Este martes 26 se realizó en el Congreso una audiencia pública con representantes de todos los pueblos originarios del país. Exigen la prórroga de la ley 26.160 de 2006 de emergencia de la propiedad comunitaria, que vence el 23 de noviembre y el Senado tratará este miércoles 27. La ley dispone el relevamiento de las propiedades indígenas y prohíbe los desalojos, constituyendo la única herramienta legal con que cuentan las comunidades originarias para evitar más represión y atropellos de terratenientes, forestales, hidroeléctricas, mineras y petroleras.

Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda estuvieron presentes apoyando la prórroga de la ley, denunciando que en sus once años de vigencia solo se hizo el relevamiento del 30% de las 1.500 comunidades dejando al resto indefensas. La prórroga es una medida provisoria que no resuelve la propiedad de la tierra. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano denunció que tanto los gobiernos kirchneristas como ahora Macri no cumplieron con la ley, no le dan presupuesto para la tarea, siendo cómplices de los Benetton, Lewis y multinacionales usurpadoras que se quedaron con casi 40 millones de hectáreas de tierras ancestrales gratuitamente desde la Conquista del Desierto para acá, las cuales les corresponden a los pueblos originarios. También denunció a los senadores oficialistas y opositores que votaron a favor del ingreso de tropas yanquis a la Patagonia, con el objetivo de seguir protegiendo a los latifundios. Giordano apoyó la movilización de este miércoles frente al Congreso por la prórroga de la ley, reclamó la expropiación de los terratenientes, la unidad de trabajadores y pueblos originarios contra el capitalismo, la libertad de Jones Huala, Agustín Santillán y demás presos políticos, y la aparición con vida de Santiago Maldonado.