Ya se lanzaron todos los candidatos. Los spots televisivos empezarán rápidamente a saturarnos. Cambiemos continúa con sus timbreadas. Cristina busca “levantar” con actos un poco más peronizados que los de las PASO o apelando al voto joven. Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Los salarios siguen corriendo de atrás a la inflación, aunque el gobierno invente que ya se vino la reactivación económica. Y Santiago Maldonado sigue sin aparecer, con la Gendarmería cada vez más involucrada y el gobierno tratando desesperadamente de sacar el tema del centro de la escena para que todo gire alrededor de sonrisas y palabras de ocasión de sus candidatos.

En el proyecto de presupuesto 2018 se plantea la reducción del capital social del Banco de la Nación Argentina en 20.000 millones de pesos. Para tener dimensión de la magnitud de este achicamiento: según Sergio Arelovich, coordinador del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria, el patrimonio total del banco es de poco más de 88.000 millones de pesos, por lo que implica una disminución de casi un cuarto del total del patrimonio (Cronista, 25 de septiembre).

Escribe Mariana Morena

Cuando están por cumplirse dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el juez Otranto fue separado de la causa a pedido de la familia de Santiago y de organismos de derechos humanos como el CELS. Lógicamente, no podía esperarse ninguna investigación seria, profunda e imparcial de parte de Otranto, el mismo juez que había ordenado el operativo de represión a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, Chubut, durante el que desapareció Maldonado.

Este martes 26 se realizó en el Congreso una audiencia pública con representantes de todos los pueblos originarios del país. Exigen la prórroga de la ley 26.160 de 2006 de emergencia de la propiedad comunitaria, que vence el 23 de noviembre y el Senado tratará este miércoles 27. La ley dispone el relevamiento de las propiedades indígenas y prohíbe los desalojos, constituyendo la única herramienta legal con que cuentan las comunidades originarias para evitar más represión y atropellos de terratenientes, forestales, hidroeléctricas, mineras y petroleras.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional Izquierda Socialista • Frente de Izquierda

El gobierno reconoció que después de las elecciones se viene una reforma laboral. Se trata de más flexibilización al servicio de aumentar las ganancias de los empresarios. Macri y Triaca ya vienen implementando cambios a la baja en los convenios colectivos. Lo hizo con los petroleros de Vaca Muerta y otros gremios, sacando conquistas laborales, con el aval de la podrida burocracia sindical. Esta reforma ya se votó en Brasil y también se está aplicando en otros países.