Mientras aumentan los delitos, el gobierno sólo promete más efectivos policiales y pide mano dura para los ladrones de gallinas. Hay que atacar los problemas de fondo, la pobreza y la miseria creciente, junto a con la corrupción policial y los jueces cómplices.

Escribe Martín Fú

Hace bastante tiempo que el debate sobre cómo combatir a la inseguridad forma parte de una de las preocupaciones de la mayoría de los trabajadores. Diariamente son noticia los hechos delictivos o los casos de violencia callejera. Los políticos patronales en épocas electorales prometen, una y otra vez, “solucionar” esta demanda. Pero a la hora de gobernar, la inseguridad crece y la respuesta es volcar más policía a la calle, como los 6200 gendarmes que promete la gobernadora Vidal.
Este martes se realizó una importante movilización al Congreso con la consigna “para que no te pase”, entre los convocantes estuvo María Luján Rey, familiar de las víctimas de la masacre de Once, quien al ser interpelada declaró: “Creer que más policías en la calle va a disminuir el delito es una falacia. Se necesitan políticas de Estado serias para combatir las mafias. No queremos mano dura”. (Clarín, 8/10). Esta marcha es parte de las diversas movilizaciones que se vienen dando como las de Rosario, Santa Fé, Palomar y tantas otras, que reclaman justicia y terminar con la inseguridad.
El recién anunciado índice del 32% de pobreza equivale a 13 millones de argentinos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Una gran franja de esos pobres son jóvenes desempleados, segunda o tercera generación de familias que perdieron la formalidad laboral desde hace décadas. Los trabajadores y sectores populares sufrimos en carne propia distintos hechos de inseguridad, cuando vamos o volvemos de nuestros trabajos, nuestros hijos cuando van a las escuelas o nuestros mayores cuando se acercan al banco a cobrar sus magras jubilaciones, o con las “entraderas”.
En un país donde el 77% de la población no confía en la justicia (Clarín, 9/10) la solución a la inseguridad no se arregla con “mano dura”, la baja de la edad de imputabilidad o limitando las excarcelaciones para terminar con la “puerta giratoria”. La justicia, junto a las fuerzas de seguridad forman parte del entramado corrupto, poniendo precio a la libertad de algunos delincuentes. Las cárceles están repletas de presos comunes o “perejiles”, mientras los grandes responsables gozan de impunidad.
Ningún político patronal combate las causas de fondo. ¿Por qué hacemos semejante afirmación? Porque la pobreza y la desigualdad social son el caldo de cultivo donde se desarrolla la violencia callejera y el delito, siendo pura y exclusiva responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Mientras Macri (y antes el kirchnerismo) promete más seguridad, aplica políticas de ajuste hambreando a millones, aumentando la marginalidad, precarizando los trabajos, con salarios de pobreza, destruyendo el sistema de salud y la educación. Es por ello que muchos jóvenes salen a delinquir porque no tienen futuro, siendo carne de cañón de las bandas narcos o de comisarios que los usan para robar. Jóvenes que muchas veces se juegan la vida o su libertad por robar un celular o matan por un par de zapatillas.
Se ataca la inseguridad y la violencia que se vive en las calles terminando con los planes de ajuste de este modelo capitalista. Queremos educación, salud y trabajo. Terminar con las cúpulas policiales corruptas y los jueces cómplices del delito. Que seamos los vecinos quienes elijamos por voto directo a los comisarios. Por comités de organización popular donde se discutan medidas para disuadir el delito y controlar el accionar policial. De esta forma podremos empezar a detener este terrible flagelo.