Escribe Malena Zetnik 

Cada año, aproximadamente 500.000 mujeres deciden interrumpir sus embarazos en la Argentina. Algunas lo hacen en hospitales y centros de salud públicos apelando al marco legal de causales de abortos no punibles, en los casos de violación o peligro de la vida o salud integral de la mujer (Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y artículo 86 del Código Penal).

No obstante, la gran mayoría lo realiza en la clandestinidad (clínicas clandestinas, prácticas caseras, acompañamientos de organizaciones de mujeres, etcétera). Dependiendo de sus recursos económicos, las mujeres acceden a diferentes prácticas, en muchas de las cuales arriesgan claramente sus vidas y se enfrentan a la condena familiar, social y al peligro de la criminalización. En este marco, podríamos preguntarnos ¿por qué miles y miles de mujeres interrumpen igualmente sus embarazos?

Las mujeres deciden interrumpir un embarazo cuando lo consideran no deseado, no buscado, no planificado, inesperado, involuntario, inoportuno o insostenible. Lo llamen como lo llamen, la cuestión es que en todos los casos se trata de situaciones en que la mujer, a veces muy joven, a veces ya adulta y quizá con varios hijos, no quiere dar a luz un hijo. Y con esa decisión se enfrentan, en la mayoría de los casos, a la clandestinidad.

También enfrentan el mandato social fuertemente impuesto por la religión: el de que toda mujer debe ser madre, que reduce el ejercicio de la sexualidad femenina a la procreación. La decisión de interrumpir un embarazo, aun en condiciones de clandestinidad, es una acción vital para las mujeres, que muchas veces ponen un freno a otras situaciones en la que dicho embarazo tuvo lugar: la violencia de género, una violación, la falta de recursos económicos, la falla del método anticonceptivo utilizado o, simplemente, el no deseo de ser madres como fruto de ese embarazo en particular.

Para que pueda existir un hijo, tal como señala Martha Rosemberg, médica psicoanalista y referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, “el embrión […] debe ser humanizado por el deseo de la mujer, que entonces sí, se vincula como madre con ese ser al que nombra hijo o hija, parte del cuerpo propio y al mismo tiempo ajeno. La madre es aquella cuyo deseo hace del embrión o feto una persona”. Y ese vínculo no puede ser humanizado ni por la Iglesia ni por nadie que no sea la propia mujer.

Ante los que argumentan que el aborto constituye un hecho traumático en sí para todas las mujeres, con huellas imborrables, debemos señalar que lo que traumatiza a las mujeres es la maternidad forzada, la condena social por decidir no ser madres, la culpa impuesta ante la decisión y el sometimiento a prácticas ilegales para lograr la interrupción.

La reivindicación de la maternidad elegida y responsable implica también la posibilidad de poder no elegirla. Por ello, la despenalización y la legalización del aborto constituyen derechos fundamentales para garantizar la vida y la salud integral de las mujeres.

Esta lucha levantada desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que acompañamos con la fuerza de la movilización, es también por el cumplimiento de la educación sexual con perspectiva de género en todos los niveles educativos, para que las mujeres puedan decidir, y el acceso gratuito a anticonceptivos para evitar los embarazos no elegidos.

¡Vivas y libres nos queremos! El gobierno que persigue a las mujeres que deciden abortar, que no implementa adecuadamente la educación sexual y que desfinancia los programas para la entrega gratuita de anticonceptivos mientras financia a la Iglesia Católica, es el principal responsable de la situación de las mujeres. Sigamos en las calles hasta que conquistemos nuestros derechos.