Durante la campaña al desierto un oficial declaró: “Los indígenas han demostrado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ello sin dificultad cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Es un haz bien ligado y poco manejable. Rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes, solo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados sobre los cuales se podrá concretar la acción”.

Como señaló Fernando Jones Huala, el objetivo de la lucha de las diversas organizaciones mapuches es la tierra, posesión comunitaria imprescindible para desarrollar una vida en armonía con la naturaleza y de acuerdo con sus tradiciones ancestrales, en la que puedan regirse por sus valores, leyes y cultura.
La Constitución argentina reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Pero no solo afirma que existen desde antes que se crearan los Estados actuales sino que los reconoce en su calidad de pueblos, lo que implica que “poseen instituciones sociales, económicas y políticas propias, autónomas de cualquier formación sociopolítica posterior. Lo importante no es que existan desde antaño, sino la manera, el cómo existen: como pueblos”.1 En la realidad entonces, el Estado y los sucesivos gobiernos desconocen que los pueblos originarios tuvieron su propia organización social y política hasta que fueron avasallados y sus tierras usurpadas, en la campaña que culminó en 1883. No es aquí lugar para polemizar si hasta entonces constituyeron o no “Estados”; lo que es indiscutible es que esas “tribus” gozaban de una autonomía casi absoluta en sus decisiones… hasta la de resistir las invasiones del “huinca” que fueron motivo de reiterados “parlamentos” de caciques, capitanejos y “chusma” cuando el ejército “argentino” avanzaba sobre los territorios “extranjeros” de la Patagonia. El etnocidio comenzó con los conquistadores españoles, continuó con las campañas de Juan Manuel de Rosas y culminó con la “ofensiva final” ordenada por el presidente Nicolás Avellaneda y ejecutada por el Estado nacional argentino y el ejército de Roca. La operación desplegada bien cabe denominarse como un plan cívico-militar sistemático, el del exterminio y disgregación del indio.

Escribe Tito Mainer

1. Carrasco, M., “La pelea de los indígenas por la tierra es una demanda de identidad”, Clarín, 2011.