Escribe Simón Abreu

Los días 10 y 11 de enero la polícía de Chubut y la gendarmería llevaron a cabo ataques contra la comunidad mapuche Lof Cushamen en Resistencia, dejando un saldo de nueve personas heridas, tres de ellas de gravedad y diez detenciones. La violencia desmedida de las autoridades estuvo al servicio de la empresa transnacional Benetton, cuyos directivos están obsesionados con la expulsión de los indígenas de sus tierras ancestrales. El gobernador peronista de Chubut, Mario Das Neves socio político de Sergio Massa, justificó los ataques alegando que los mapuches son “violentos” que “no respetan la ley”, mientras que su ministro de gobierno Pablo Durán fue más lejos y se refirió a la comunidad como “terroristas” (Clarín, 12/1). Los voceros de Benetton también respaldaron públicamente la agresión a los mapuches, declarando que “no hay forma de frenarlos” (El País, 12/1).

El juez federal Guido Otranto habría ordenado levantar un corte a la vía férrea del tren expreso patagónico La Trochita, que atraviesa el territorio en conflicto entre los mapuches y Benetton y al amparo de esta orden se desplegó un operativo de bloqueo de la comunidad por parte de más de 200 efectivos y el secuestro de todos sus pobladores durante varias horas.

El territorio al borde del río Chubut en el departamento de Cushamen, ocupado legítimamente por los mapuches desde marzo del año pasado, forma una pequeña parte del latifundio de alrededor de un millón de hectáreas usufructuado por Benetton a través de la compañía Tierras del Sud Argentino. La propiedad que invoca la transnacional guarda continuidad con el robo territorial realizado en 1896 por el presidente Roca, quien donó los terrenos a latifundistas ingleses luego de la violenta “campaña del desierto” contra sus pobladores originales. En la década de 1990 Benetton se hizo con las tierras.

La represión generó un amplio repudio. Hubo pronunciamientos de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la izquierda, así como movilizaciones en Córdoba, Bariloche y Rosario. El 11 de enero se realizó una concentración frente a la Casa de Chubut en Capital Federal. La militancia de Izquierda Socialista, encabezada por la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Laura Marrone, estuvo presente manifestando su solidaridad, exigiendo la liberación de los detenidos, el cese de la criminalización y apoyando los justos reclamos territoriales de los mapuches. La movilización logró la liberación de los detenidos.

En su comunicado de repudio a la represión, la comunidad Lof Cushamen en Resistencia advierte que las autoridades “cuentan con un instrumento perverso como la ley antiterrorista para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja”. Esta ley fue sancionada durante el gobierno kirchnerista, quien en 2010 ejerció una represión similar contra el pueblo Qom.