Escribe Martín Fú

Un informe realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) devela que la mayor parte de los genocidas juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad purgan sus penas en prisión domiciliaria. De 1.038 condenados, en los últimos meses los beneficiados con prisión domiciliaria son 602, un 57% de los condenados. Además hay más de 550 causas abiertas con más de 1.000 imputados que están en libertad. Es política del gobierno, que a través de distintos funcionarios vienen cuestionando la cantidad de víctimas y desaparecidos de la última dictadura militar (1976-1983), alentando a la “reconciliación nacional” y pidiendo aligerar las penas y condiciones de detención para los genocidas.

Se hace cada vez más evidente la lentitud con la que se llevan adelante los juicios de lesa humanidad. La mayoría de las causas, un 46%, se encuentran en estado de instrucción, mientras que apenas un 17% fueron elevadas a juicio oral, etapa que sólo puede llevarse adelante una vez conformados los Tribunales Orales Federales (T.O.F), que desde épocas del kirchnerismo vienen nombrando a los jueces a cuentagotas. Repudiamos cualquier intento de extender la prisión domiciliaria a más genocidas, exigiendo que purguen sus condenas de manera efectiva en cárceles comunes.