En julio de 2015 la empresa de los hermanos Rasic cerró sus plantas de Ezeiza y Monte Grande , dejando sin trabajo a más de 3.500 operarios. La patronal venía pagando los salarios en cuotas y de manera diferida. Cresta Roja presentaba en 2014 el concurso de acreedores a pesar de ser la segunda productora avícola del país, de exportar miles de toneladas de pollos a Venezuela y las sucesivas ayudas económicas por parte del gobierno nacional y provincial, en esa época bajo el mando de Cristina Kirchner en Nación y Scioli en provincia.

Fue en plena campaña que el kirchnerismo tomó cartas en el asunto, nombró un interventor y, con Scioli a la cabeza, diseñó un salvataje financiero. “La provincia va a entregar Cresta Roja normalizada”, decía el interventor Gurzi. Pero luego del resultado adverso en las urnas, la intervención sciolista se dio a la fuga y los problemas recrudecieron.

Fue entonces cuando le llegó el turno a Macri, en abril de 2016, de montar la escena junto a la gobernadora Vidal. La empresa fue elegida por el macrismo para demostrar el “sí, se puede” y mostrar así la reactivación económica. Quien había prometido en su campaña la reincorporación de todos los despedidos de la planta y una solución definitiva para la empresa no cumplió.

Sólo algunos trabajadores recuperaron sus puestos de trabajo, debiendo aceptar la reducción de sus salarios y la pérdida de derechos adquiridos como la antigüedad, premios y obra social.

Hoy nuevamente Cresta Roja está en el ojo de la tormenta, cincuenta nuevos despidos se suman a la legión de trabajadores que pasan a engrosar la lista de las purgas que lanzan las patronales, en este caso con lockout patronal y siempre con el aval de los gobiernos de turno.