Cada día que pasa se va ratificando la responsabilidad de la Gendarmería Nacional y el gobierno de Macri en la desaparición de Santiago Maldonado. Se van cayendo todas las hipótesis con las que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, escandalosamente a cargo de la investigación a pesar de haber sido el mismo que ordenó la represión; la fiscal Silvina Alejandra Ávila, y la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizaron desde el primer día para tratar de desviar la responsabilidad de Gendarmería.

Repasemos: se dijo que Santiago Maldonado había sido visto pocos días después de su desaparición haciendo dedo en Entre Ríos, que había estado en Mendoza y que había escapado a Chile. Uno a uno estos planteos sin asidero fueron cayendo. Finalmente, el gobierno y el juez priorizaron el relato de que Santiago Maldonado no había estado en el corte de la ruta 40 reprimido por la Gendarmería el 1° de agosto porque había sido herido por un puestero días previos en un ataque que habían llevado adelante desconocidos encapuchados. Como en el caso de las coartadas anteriores, también esta se demostró falsa: el estudio de ADN del cuchillo del atacante reveló que la sangre no era la de Santiago. El gobierno y sus medios afines trataron también de negar el valor de una filmación previa a la represión en la que muchos reconocían a Maldonado, con la excusa de que no se lo veía claramente. Los testimonios de los mapuches que sostenían haber visto que se lo llevaba la Gendarmería también fueron desestimados por haber sido “anónimos”. Se los trató de “terroristas”, como miembros de una organización casi fantasmal (el “RAM”), a la que se acusó de ser similar al ISIS, mientras varios referentes mapuches aseveran que son parte de los servicios de inteligencia. Se escucharon todo tipo de planteos xenófobos y racistas contra los pueblos originarios para desacreditar sus denuncias. Pero ahora todas estas maniobras se caen producto de la contundencia y continuidad de la movilización popular. Finalmente apareció formalmente un testimonio (el de Matías Santana) que acusa directamente a la Gendarmería de apresar, pegarle y llevarse en una camioneta de esa fuerza a Santiago Maldonado. Declaración que el juez y la fiscal ya tenían con anterioridad, pero se negaban a incluir en la investigación.
La caída de todas las hipótesis anteriores y la fuerza de este testimonio están generando que incluso los mismos medios de comunicación que hasta hace pocos días respaldaban al gobierno y echaban a correr todas las falsas versiones para salvar a la gendarmería, ahora empiezan a recular y retractarse. El círculo se va cerrando. Si alguien tenía alguna duda, esta se va disipando: la Gendarmería Nacional hizo desaparecer a Santiago Maldonado. Y el gobierno nacional y la Justicia fueron y son cómplices por encubrimiento.
A lo largo de este mes hubo multitudinarias movilizaciones a Plaza de Mayo y a todas la plazas del país, cientos de acciones e iniciativas en escuelas y facultades, en las redes sociales, fotos en las canchas de fútbol y lugares de trabajo, declaraciones de figuras de la cultura y el deporte y un creciente reclamo internacional (con manifestaciones en embajadas y consulados argentinos). El gobierno de Macri quiso esconderlas y desprestigiarlas planteando que se estaba “haciendo uso político del caso”. Más allá de que Cristina y el kirchnerismo hayan pretendido hacerlo, la realidad es que Santiago está efectivamente desaparecido y eso generó la enorme movilización popular. A Cambiemos se le volvió en contra el intento de censurar a maestros y profesores. Incluso infiltró las marchas en Buenos Aires y El Bolsón para provocar hechos de violencia, represión y detenciones. Fotos y filmaciones tomadas por medios alternativos mostraron a servicios que primero aparecen “provocando incidentes” y en la escena siguiente están del lado de la policía cuando se desata la razzia de detenciones. Los medios de comunicación oficialistas se prestaron al juego haciendo “desaparecer” de sus pantallas las multitudinarias marchas para reemplazarlas por imágenes de “los incidentes y destrozos”. Pero todas las maniobras del gobierno, incluyendo la escandalosa ratificación de la ministra Patricia Bullrich por el propio Macri, tienen patas cada vez más cortas. El clamor por Santiago sigue creciendo, así como la certeza de que el gobierno tiene responsabilidad en el encubrimiento en este caso.
Focalizada la acusación directa en la Gendarmería, hay que exigir que aparezca con vida ya mismo Santiago Maldonado y se castigue a los culpables. Exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich y la realización de una investigación de lo sucedido por medio de una comisión independiente. Para esto es necesario redoblar los esfuerzos y la movilización. Volver a marchar a Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Siguiendo y profundizando esta campaña en cada lugar de trabajo, de estudio y en cada barrio. Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, con sus diputados y legisladores, sus dirigentes sindicales y políticos, sus referentes juveniles y del movimiento de mujeres, y con el conjunto de su militancia, continuará junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en esta tarea. Sumate y aportá tus iniciativas.

¿Se debe hablar sobre Santiago Maldonado en las escuelas?

Escribe Jorge Adaro Secretario general de Ademys • Candidato a diputado nacional Izquierda Socialista Frente de Izquierda • CABA

A partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se desarrolló un debate intenso sobre la pertinencia de discutir este tipo de temas en las escuelas. Los sindicatos Ctera y Ademys, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido el 30 de agosto, prepararon materiales didácticos sobre el caso de Maldonado. El gobierno y sus medios de comunicación afines respondieron con una campaña de descalificación, con el argumento de que se estaba “adoctrinando en las escuelas”. Es evidente que el gobierno lanza estos ataques a los docentes sobre la base de mezquinos cálculos electorales, pensando más en las elecciones de octubre que en la educación de los pibes. Hay varias cosas que es importante aclarar. Primero, que no es la primera vez que los sindicatos realizamos materiales didácticos sobre temas de interés político nacional. El diseño curricular y las normas vigentes establecen la obligación de los docentes de fomentar la reflexión crítica sobre los hechos políticos y sociales de la actualidad. Los sindicatos elaboran y ponen a disposición de los docentes materiales que pueden ser consultados o utilizados, pero su uso no es obligatorio, por lo tanto es ridícula la acusación de que haya una intención de “adoctrinamiento totalitario”. Sobre todo, es hipócrita el discurso gubernamental que pretende tener una escuela escindida de la realidad social. De manera similar a lo ocurrido en el conflicto docente, el gobierno manipula los hechos para polarizar con el kirchnerismo como si las únicas posiciones posibles fueran las del macrismo o el kirchnerismo. En este sentido, Ademys tiene una posición independiente y consecuente: así como desarrollamos materiales sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado también hemos realizado propuestas didácticas para temas surgidos de la agenda nacional, como la trata de personas, la masacre de Once o la desaparición de Julio López, entre otros. El gobierno no puede negarnos el derecho ni la obligación de abordar estos temas en las escuelas. Y esta es una cuestión de fondo que va más allá de las maniobras que sectores kirchneristas puedan hacer en relación con estos temas. El gobierno quedó muy mal con su maniobra electoralista. Más de cien supervisores de distintas áreas de educación firmaron recientemente una carta pública en la que refutan al gobierno y defienden la necesidad de este tipo de abordajes y que se discutan con los alumnos temas como el de Santiago Maldonado, sustentando su posición en el diseño curricular y las normas vigentes. Es un golpe duro al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional, pues muestra que la posición de los sectores jerárquicos de la educación pública es muy clara al respecto y está en sintonía con los gremios. En vez de perseguir a los docentes para que no se hable sobre Santiago Maldonado, o desviar la atención, el gobierno nacional tiene la obligación de responder sobre su paradero y castigar ejemplarmente a los culpables.