Miles de manifestantes enfrentaron los allanamientos de la Guardia Civil el 20 de septiembre. Dos días después, los estudiantes ocuparon masivamente la Universitat de Barcelona contra la represión de Rajoy. Ante cada ataque, y a medida que se acerca el referendo del 1º de octubre, se fortalece la lucha independentista y crece la opción de la huelga general.

Escribe Simón Rodríguez

El régimen monárquico al intentar impedir la consulta ha propiciado una escalada de choques con los sectores obreros y populares catalanes. Son días de verdadera efervescencia revolucionaria en Catalunya, mientras Rajoy ve agonizar los sucios pactos que sellaron la impunidad y la opresión de las nacionalidades como pilares del régimen que sucedió a la dictadura franquista. Estamos a pocos días de un referendo y los trabajadores y los sectores populares catalanes están imponiendo en las calles el derecho a decidir su destino.
Ejemplo de estos enfrentamientos ha sido el operativo del miércoles 20, cuando la Guardia Civil detuvo a catorce personas, incluyendo a miembros del gobierno catalán, y realizó más de cuarenta allanamientos. Unas cincuenta mil personas salieron a las calles y la Consejería de Economía del gobierno autonómico, que era allanada, fue sitiada hasta la mañana del jueves 21. Los guardias tuvieron que salir disfrazados de civiles y escoltados por la policía catalana, los Mossos d´Esquadra, que atacaron a los manifestantes generando varios heridos. La humillación para los represores enviados por Madrid fue total. Tres de sus vehículos fueron destrozados y las imágenes de los efectivos huyendo de la multitud como ratas tuvieron un profundo impacto.
Rajoy creó un organismo de coordinación policial específico contra el independentismo, con instrucciones de continuar los allanamientos para secuestrar todos los materiales del referendo, ha apelado a la censura para intentar controlar la situación, así como a la persecución judicial de los independentistas. El Tribunal de Cuentas incluso abrió una investigación por malversación de fondos a nueve impulsores del anterior referendo, realizado en noviembre de 2014. Los fiscales al servicio de Rajoy también han llamado a funcionarios de 31 ayuntamientos a declarar sobre su apoyo al referendo del 1º de octubre, y dejan abierta la posible detención de Puigdemont, el jefe del gobierno autonómico. Los reformistas de Izquierda Unida se unen al régimen contra el referendo, mientras que Podemos considera que los allanamientos han sido “un error” y piden un referendo pactado con el régimen monárquico, emplazando al PSOE a romper con Rajoy. Una orientación desastrosa que demuestra las limitaciones de los conciliadores comandados por Pablo Iglesias.
Las CUP (Candidaturas de Unidad Popular), Lucha Internacionalista (LI, UIT-CI) y otras organizaciones proponen convocar a una huelga general el 3 de octubre para imponer la independencia. Ya los estibadores se niegan a atender a los barcos de la policía. En la medición de fuerzas con el régimen español, la última palabra la tendrá la movilización del pueblo trabajador. El próximo 6 de octubre se cumplen 83 años de la declaración del Estado catalán, intento independentista que fue aplastado militarmente; no habrá mejor manera de conmemorarlo que con la lucha contra los corruptos y asesinos que actualmente intentan cercenar el derecho a la autodeterminación nacional.