Un fallo de la Corte sobre el trabajador del Correo Orellano resolvió que sólo los sindicatos tienen el derecho a declarar huelgas y que los trabajadores en asamblea, sin el aval de su cúpula, no pueden promover medidas de fuerza. ¡No hay que dejarlo pasar!

Escribe: Juan Carlos Giordano

El fallo de la Corte es pro patronal y anti obrero y va en consonancia con las agachadas de la burocracia sindical para dejar pasar el brutal ajuste de Macri. Al señalar que lo resuelto por trabajadores al margen de la cúpula sindical son decisiones de “grupos informales de trabajadores” que no tienen legalidad para adoptar medidas de fuerza, desconoce el elemental derecho a la protesta.

De aplicarse este fallo se desconocerían, por ejemplo, medidas de fuerza que pudieran tomar cuerpos de delegados y comisiones internas opositoras como la línea 60 de la UTA, el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento u otras organizaciones, si la burocracia sindical le da la espalda. O medidas de lucha como las que han llevado a cabo delegados y activistas de ATE Tierra del Fuego contra la traición de levantar el acampe de la conducción provincial.

El fallo limita el derecho de huelga a favor de la burocracia sindical y del gobierno de Macri; quita protección a millones de trabajadores que no tienen representación sindical, y embiste contra la oposición y el sindicalismo combativo. Poniendo en una total indefensión a trabajadores que muchas veces están obligados a tomar medidas de lucha contra las traiciones de su burocracia sindical.

Además, el fallo fomenta el verticalismo y autoritarismo burocrático en la vida gremial impuesto durante décadas por conducciones sindicales que viven del privilegio; pactan con las patronales y gobiernos de turno; persiguen a la oposición y vulneran la decisión de las bases.

El caso Orellano

Orellano tiene 41 años, dos hijos y trabaja en el Correo desde hace diecisiete. Es empleado en la planta de Monte Grande, clasifica de a una las cartas y les da un destino. En 2009 fue despedido por participar de una serie de asambleas en horario de trabajo. El conflicto por reclamos salariales fue entre el 13 y el 29 de mayo. Hasta el 26, las reuniones tuvieron convocatoria sindical. Los últimos días, hubo encuentros asamblearios sin convocatoria formal de empleados que no conseguían canalizar algunos reclamos.

El despido de Orellano fue considerado discriminatorio por jueces de primera y segunda instancia. Ante la orden de que fuera reincorporado, volvió al Correo, después de cuatro años de pasear con contratos basura por correos privados. En aquel momento el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, citó a una audiencia donde “le marcó contradicciones a la empresa, hasta le preguntó si considerar ilegítima una asamblea no era criminalizar, por lo que se ganó un aplauso del público”. (Página/12, 12/6). Pero la Corte cambió: su fallo va en consonancia con los despidos y el ajuste nacional y ahora podría convertirse en la autora del nuevo despido de Orellano.

Los argumentos de su fallo son los mismos que las del hombre de la Unión Industrial, Funes de Rioja: “Si se reconociera el derecho de huelga en forma indeterminada, más allá de los límites de precisados por la legislación podrían generarse fórmulas anárquicas” (Idem).

¡Que no pase el fallo!

El fallo ya fue repudiado por la Asociación de Abogados Laboralistas, la CTA Autónoma, ATE, el Cels, el sindicalismo combativo y la izquierda. Llamamos a la más amplia unidad para enfrentarlo.

A lo largo de la historia muchos fallos y políticas antiobreras se han frenado, lográndose que no se apliquen. Un ejemplo es el protocolo antipiquete de Macri que intentó aplicarlo pero a fuerza de marchas y cortes reconoció que en la ciudad de Buenos Aires y en provincia no lo va a hacer. Eso no quiere decir que el gobierno abandonó su política represiva, sino que con la movilización se pudo torcer una legislación criminalizadora. Lo mismo hay que hacer con el fallo de la Corte.

En una situación de despidos, rebajas salariales y ataques al movimiento obrero seguramente habrá instancias que obliguen a los trabajadores a tomar medidas de fuerza, más allá si las avalan las conducciones sindicales de turno. Esta semana, por ejemplo, los ferroviarios del Sarmiento se movilizan por aumento de salario mientras la conducción nacional de la Unión Ferroviaria pacta con el gobierno.

Hay que repudiar el fallo en cada lugar de trabajo; hacer acciones de repudio como la de este jueves entre distintos referentes del sindicalismo combativo (Sutna, Ademys, Ferroviarios) frente a los Tribunales en Capital, a las 11 horas. Mientras le damos el apoyo a todas las luchas legítimas que está librando el movimiento obrero contra el ajuste de Macri y los gobernadores.

Los “nuevos” cortesanos

El Senado designó finalmente a los dos candidatos propuestos por Macri con los votos del oficialismo, el Frente Renovador, el PJ oficial y de buena parte del Frente para la Victoria. Los mismos que intentó nombrar por decreto al inicio de su gestión.

Horacio Rosatti fue procurador y ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Se opone a ciertos aspectos del derecho de huelga. Considera “constitucionalmente discutibles” las llamadas “huelgas por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”. Tampoco acuerda con la incorporación del derecho internacional sobre derechos humanos a la legislación interna.

Carlos Rosenkratz coincide con Rosatti en esa visión restrictiva sobre los derechos humanos. Este abogado de grandes empresas (YPF, Mc Donalds, La Nación, Cablevisión) sostiene que los derechos económicos y sociales, como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales. “Cortar una ruta es un delito”, escribió en un artículo donde explicó que la pobreza no puede usarse como justificativo.