En las últimas semanas y, en especial, el viernes 1° de septiembre, nos hemos encontrado en la calle a miles de compañeros kirchneristas marchando por la aparición de Santiago Maldonado. Debemos seguir juntos para cerrarle el paso a la represión del gobierno macrista. Al mismo tiempo, es necesario abrir un debate sobre cuál fue la verdadera política de Cristina y los líderes kirchneristas respecto de la represión y los
derechos humanos.

En el acto de lanzamiento de su campaña electoral en La Plata el 30 de agosto, luego de reclamar por la aparición de Santiago Maldonado, Cristina Kirchner dijo: “La Gendarmería que está hoy es la misma que estaba hasta el 2015. ¿Qué cambió? ¡Cambió el gobierno que le daba órdenes! ¡Y los militares reciben órdenes! ¡Porque las fuerzas reciben órdenes!”.
¿Qué órdenes recibía la Gendarmería con Néstor y Cristina? El 21 de junio de 2012 la agencia de noticias OPI de Santa Cruz publicó un artículo titulado “Gendarmería: el recurso que mejor utiliza el gobierno”. Y allí decía: “En Santa Cruz fue usado fuertemente este recurso en el año 2007, cuando en la provincia arreciaban los conflictos que amenazaban desbordar las posibilidades operativas de la policía provincial”.
OPI recuerda que en un conflicto petrolero en 2006 “Zona norte de Santa Cruz fue virtualmente ‘militarizada’ y un tiempo después (2007) cuando estalló el reclamo docente en la provincia, fue Río Gallegos una ciudad militarizada”.
Por otra parte, sería muy difícil olvidar la durísima represión de la Gendarmería, con decenas de heridos de bala de goma, contra los trabajadores de la autopartista Lear en la zona norte del Gran Buenos Aires en octubre de 2014, ordenada por Cristina y comandada por el secretario de Seguridad Sergio Berni.
Todo esto sucedía en el marco de una escalada represiva contra las luchas obreras que incluía la utilización de efectivos de Gendarmería para realizar espionaje entre los grupos sociales y piquetes de protestas con el marco del nefasto Proyecto X.
Otras fuerzas de seguridad (como la Policía Federal y la de la provincia de Buenos Aires) también actuaron reprimiendo durante el gobierno kirchnerista. Como ejemplo recordemos el conflicto de Kraft-Terrabusi en 2009, o, más cerca en el tiempo, el ataque a los trabajadores de la línea 60, con Sergio Berni bajando vestido de “Rambo” de un helicóptero en plena Panamericana.
Por otra parte, bajo el gobierno kirchnerista se dio la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la causa contra el genocida Etchecolatz. Ni Néstor, ni Cristina impulsaron la investigación. En los hechos encubrieron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y funcionarios de su gobierno y la misma Hebe de Bonafini sembraron dudas y desconfianza en Julio López. Es decir, el kirchnerismo en el gobierno actuó ante la desaparición de Julio López del mismo modo que hoy actúan Macri y Bullrich, encubriendo a los secuestradores de Gendarmería que se llevaron a Santiago Maldonado. Tanto con Macri como con el kirchnerismo, la Gendarmería y todas las fuerzas represivas fueron utilizadas al servicio de los patrones y de controlar y frenar los reclamos de los trabajadores y el pueblo. No es cierto que “con el kirchnerismo fue distinto”: a los casos mencionados les podemos sumar la desaparición de Luciano Arruga por parte de la policía bonaerense, los asesinatos de Qoms en el Norte del país, la “zona liberada” que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y un largo etcétera.
Estos hechos, sobre los que invitamos a reflexionar seriamente a los compañeros kirchneristas, no deben ser obstáculo para que nos sigamos movilizando unitariamente todos los que reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado, denunciamos la responsabilidad del gobierno de Macri y exigimos el castigo a los culpables. Sabiendo que este caso ha plasmado una cuestión de fondo, tal como está planteado en el programa del Frente de Izquierda: el desmantelamiento de todo el aparato represivo, la liquidación del Proyecto X de espionaje a los luchadores obreros y populares, que sigue en plena vigencia, y la derogación de toda la legislación que judicializa y reprime los reclamos de los trabajadores y la protesta social.

Escribe Gabriel Massa