El reciente falló contra la mujer tucumana y las irregularidades del proceso demuestran la peor cara de la justicia patriarcal. El reclamo de la legalización del aborto se hace más actual que nunca.

Escribe: Malena Zetnik

El pasado 19 de abril, Belén, de 27 años de edad, fue condenada por los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán a 8 años de prisión. La causa iniciada contra ella fue caratulada como “aborto” y luego, como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Vale señalar que la joven había llegado a la guardia del hospital Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y una hemorragia. En la guardia ginecológica le declararon un aborto espontáneo pese a que ella desconocía estar embarazada. Más tarde, personal médico y policial le mostraron un feto de aproximadamente 20 semanas de gestación. La acusaron por aborto primero y la condenaron después por asesinato, sin siquiera cotejar que el feto le perteneciera.

Durante el juicio, a Belén le aplicaron prisión preventiva y la defensora oficial no escuchó sus palabras sobre que no se había realizado la interrupción del embarazo. Tampoco se le practicó un ADN para demostrar la filiación del feto encontrado y el informe pericial presentado por la parte acusadora resultó completamente contradictorio.

Recientemente, luego que el caso saliera a la luz y el movimiento de mujeres tomara conocimiento, distintas organizaciones hemos salido a repudiar la condena a través de la movilización y la abogada Soledad Deheza, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, ha asumido la defensa de Belén. La nueva defensa apelará a una instancia superior para que se revoque el repudiable fallo contra el que ya se han manifestado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Mientras tanto, las mujeres seguiremos en las calles acompañando a Belén para que se haga justicia y ella quede libre.

Necesitamos el aborto legal

Las distintas aberraciones cometidas contra Belén -desde la violación del secreto profesional hasta la acusación sin pruebas y la condena- muestran el peso que tiene la ideología de la Iglesia Católica en el sistema de salud, en la justicia y en los gobiernos de conjunto. Su moral patriarcal pretende decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres condenándolas por abortar y criminalizándolas cuando se trata de un aborto espontáneo. Aunque en Argentina se realizan cerca de 500 mil abortos por año muy pocas mujeres tienen acceso salubre al mismo y las tasas de mortalidad de mujeres gestantes se mantienen entre las más altas de América Latina, arriba de 6 muertes cada 10.000 embarazos (similar a Venezuela y República Dominicana). La mayoría de las mujeres que mueren son jóvenes y de la clase trabajadora que no pueden pagar un aborto clandestino en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Por situaciones como la de Belén, temen acercarse al sistema de salud que las criminaliza.

En los últimos años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha visibilizado esta problemática a través de la propuesta de un proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo y de distintas acciones de acompañamiento a los Abortos No Punibles. De cara al próximo 28 de mayo, día de Acción por la Salud de las Mujeres, se volverá a presentar el proyecto. Frente a los sectores religiosos y políticos que insisten en negar los derechos de las mujeres como ocurre actualmente con el Papa Francisco y los principales referentes del gobierno del PRO, el kirchnerismo, los radicales y demás partidos patronales, el movimiento de mujeres tiene que seguir en las calles. Acompañemos con fuerza a Belén y a todas las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo. ¡Basta de muertes y de criminalización por abortos!