Cada día que pasa se va ratificando la responsabilidad de la Gendarmería Nacional y el gobierno de Macri en la desaparición de Santiago Maldonado. Se van cayendo todas las hipótesis con las que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, escandalosamente a cargo de la investigación a pesar de haber sido el mismo que ordenó la represión; la fiscal Silvina Alejandra Ávila, y la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizaron desde el primer día para tratar de desviar la responsabilidad de Gendarmería.

La presión social y las movilizaciones obligaron a las autoridades a tomar el testimonio de la perseguida comunidad mapuche de Pu Lof en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El joven Matías Santana declaró el martes 5 de septiembre ante el tribunal que lleva el caso que vio cómo los represores de la Gendarmería golpeaban y se llevaban a Maldonado secuestrado en una camioneta. La comunidad ya venía denunciando

En las últimas semanas y, en especial, el viernes 1° de septiembre, nos hemos encontrado en la calle a miles de compañeros kirchneristas marchando por la aparición de Santiago Maldonado. Debemos seguir juntos para cerrarle el paso a la represión del gobierno macrista. Al mismo tiempo, es necesario abrir un debate sobre cuál fue la verdadera política de Cristina y los líderes kirchneristas respecto de la represión y los
derechos humanos.

Gran revuelo causó ver en los medios la imagen de Cristina en una misa sosteniendo una fotografía de Santiago Maldonado. Muchos de nuestros compañeros, amigos y familiares calificaron la actitud de la ex presidenta de diversos modos pero sin ocultar una sensación de bronca e indignación. Porque con el caso Maldonado se nos vienen a la cabeza Julio López, Miguel Bru, Luciano Arruga y tantos otros “desaparecidos”.

Escribe Liliana Olivero Candidata a diputada nacional Izquierda Socialista • Frente de Izquierda • Córdoba

El pasado jueves 31 de agosto la policía realizó una serie de allanamientos en los locales de diversas organizaciones políticas, sociales y culturales bajo la orden del fiscal Gustavo Dalma, llevándose detenidos a miembros de estas agrupaciones y secuestrando objetos (folletos, banderas, entre otros).