Escribe: Juan Godoy

El próximo 13 de septiembre se cumple un año de aquel derrame de cianuro que contaminó cinco ríos de los departamentos Jáchal e Iglesia (departamentos del norte de San Juan). Si algo quedó claro en este tiempo, es que el daño ambiental que generó la multinacional es a largo plazo. Los análisis muestran la presencia de gran cantidad de metales pesados e indican que el agua no es apta para el consumo humano y animal en algunas localidades (según un informe de la Universidad Nacional de Cuyo de mayo de este año).

Muchos funcionarios de gobierno han desfilado por el acampe, intentando calmar las ansias de justicia de un pueblo que siente le han robado el futuro. Varios de ellos hablan como gerentes de la Barrick, sosteniendo cosas como que “la quita de retenciones a la megamineria ha beneficiado inmensamente a los pueblos de Jáchal e Iglesia” (Eduardo Cáceres, diputado nacional del PRO por San Juan). O que la “Barrick está trabajando como corresponde y el gobierno está accionando como corresponde con el incidente en Veladero”, según el gobernador del Frente para la Victoria de San Juan (Tiempo de San Juan, 9/4).En el mismo sentido van las palabras del ministro de Ambiente Sergio Bergman, cuyo objetivo es hacer ingresar la megaminería “como política de estado” incluso en provincias donde hay resistencia social.

Estas declaraciones son coherentes con la defensa que ha hecho siempre el peronismo de esta multinacional desde la época de Menem, quien armó y facilitó el arribo de la Barrick al país. Luego los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, junto al ex gobernador y actual titular del PJ José Luis Gioja, aseguraron sus ganancias y protegieron su permanencia con el veto a la ley de glaciares. Y ahora lo hace el gobierno de Macri, defensor a ultranza de los intereses de todo empresario. Todos son representantes del capital explotador y contaminante.

Durante este año, así como no disminuyó la contaminación, tampoco lo hizo la tensión social que, luego de darse a conocer el derrame, impulsó las masivas movilizaciones que lograron paralizar el proyecto por unos días. Pero la complicidad unitaria del gobierno, la justicia y los medios de comunicación mayoritarios permitieron encubrir a la Barrick y continuar explotando, saqueando y contaminando.

Los intentos de criminalización de la protesta no tuvieron oportunidad de prosperar producto de la respuesta social y la fuerza que tiene “la asamblea Jáchal no se toca”, que en la actualidad sigue movilizándose todos los 13 de cada mes exigiendo el cierre, la remediación y la prohibición de la explotación minera con cianuro. Y haciendo escraches en las casas de funcionarios, que se encuentran custodiadas por un cordón policial.

Del lado chileno también hubo movilizaciones masivas el pasado miércoles 24 de agosto. Alrededor de mil personas se manifestaron para que se frene definitivamente el proyecto binacional Pascua-Lama (en fase de exploración) explotado también por Barrick, el cual se viera paralizado luego de contaminar las aguas del Valle De Huasco (Chile). En ambos casos los gobiernos justifican como accidentes lo que es la esencia de la industria minera, la explotación de nuestros recursos para obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible, sin ningún reparo por los explotados y su medio ambiente.

Desde Izquierda Socialista llamamos a apoyar la lucha de las asambleas. En el camino de la más amplia unidad podemos echar a la Barrick y expropiar sus activos económicos para iniciar la remediación ambiental del daño que generó.