Escribe José Castillo

El panorama está a la vista. Decenas de miles de despidos en la industria. Fábricas que cierran, multinacionales que “suspenden” (en claras antesalas al despido), plantas históricas que bajan sus persianas condenando a ciudades enteras al destino de pueblos fantasmas. Sumémosle a esto la pérdida del poder adquisitivo del salario fruto de los aumentos de precio de casi todo: desde los alimentos, pasando por los medicamentos, hasta las tarifas de los servicios públicos. La recesión se “palpa” por todas partes. Queda claro que la reactivación que, según el gobierno vendría dándose desde hace algunos meses sólo está en la imaginación de los funcionarios.

Los datos dados a conocer por el Observatorio Social de la UCA el jueves pasado son contundentes. La pobreza aumentó desde el 29% al 32,9% entre fines de 2015 y octubre de 2016. Esto quiere decir que hay un millón y medio de nuevos pobres y 600.000 nuevos indigentes. El mismo día el Indec publicó el índice de precios al consumidor del mes de febrero: 2,5%, el número más alto desde junio del año pasado, dando por tierra con cualquier planteo de que la inflación estaría bajando, como argumentó hace pocos días el ministro Dujovne. La suba de la inflación de febrero estuvo motorizada por el alza de alimentos y bebidas, peajes, la canasta escolar y las cuotas de las prepagas. Pero esto no es lo peor: ya se pronostica una inflación superior al 2% para marzo. Y luego en abril llegarán las consecuencias del tarifazo en el gas. Como vemos todo muy lejos del hipotético 18% anual que inventa el gobierno para poner como techo a la paritarias. A este paso, estamos yendo a una inflación anual para 2017 que camina rumbo al 30%.

Frente a todo esto, hay que oponerle un plan alternativo. Este no puede ser, como se viene escuchando tanto desde la cúpula de la CGT como de las distintas variantes del peronismo, una mera “defensa de la industria nacional”, pidiendo exclusivamente cierre de importaciones y subsidios para las patronales en problemas.

Un verdadero programa alternativo debe ir a fondo en defensa del salario y el empleo popular. Exigiendo como primera prioridad paritarias sin techo para alcanzar un salario mínimo para todos los trabajadores (en blanco bajo convenio, tercerizados o en negro) igual a la canasta familiar y el 82% para los jubilados, en todos los casos ajustable mensualmente por la inflación. Sumándole a esto la prohibición de suspensiones y despidos y el reparto de las horas de trabajo.

El macrismo ha incrementado el endeudamiento del país en más de 75.000 millones de dólares desde diciembre de 2015. Lo que lleva a que los montos que hay que pagar por intereses y devoluciones de capital sean cada vez mayores. La única salida pasa por dejar de pagar ya mismo la deuda externa y poner todos esos recursos al servicio de financiar las más urgentes necesidades populares de trabajo, educación, salud y vivienda. Empezando por la puesta en marcha de un verdadero plan de obras públicas de construcción de viviendas populares, escuelas, hospitales y obras esenciales de infraestructura que permitan dar trabajo y resolver el drama del desempleo.

El otro barril sin fondo por donde se va la plata del presupuesto son los subsidios a las empresas privatizadas. Hay que reestatizarlas y ponerlas a funcionar bajo control de sus trabajadores y usuarios. Así tendremos trenes que volverán a recorrer el territorio nacional y dónde dejaremos de viajar como ganado. O una empresa petrolera y gasífera al servicio del desarrollo nacional y no del saqueo de las multinacionales.

Estas son las principales medidas con las que proponemos combatir la pobreza, el desempleo, los bajos salarios y la inflación. Las que deberían acompañar el paro nacional y plan de lucha al que ya debería estar llamando la CGT.