El 19 de septiembre un terremoto de 7,1 grados estremeció la Ciudad de México y varias regiones circundantes. La corrupción y la negligencia de los gobiernos nuevamente cobró un saldo mortífero: más de 320 muertos y miles de heridos al derrumbarse centenares de edificaciones. La tragedia suscitó la solidaridad latinoamericana y de todo el pueblo mexicano, que se movilizó para socorrer a las víctimas.

Como denunció el Movimiento al Socialismo (MAS, UIT-CI), “quienes padecen esta tragedia son los más pobres, el pueblo trabajador, como las obreras textiles a las que el edificio donde trabajaban se les cayó encima […] Tanto en Oaxaca y Chiapas, la gente más pobre es la que ha salido más perjudicada […] Ante estos siniestros se evidencia la corrupción, la mezquindad y la ineptitud del gobierno, que en realidad poco le interesa garantizar la seguridad del pueblo […]. No es casual que se anuncie que 202 escuelas han sido dañadas, esto es consecuencia de la reforma educativa y del recorte presupuestal, pues ahora se impone que el mantenimiento de las escuelas es responsabilidad de los padres y madres de familia, así como docentes y directivos de escuelas, quienes además deben hacer el trabajo de protección civil sin un verdadero conocimiento de ello. O que cuarenta edificios hayan colapsado, debido al mal uso del gasto público, el poco mantenimiento […] Porque prefieren robarse el dinero antes que proteger la seguridad del pueblo trabajador. Porque impera en nuestro país la corrupción y la impunidad” (20 de septiembre). En la mayoría de los casos, las primeras tareas de auxilio a las víctimas las realizaron los voluntarios organizados al margen del aparato gubernamental. “El gobierno no quiere que se perciba que es rebasado por la población, pero lo cierto es que muy tarde llegaron la policía y el ejército. Y eso provocó la molestia de los voluntarios que apoyaban en los puntos colapsados desde ayer y durante la madrugada, pero que fueron desalojados sin ninguna explicación, retrasando las labores de rescate. El gobierno pretende dar un mensaje de que tiene el control. En realidad entorpece la ayuda popular, que privilegia el rescate de los sobrevivientes que aún están atrapados entre los escombros, cuando el gobierno pretende meter maquinaria pesada que daría por muertos a los atrapados”, denunció el MAS.
El desastre dejó expuestas una vez más las miserias de los explotadores. Alrededor de un centenar de trabajadoras textiles fallecieron por el derrumbe de una fábrica en un sector industrial de la capital. Aún no se ha esclarecido la cifra exacta ni se ha dado una explicación oficial sobre cuáles empresas funcionaban en las instalaciones colapsadas, en condiciones laborales de semiesclavitud. El presidente Peña Nieto, tristemente célebre por sus crímenes, llegó al extremo de reprimir a los voluntarios que intentaban rescatar a las sobrevivientes, para dar por finalizado el rescate y utilizar maquinaria pesada para retirar los escombros. Así ha sido la aberrante actuación del gobierno.