Escribe Simón Abreu

El “Acuerdo por la producción y el empleo de la industria automotriz” fue anunciado como si se tratara de un gran logro por Macri, acompañado por las patronales automotrices, la burocracia sindical y los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Según el gobierno, el objetivo es elevar la producción a 750 mil automóviles en 2019 y un millón de unidades en 2023, creando en el mismo período 30 mil empleos, para llevar el número de trabajadores del sector a 104 mil. En realidad, la meta para 2019 está por debajo de la producción de 2011, pero aún no se corresponde con la realidad de un sector que produjo menos de medio millón de automóviles en 2016 y viene aplicando suspensiones y despidos masivos con el apoyo de la burocracia sindical, como las vistas recientemente en General Motors.

En su permanente intento de descargar sobre los hombros de los trabajadores los efectos de la crisis, el plan del gobierno macrista promoverá la flexibilización laboral y recortará aún más impuestos para los empresarios del sector. En la misma línea del acuerdo antiobrero de Vaca Muerta, calificado por Macri como el “primer acuerdo realmente revolucionario para nuestro futuro”, lo que se busca es abaratar la mano de obra “reduciendo o eliminando” los costos laborales no salariales, en palabras de los representantes de las patronales automotrices, Adefa, AFAC y Adimra. También se busca reducir el llamado “ausentismo” mediante descuentos a los salarios de los trabajadores que falten, aún por razones justificadas como enfermedad o accidentes. Todo ello se sumaría a la quita a las retenciones para las exportaciones industriales, los reintegros de impuestos y la ley de autopartes promulgada por el macrismo, claramente favorable a los empresarios.

Ricardo Pignanelli, del Smata, avaló el acuerdo diciendo: “soy peronista y nuestra misión es proteger a los trabajadores”. Alegó que no hay flexibilización sino “convergencia productiva”, demostrando un cinismo sin límites. Raúl Torres de la UOM, quien también firmó el acuerdo, fue abrazado y felicitado por el presidente, a la vez que recordó, como un antecedente de las medidas actuales, su acuerdo flexibilizador de 1995 con Torres en la fábrica de Sevel, empresa de la que Macri era CEO.

De conjunto, lo que persiguen el gobierno macrista y las patronales es seguir precarizando el empleo y abaratando la mano de obra, generando mayor miseria para aumentar las ganancias empresariales. Luego del acuerdo de Vaca Muerta, y ahora de este acuerdo con la UOM, Smata y Asimra, el gobierno tiene en la mira imponer planes flexibilizadores semejantes en la construcción, el calzado, textiles y fábricas de motos.

Qué hacer ante los despidos

Todos los días nos enteramos de una nueva planta que cierra, suspende o despide. En los más diversos sectores, aduciendo caídas de ventas, entrada de productos importados, u otras particularidades, las patronales dejan en la calle a miles de trabajadores, muchas veces dejando apenas un papel pegado en la puerta de la empresa con un teléfono para “pasar a cobrar la liquidación”.

No cabe duda que todo esto es consecuencia de las políticas de ajuste de Macri. Pero los empresarios, que en épocas de bonanza se llenaron los bolsillos con superganancias, ahora no dudan en recurrir al despido. Exigiéndole al estado, para seguir funcionando, más subsidios o protecciones.

Nuestra posición es clara: si estamos en crisis, lo primero es defender los puestos de trabajo, procediendo a prohibir por ley las suspensiones y despidos, y repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario. Y en caso de que una empresa viole esta disposición o cierre, se debe proceder a estatizarla, poniéndola a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

Guido Poletti