Escribe Antonio Farés

El protocolo dispuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene el objetivo de frenar y reprimir la protesta social para hacer pasar el plan de ajuste y de entrega que está aplicando Macri.

La disposición es para que se aplique cuando haya cortes de calle totales o parciales, o vías de comunicación. “Les vamos a dar cinco minutos para que se vayan por las buenas: se van o los sacamos”, dijo la ministra represora. Sin embargo, la multitudinaria marcha de ATE del pasado 24 de febrero impidió que el mismo se aplicara. Desde Nación culparon al gobierno de la Ciudad por no haberlo aplicado, a pesar de que el PRO gobierna ese distrito hace 8 años. Un papelón para el gobierno y un primer triunfo de los trabajadores en esta pulseada por el derecho a la protesta.

El macrismo intentará aplicarlo en cuanto vea una oportunidad. Por eso hay que seguir denunciando y enfrentando esta violación de los principios democráticos elementales. El protocolo permite además el uso de armas de fuego (letales); da vía libre a la actuación policial o de civil sin identificación; a detenciones masivas bajo el título de que se está “incitando a la violencia” y dispone que se haga un “corralito” a periodistas y medios de prensa para que no puedan filmar los hechos.

El protocolo apunta contra trabajadores que salgan a la calle contra los despidos; contra vecinos que corten la calle para que vuelva la luz o por falta de agua; contra los pueblos que se movilizan contra la megaminería, la inseguridad o el gatillo fácil. Pero no hay protocolos que valgan cuando los de abajo están obligados a salir a luchar para defender sus derechos.

Llamamos a seguir repudiando el protocolo antipiquete y a defender el pleno derecho a la protesta social y de movilización para los trabajadores y el pueblo.