El Hospital Regional de Río Gallegos, Santa Cruz, se encuentra con su personal de paro desde hace más de 45 días. Jorge Lemos -médico de ATE- nos dijo: “El alto nivel de conflictividad comienza en el año 2009, es decir hace exactamente siete años. Período en el cual se produce una desestructuración progresiva del sistema estatal de salud debido a condiciones laborales cada vez más desfavorables. Entre 2006 y 2011 tuvimos la ida de 600 profesionales y otros tantos del sector enfermería, mientras se producía un ingreso irrestricto de personal administrativo que era justamente lo que no era estrictamente necesario. Áreas que se cubrían con contrataciones irregulares en la que se pagaban muchos cientos de miles de pesos. Así se fue generando un ministerio paralelo al de Salud, con médicos carísimos traídos de Buenos Aires”.

“En 2016 comienza la conflictividad ante el primer llamado a paritaria. Tuvimos las primeras medidas a fin de febrero que comienzan a profundizarse con paros y movilizaciones. Ofrecieron un 10 % que para las categorías menores no representó más que 1000 pesos. Hay sectores en los cuales el 60% de la administración pública central está por debajo de la línea de pobreza. Como siempre, tenemos los gremios amigos del gobierno que firmaron afirmativamente la propuesta y aunque en ese momento ATE no firmó, por mayoría gremial terminó aprobándose. Las medidas comprenden el cierre de todos los ingresos con excepción de la guardia, donde se atienden las emergencias. Es tal la crisis que si aumentáramos la oferta de consultorio sería imposible atender la demanda porque el recurso disponible (humano y de insumos) es insuficiente. En realidad, este hospital con paro o sin paro sigue funcionando a menos del 50% porque estructuralmente no da para más”.

Sobre la propuesta Lemos señaló: “Solamente un mínimo sector de profesionales se veían beneficiados con un aumento sustancial. El resto (especialidades médicas, enfermería, personal administrativo, maestranza) quedó afuera. Lo que obligó a profundizar el conflicto y a la toma del hospital. A su vez sufrimos una ley de “emergencia sanitaria” (que es una ley de persecución laboral) con tercerizaciones y traslados compulsivos de personal”. Sobre cómo repercutió el llamado a conciliación obligatoria en ATE señaló: “Nos cayó muy mal que la conducción haya determinado unilateralmente la aceptación desde el secretario general. Esto rompe algo paradigmático para ATE, que es que la asamblea decide. Por eso ante la propuesta de la conducción de acatar la conciliación obligatoria la asamblea del hospital votó negativamente y decidió seguir adelante con las medidas de fuerza entre compañeros autoconvocados, de Aprosa y de quienes reconocen su filiación a ATE y continúan la lucha. Seguimos siendo un grupo numeroso dando la pelea”.