Escribe Gastón Cruyff

Dos semanas después siguen las discusiones sobre el Polaquito, el pibe de 11 años de Lanús que fue objeto de un informe de Jorge Lanata. No fue casual que el Grupo Clarín, el principal consorcio mediático afín al gobierno de Cambiemos, se haya sumado a la campaña por la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Un chico que puede matar, traficar, robar, negociar, ¿por qué no debería ir preso? Esa es la lógica que buscan instalar.

El informe omitió cómo el chico llegó a esa situación. No mencionó las razones sociales, económicas y políticas del contexto en que está creciendo, ni algo más concreto: el acuerdo con la policía de Diego Kravetz (secretario de Seguridad del municipio gobernado por Cambiemos) para concretar una entrevista que violó varias normativas del tratamiento de niños en los medios de comunicación.

Cambiemos ha definido avanzar con una medida anunciada por la propia Cristina Kirchner en su gobierno, y que cuenta con el respaldo de Massa. En reiteradas intervenciones insisten con el tema y pretenden ponerlo “a discusión”, omitiendo que las consultas que hicieron con organismos como Unicef desestimaron beneficio alguno de la medida. Lo central es que jamás dicen una palabra de su responsabilidad sobre la situación de esos niños a los que quieren encarcelar. Todos los partidos que gobernaron en democracia son responsables de la situación actual. Todas las fuerzas políticas patronales que votan pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa en vez de invertir en educación y trabajo digno. Los gobiernos que sumieron a la educación en la actual crisis, en la que hay un faltante de vacantes de más de un millón doscientas mil. Familias sin laburo, pibes sin escuela y una desigualdad creciente son el verdadero problema a resolver.

Por si fuera poco, los números desmienten el discurso oficial. Hace años se sabe que solo el 4% de las causas penales en provincia de Buenos Aires corresponde al fuero de menores. Los datos demuestran que esos casos refieren en su abrumadora mayoría a “crímenes contra la propiedad”, robos comunes, que son puestos en la mira en un país donde los corruptos están libres, y donde los que evaden millones tienen periódicamente convocatorias de “blanqueo” para legalizar su delito.

Por último, la criminalización de la pobreza esconde la complicidad de todos los gobiernos con la policía y los jueces, los verdaderos responsables del narcotráfico y el crimen organizado. Los pibes, en todo caso, son víctimas de estas mafias como mano de obra, no victimarios. Como remarcamos siempre desde Izquierda Socialista, hay que combatir la protección que le brindan los gobiernos a las cúpulas policiales y judiciales que son verdaderas mafias delictivas que operan con el narcotráfico, los desarmaderos, el juego clandestino y el crimen organizado. Estamos a favor de promover la elección popular de los comisarios, el control popular del accionar policial y la autoorganización de los vecinos para disuadir el delito.

Que la plata vaya para educación y trabajo para que los pibes puedan educarse y conseguir un trabajo digno, no para la deuda.