de servicios fantasma a las empresas públicas y un larguísimo etcétera componen un historial de coimas, sobreprecios y escandalosas transferencias multimillonarias del estado hacia estas empresas.

Cuando cayó la dictadura, ya ocupaban los primeros puestos del establishment empresario en nuestro país. Juntos, esos grupos económicos locales y las empresas transnacionales que operaban en el país siguieron esquilmando a la Argentina, y superexplotando a su clase trabajadora. Fueron “los capitanes de la industria” durante Alfonsín. Luego los que se aprovecharon del saqueo de las privatizaciones en el menemismo. Siguieron obteniendo superganancias durante el kirchnerismo. Son los que hoy les ponen sus CEO como funcionarios a Macri. Ganaron con la convertibilidad y luego volvieron a ganar con la devaluación. Todos los gobiernos, peronistas, radicales, centroizquierdistas o del Pro, siguieron garantizándoles sus negocios y privilegios. Por eso, a 40 años del golpe genocida, también forman parte de la gran tarea pendiente: terminar con esta impunidad de ayer que continúa hoy que, solo se hará realidad, cuando vayan presos y sus empresas sean expropiadas.

El Grupo Macri se benefició con Videla

La familia Macri también fue beneficiada durante la dictadura. Cuando creó el Grupo Socma (Sociedades Macri), en enero de 1976, el total de su facturación anual no superaba los 100 millones de dólares. En los años siguientes pasó a ser uno de los emporios empresarios más importantes de la Argentina. Allí estaban Franco Macri (dueño del Grupo) y su hijo Mauricio, uno de los principales directivos. A través de una empresa del grupo llamada Sideco obtuvo la contratación de grandes obras públicas para el Banco Hipotecario Nacional, que se calcula le redundaron, sólo hasta 1979, 1.700 millones de dólares. Pero la “joya de la corona” fue cuando los Macri consiguieron del entonces intendente porteño de la dictadura, Brigadier Osvaldo Cacciatore, el contrato para la recolección de la basura de la Ciudad en 1980, por diez años. En 1990, se votó en una escandalosa sesión del entonces Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires -con denuncias de “sobres” con 50 mil dólares entregados a cada concejal que votó a favor- la prórroga sin licitación alguna, además del reconocimiento por la Ciudad de una supuesta deuda con la empresa de 68 millones de dólares. Todo sucedió gracias a un acuerdo entre el propio Macri y el intendente peronista de Menem, Carlos Grosso, que en la dictadura había llegado a ser Gerente General del Grupo Socma.

Otra maniobra oscura que ayudó a la formación de la fortuna de los Macri fue la “compra” del Banco de Italia en 1979, gracias a la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Una investigación del fiscal Guillermo Moreno Ocampo, llevada adelante años después, calculó que significó una estafa al Banco Central por 110 millones de dólares.

Pero la mayor tajada la van a sacar los Macri en 1982, cuando compran el 65% de las acciones de Sevel (una asociación de las automotrices Fiat y Peugeot para Argentina) por apenas 30 millones de dólares, un valor irrisorio. El misterio se develó rápidamente: sucede que Sevel tenía una deuda con acreedores extranjeros por 170 millones de dólares. Y Macri logró que Cavallo, como hizo con tantas otras deudas privadas, la estatizara. O sea, la deuda de Sevel pasó a formar parte de la deuda externa argentina, mientras los Macri seguían acumulando fortunas.

Por supuesto, la historia del Grupo Macri no termina con la dictadura. Alfonsín, Menem, la Alianza y los Kirchner les permitieron que siguieran creciendo sus negocios hasta hoy.

J.C.