Escribe: Simón Abreu

Macri pone al descubierto una vez más el contenido de su política servil a los intereses de las transnacionales, imponiendo condiciones de rapiña para el saqueo de Vaca Muerta, con un altísimo costo para los trabajadores y el pueblo argentino. El gobierno considera el acuerdo con la burocracia sindical petrolera “histórico” y un modelo a aplicar “en todos los sectores de la Argentina” (10/1, Clarín). Además de imponer condiciones que agravan la explotación de los trabajadores, Macri suspendió la aplicación de las retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Favoreciendo a empresas como Pan American Energy y Shell, e imitando algunos aspectos de las aberrantes condiciones ya otorgadas a Chevron en 2013. Estas empresas adicionalmente gozarán durante el año de un precio subsidiado del gas a boca de pozo de US$ 7,50 por millón de BTU, uno de los más caros del mundo.

Macri asegura que las groseras condiciones cedidas a las empresas transnacionales permitirán al país recibir inversiones y hacerse con una portentosa riqueza. Un economista cercano al gobierno y a la patronal como Ricardo Arriazu cuantifica la riqueza de Vaca Muerta en 22 veces el PBI nacional, 274 veces una cosecha anual o 74 veces el capital total del país (Clarín, 15/1). El propio Macri destaca que se trata de la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, “la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares” (Télam, 15/1) y que “es energía para reducir la pobreza”. Pero, ¿es verdad que bajo el modelo de saqueo actual esa riqueza apuntalará el desarrollo nacional y beneficiará a la mayoría de la población? No es así, todo lo contrario, aumentará el saqueo y la miseria.
El gobierno estima las inversiones de las empresas transnacionales en Vaca Muerta en 5 mil millones de dólares para 2017, 10 mil millones en 2018 y 15 mil millones en 2019. Son cifras que no se corresponden ni lejanamente con la realidad: entre 2013 y 2016 se invirtieron un promedio de 2 mil millones de dólares anuales, pese a que en 2016 se presentó el mayor incremento en la producción de gas en los últimos 13 años (Clarín, 15/1). La producción no tuvo correspondencia en inversiones. El gobierno sigue subsidiando a las multinacionales, mientras aumenta las tarifas de luz y gas a la población, y mantiene uno de los precios más altos de la nafta en la región, para sostener el saqueo energético.
Lo que facilita Macri es la entrega de recursos naturales no renovables, maximizando las ganancias de los capitales transnacionales, sin que ello repercuta en mejoría alguna a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo argentino. Ya son conocidas las experiencias de otros países con enormes yacimientos de hidrocarburos que han sido saqueados, hundiéndose cada vez en una mayor pobreza mientras mayor es la riqueza extraída. No podemos imitar esos modelos y esperar un resultado diferente.
Las inversiones necesarias para garantizar el autoabastecimiento energético no vendrán por la vía de la entrega a las transnacionales. Es indispensable contar con una empresa YPF 100% estatal gestionada por sus trabajadores y una industria petrolera y gasífera nacionalizada, que sea instrumento de una política energética coherente al servicio de los intereses del pueblo trabajador. Los recursos necesarios para las inversiones se pueden obtener mediante el cese del pago de la fraudulenta, ilegítima deuda externa. Solo de esta manera se puede explotar racionalmente estos recursos, alcanzando el objetivo del autoabastecimiento de energía, garantizando el acceso a bajo costo a la población y que se tomen en cuenta los costos ambientales y sociales de la propia actividad de explotación y refinación gasífera y petrolera.