La bronca popular logró amparos judiciales en varias provincias y finalmente una suspensión nacional del aumento. El gobierno apeló ante la Corte y retrocedió parcialmente planteando un tope de aumento del 400%. Esto no impidió el fuerte cacerolazo del jueves 14.

Escribe: José Castillo

La frase de Macri no hizo otra cosa que acrecentar la bronca: “el problema es de los que en invierno están en remeras o en patas”. Repasemos: el del gas es el quinto tarifazo del macrismo. Le siguió al de la electricidad, el agua, las tarifas del transporte y las naftas. Es parte del salvaje ajuste que está realizando el gobierno, pulverizando salarios y jubilaciones.

En el caso del gas, la historia comienza en el mes de abril. El gobierno se había comprometido a que el aumento no iba a superar el 400% en los hogares ¡cómo si eso fuera poco! Pero lo grave sucedió después, cuando empezaron a llegar las boletas. Aparecieron aumentos de hasta el 2000%. Hubo jubilados a los que les llegaron valores superiores a lo que cobran. Sucedió que el tope del 400% era una mentira: se calculaba sólo sobre una parte del cargo de la factura.

La indignación popular dio lugar a que se dieran asambleas, algunas autoconvocadas, otras llamadas por organizaciones de usuarios, así como marchas a municipios, empresas privatizadas y oficinas e organismos reguladores. También hubo pedidos de amparos judiciales colectivos. Fue así como distintos jueces de Córdoba, Chubut, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz terminaron fallando por la suspensión del aumento. Lo mismo sucedió, a nivel municipal, en San Carlos de Bariloche, Avellaneda, La Matanza y Moreno. Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación del tarifazo en el gas en todo el territorio nacional. Los fallos de los jueces son una expresión (distorsionada o parcial, por cierto) de una indignación popular creciente.

El presidente Macri intentó que la Corte Suprema se pronunciara rápidamente a favor del tarifazo. Pero ésta, “oliendo” el repudio popular, pateó para agosto su definición sobre el fondo de la cuestión. Ahí fue donde el gobierno nacional realizó su enésima “corrección” y ahora anunció que el aumento del gas será de “sólo” el 400% para las viviendas particulares (500% para las empresas) tomando como base el precio de la factura de igual bimestre de hace un año.

Pero aun un 400% “real” sigue siendo un mazazo al bolsillo trabajador. Más cuando la nueva resolución afirma que habrá otra “readecuación” –léase tarifazo- en 2017. Por eso el jueves 20 se mantuvo la realización del cacerolazo que se venía convocando. Fue muy fuerte en todo el país y un paso muy importante: una primera acción de alcance nacional contra el tarifazo. En el obelisco, en el conurbano y en todas las provincias, miles de vecinos se expresaron golpeando sus cacerolas desde los balcones, las puertas de sus casas o en pequeños grupos en las esquinas. En algunas esquinas “clásicas” de la Capital se produjeron cortes de calle. A ello se sumaron varias convocatorias importantes en el conurbano (Tigre, San Miguel, San Justo, Ramos Mejía, Quilmes, Lomas de Zamora, Monte Grande, La Plata, Zárate, entre otras) y en las capitales de provincias (5.000 personas manifestaron en Córdoba, otro tanto en Tucumán, algo menos en las otras provincias). Más allá del debate de cuánta gente en concreto participó, encuestas posteriores afirman que el 76% de la población estuvo a favor del “ruidazo”.

La pelea no terminó. La Corte aún no se pronunció. Por supuesto, no podemos tener ninguna confianza en lo que decidan esos jueces corruptos. Pero es posible torcerle el brazo al gobierno. En el caso del gas y en el de los otros tarifazos ya existen también medidas cautelares que suspenden el incremento de la electricidad y hay mucha bronca con los aumentos del agua. Hay que redoblar las convocatorias y movilizaciones, no dejándose confundir con ninguna maniobra del gobierno. El reclamo es claro: la suspensión absoluta de todos los tarifazos y la vuelta a los valores de diciembre del año pasado. Todo en el camino de la auténtica salida de fondo: la reestatización de todas las privatizadas y su puesta en funcionamiento gestionadas por sus trabajadores y organizaciones de usuarios.

40% de la población usa garrafas

A casi 25 años de la privatización de Gas del Estado, las supuestas “inversiones” que debían realizar las empresas concesionarias brillan por su ausencia. Apenas el 60% de la población del país tiene acceso a la red de gas natural. Todo el noreste argentino (Chaco, Formosa y Misiones) está excluido del servicio. Igualmente montones de localidades en cada provincia. Justamente las que cuentan con mayor población carenciada, que tiene que recurrir a garrafas, que son en promedio cinco veces más caras que el gas en redes. O, en pleno siglo XXI, calentarse con leña.

¿Quién controla a quién?

Ya teníamos bastante con que el ministro de Energía Juan José Aranguren fuera accionista de Shell, una de las empresas beneficiadas con los tarifazos. Pero ahí no termina la cosa. El organismo encargado de controlar a las empresas distribuidoras de gas es el Enargas, según el marco regulatorio de la propia privatización del sistema en 1992. El macrismo colocó como “interventor” al frente de ese organismo nada más ni nada menos que a David Tezanos, quien casualmente fue, hasta enero pasado, el titular de Metrogas. Una vez más: el lobo cuidando las ovejas.

Las empresas no invierten

La salida es la reestatización

La caradurez de las distribuidoras de gas no tiene límites. Metrogas sostiene en un comunicado que “la readecuación tarifaria tiene tres fundamentos: hacer inversiones que permitan expandir la red para llegar cada vez a más hogares; mejorar la calidad del servicio y mantener los altos estándares de seguridad del sistema”.

¿Qué expansión de la red cuando la mayoría de los sectores populares no tienen acceso a la misma? (ver nota en esta misma página). ¿Calidad del servicio? ¿Cuántos inviernos nos pasamos viendo salir “la llamita amarilla” que no calienta nada? ¿Seguridad? Recordemos la explosión del 6 de agosto de 2013 en Rosario, donde una fuga de gas produjo el derrumbe de un edificio entero y la pérdida de 22 vidas.

La cuestión es muy simple: se trata del elemental derecho a calefaccionar un hogar en invierno, a tener agua caliente para bañarse y de poder cocinar. El gas, como la electricidad, el transporte y el agua potable no pueden ser considerados como una mercancía, donde comprarla o no dependa del poder adquisitivo del consumidor. Es un derecho humano elemental, como el acceso a la salud o a la educación.

Después de 25 años, el modelo de las privatizadas ha demostrado su fracaso. Para lo único que sirvió fue para dejar centenares de miles de trabajadores de las anteriores empresas estatales en la calle y para que estas empresas se llenaran los bolsillos con sus superganancias.

La salida de fondo pasa por la rescisión de todos los contratos de privatización y la reestatización de las empresas, que deben pasar a ser gestionadas por sus trabajadores y por las organizaciones de usuarios. Esto es lo que hay que hacer en el caso del gas con las nueve compañías distribuidoras: Metrogas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeano, Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Gas Noa y Gasco. Así como con las dos transportadoras: Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur.

Pero, como explicamos en otra nota (“¿Ahorrar o parar el saqueo?”) también tenemos el problema de porqué nos quedamos sin gas. Y ahí la salida es similar: rescindir todos las contratos, reconstruyendo una gran YPF 100% estatal, gasífera-petrolera que, gestionada por sus propios trabajadores, concentre la totalidad de las actividades: desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento y la comercialización.