Se acaba de protagonizar una enorme rebelión en La Matanza. Cientos de choferes repudiaron el brutal asesinato de Leandro Alcaraz (ver páginas 4 y 5). En medio del dolor expresaron su indignación con paros y marchas masivas, lucha que fue acompañada por miles de vecinos reclamando seguridad.

Este crimen se da en un distrito hundido en la pobreza y la desigualdad social culpa de Cambiemos, con la gobernadora Vidal a la cabeza, como del peronismo. La actual intendenta es Verónica Magario, del Frente para la Victoria. El PJ vino gobernando allí desde 1983, es decir, durante 35 años, con los deplorables resultados a la vista.

El diputado electo por Izquierda Socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano, emitió un comunicado contra el tarifazo: “Macri, Aranguren y las empresas privatizadas volvieron a aumentar sideralmente la luz, el gas, el agua, el transporte y las naftas. Habrá nuevas subas desde mayo a agosto y así seguirá el robo al bolsillo popular. Esto hace subir todos los meses la inflación. Hasta el FMI dice que será del 20% anual. Con los tarifazos crece la pobreza y las ganancias de los grandes empresarios que lucran con los servicios públicos esenciales. Hay que pararle la mano a estos negreros reclamando que se anulen todos los tarifazos […].

La jueza Servini de Cubría intervino el PJ. Lo hizo ante un pedido de burócratas sindicales de ese partido. Distintas figuras del peronismo hablan de “proscripción de la oposición” para encubrir que, en vez de enfrentar a Macri, aplican el ajuste donde gobiernan. El PJ no va más. La salida viene por izquierda.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT

Este nuevo escándalo demuestra la profunda crisis del Partido Justicialista. Fue destituido el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, efusivo defensor de la Barrick, igual que el actual, Sergio Uñac. Gioja compartía la autoridad junto con Scioli (¿alguien lo escuchó decir algo por estas horas?) y la gobernadora ajustadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, entre otros.

Los dirigentes del PJ y del kirchnerismo son corruptos. No hay dudas. Tienen que ir presos y devolver lo que robaron. Pero tienen que ir ¡todos presos! También los del actual gobierno.

Macri no tiene nada que ver con la transparencia. El y todos sus CEOs poseen sus fortunas en el exterior para evadir impuestos, como mínimo. Muchos de ellos son testaferros de multinacionales mafiosas. La ley de blanqueo de capitales fue para otorgarles impunidad. Uno de los beneficiados es Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, quien poco antes de asumir blanqueó más de 20 millones de pesos. Le hubiese cabido una pena de tres a nueve años por el delito penal tributario de evasión, pero hicieron todo meticulosamente y a sabiendas para salvarse entre ellos.

Eduardo Fellner, el ex gobernador del PJ de Jujuy durante trece años, ex presidente de la Cámara de Diputados y actual asesor del Bloque Justicialista en el Congreso, fue detenido y liberado 36 horas después.

Lo acusan de desvío de fondos por $1.200 millones. Debía construir 8.572 viviendas de las cuales 1.836 nunca se hicieron y 524 están inconclusas. El juez lo detuvo por el peligro de que se fugara al exterior y, en caso de ser condenado, podría sufrir la pena de 105 años de prisión. Hasta el abogado de Fellner reconoció que su cliente no niega que falten fondos y viviendas, pero que él no fue. A las pocas horas lo liberaron. Impunidad total.