El domingo 30 de julio, el gobierno de Maduro hará elecciones de una asamblea constituyente que es fraudulenta por donde se mire, una maniobra burda para perpetuarse en el poder. Por eso en vez de apaciguar ánimos logra lo opuesto, que crezca el repudio masivo. La semana pasada hubo un paro nacional y marchas. Esta semana varias organizaciones sindicales han convocado a una huelga general de 48 horas y a nuevas protestas.

Esa constituyente no tiene nada de democrática y menos de libre y soberana. El mecanismo de convocatoria garantiza el control de ese organismo por parte del gobierno. La oposición de la MUD  y los sectores chavistas críticos, como la fiscal Luisa Ortega, la desconocen legalmente. Los ex ministros chavistas Héctor Navarro, Oly Millán Campos, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, los profesores universitarios Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, el constitucionalista Freddy Gutiérrez, el mayor general Clíver Alcalá y los dirigentes de Marea Socialista Gonzalo Gómez, Juan García y Roberto López Sánchez, entre otros, difundieron un documento que llama a la abstención y el voto nulo. También el PSL desconoce la convocatoria. Solo se presentan candidatos designados por el PSUV y partidos afines como el PC.

Cada elector votaría por un candidato “territorial” y otro “sectorial”, según figure en el padrón si es “trabajador”, “estudiante” o “empresario”, etc. De los 545 diputados, 364 serán “representantes territoriales”, uno por municipio y dos en las capitales de los estados. Esto significa que un municipio con 500.000 electores puede tener la misma representación que uno de 20.000 o 10.000 electores. Así, el gobierno achicará el peso de los municipios urbanos, donde es derrotado por amplio margen, agrandando los pequeños municipios del interior donde aún puede ganar. Como ni así puede asegurarse recuperar la mayoría perdida en 2015, agregó 181 diputados de “ámbito sectorial”. Serán 24 por estudiantes, 8 por campesinos y pescadores, 5 por empresarios, 5 por discapacitados, 28 por jubilados, 24 por consejos comunales, 8 por comunidades indígenas y 79 por sindicatos. Son candidatos designados por “agrupaciones sociales” controladas por el gobierno. Por ejemplo, los 79 de los “sindicatos” son todos burócratas de los sindicatos “bolivarianos”. Lo mismo con los demás sectores.

Además, para tratar de tapar la abstención están montando todo tipo de maniobras. Amenazan a los trabajadores de ministerios y empresas públicas a concurrir bajo control de “planilla” y también vía el “carnet de la patria”, por el cual ya estarían controlados 14 millones de personas sobre 19 del padrón. Este “carnet” es el que usan para repartir subsidios o bolsas de comida. Amenazan con quitar ese carnet a quien no vote.

El objetivo de esta falsa elección constituyente es seguir avanzando hacia un régimen cívico-militar totalitario y aún más represivo.