El pasado 15 de julio, el Comité de derechos humanos de la ONU exhortó al estado argentino a revisar el caso de Belén, la joven tucumana acusada sin pruebas de haberse realizado un aborto y condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Posteriormente, entre el 27 y 29 de julio, once organizaciones políticas y de derechos humanos entre las que se encontraban Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir y el Frente de Izquierda, presentaron un amicus curiae (adhesiones solidarias ante la justicia) y un petitorio al Consejo Federal de derechos humanos reclamando la revisión de la sentencia e inmediata libertad para Belén. Actualmente, la corte provincial de Tucumán tiene un plazo de 90 días para resolver sobre el caso.

Frente a esta alarmante situación de violación de los derechos humanos, el presidente Macri manifestó explícitamente que va a seguir sosteniendo a la Iglesia Católica y, al igual que los gobiernos precedentes, se opone a la legalización del aborto. Por eso la libertad de Belén depende de nuestra movilización. Seguimos luchando por el cumplimiento del protocolo de interrupción legal de los embarazos y el proyecto de ley de legalización del aborto. No queremos más mujeres presas por la clandestinidad del aborto.