Escribe José Castillo

Se van conociendo las nuevas medidas económicas del gobierno poselecciones. Todas, sin excepción, apuntan a meter la mano en el bolsillo a los trabajadores y a favorecer a los empresarios.

Ya al día siguiente de las elecciones los combustibles estaban aumentando 10%. A eso le siguió el anuncio de la serie de tarifazos: luz y gas antes de fin de año, y transporte en 2018. Pero ahora se empieza a conocer lo más importante: el ajuste previsional, los cambios impositivos, los primeros pasos de la reforma laboral, y la muy seria amenaza de despido de empleados públicos y el achicamiento o cierre de reparticiones.

El ataque a los jubilados

Ya lo había “recomendado” el FMI cuando vino el año pasado a monitorear la economía. Se modificará la forma de calcular los reajustes automáticos de marzo y septiembre. Actualmente se lo hace por una fórmula que toma en cuenta la evolución de la recaudación previsional y los salarios. Ahora pasará a ser un ajuste trimestral según el índice de inflación. En concreto, las actuales jubilaciones de miseria (hoy el 80% cobra la mínima de 7.246 pesos) perderán cada vez más poder de compra. El gobierno ni siquiera disimula que su objetivo es que nuestros abuelos cobren menos: se jacta de que así podrán “ahorrarse” más de 100.000 millones de pesos al año. Esto es gravísimo si tenemos en cuenta que este reajuste también afectará la asignación universal por hijo (que también se achicará) y todo tipo de pensiones (invalidez, viudez, excombatientes de Malvinas, etcétera).

A esto se le agrega que, con la excusa de terminar con las jubilaciones de privilegio (que cobran fuerzas armadas y jueces, y obviamente no se van a tocar), se busca aumentar la edad jubilatoria, empezando por aquellos trabajadores que tienen regímenes especiales, como los docentes y trabajadores con tareas insalubres. Así, por ejemplo, un maestro “quemado” después de trabajar 30 años ya no podrá jubilarse a los 55 años, sino que tendrá que esperar diez más.

Más impuestos para los pobres, menos para los ricos

Con la excusa de “reducir la carga fiscal” se les bajan los impuestos a los empresarios. Así, las empresas sólo pagarán 25% de impuesto a las ganancias (en lugar del 35% actual) si “reinvierten” sus utilidades (algo que cualquier contador sabe que se puede dibujar fácilmente). Los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias (que, obviamente, no pueden “reinvertir nada”) seguirán igualmente alcanzados por el infame “impuesto al salario”.
Los empresarios también podrán descontar del pago de ganancias el impuesto al cheque. Por el contrario, un trabajador que cobre un cheque, por ejemplo de una indemnización por despido, tendrá que pagarlo plenamente.

Los monopolios exportadores de soja reciben su premio especial al reducirse otro 0,5% las retenciones al sector.

Los impuestos al consumo, en cambio, que afectan directamente el bolsillo del trabajador, subirán astronómicamente: se incrementarán los impuestos a las bebidas gaseosas y a las alcohólicas y se pondrán impuestos al consumo de ciertos servicios (como Netflix). Si a eso le sumamos los aumentos en tasas de impuesto inmobiliario urbano (ABL en Ciudad de Buenos Aires e impuesto inmobiliario en la provincia) tenemos un auténtico mazazo al ingreso de los trabajadores.

Los primeros pasos de la reforma laboral

Obviamente los planes de flexibilización laboral del gobierno y las patronales, que cuentan con la complicidad de la burocracia sindical, apuntan a liquidar el conjunto de las conquistas de los convenios colectivos. Hace casi un año que empezaron, con la política “sector por sector”: así lo hicieron con los petroleros de Vaca Muerta con la UOM, Uocra y Luz y Fuerza para los trabajadores de energías renovables; con los lecheros de Atilra; en parte de los obreros rurales y están en carpeta varios acuerdos más (como el caso del Smata).

Pero además de todo esto el gobierno busca avanzar en una ley ómnibus que incluye el llamado “blanqueo laboral”, por el que se le perdonan a las patronales que tenían trabajadores en negro todos los aportes no hechos (y a los trabajadores en consecuencia no se les reconoce nada de esos aportes para su jubilación futura); se eliminan los aportes patronales para sueldos de hasta 10.000 pesos con lo que se desfinancia más todavía a la Anses; se reducen las indemnizaciones por despido (ya no se tendrán en cuenta el aguinaldo ni las horas extras ni ningún pago “extraordinario” para el cálculo), y se habilitan regímenes de pasantías o “trabajador independiente”. Todas estas medidas que apuntan a “abaratar” el costo laboral son en perjuicio del trabajador.

¿Se vienen una nueva ola de despidos de trabajadores estatales y el achicamiento o cierre de organismos?

No pasó desapercibido el ataque de Macri contra los trabajadores de la Biblioteca del Congreso de la Nación (“hay una planta de 1.700”) ni contra las universidades. El planteo de reducir el déficit fiscal mientras se le bajan impuestos a los empresarios lleva a que la única forma de hacerlo sea achicando el gasto, léase atacando los presupuestos de educación, salud, promoción social o cerrando reparticiones. Es evidente que el gobierno está “preparando el terreno” para avanzar en esa dirección.

Todo al servicio de aumentar las ganancias empresarias y pagar más deuda externa

El objetivo del gobierno de Macri es obvio: que sus amigos empresarios aumenten sus negocios y obtengan más utilidades. Pero todo el “ahorro” que busca obtener desde los gastos del Estado tiene un destino muy concreto: pagar la cada vez más abultada cuenta de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda repudiamos todo este paquete de medidas antiobreras y afirmamos que saldremos a enfrentarlo con la movilización de los trabajadores.