Escribe José Castillo

Muy lejos quedó la promesa de “la pobreza cero”. Los salarios siguen perdiendo frente a la inflación. Una familia tipo necesita 18.000 pesos para comer saludablemente. Una cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores y sectores populares.

El ajuste de Macri pega en todo el espectro de la clase trabajadora. Muchos han sido despedidos. Otros tantos cobran menos a causa de suspensiones. Los que tienen salarios en blanco ven cómo se los come la inflación. Peor aún están los tercerizados, precarizados o con sueldos en negro. Los jubilados reciben una miseria y los incrementos, después del robo de la reforma de diciembre, no cubren ni de lejos la suba de los precios.

Un dato nos permite ilustrar la situación: el aumento salarial promedio desde que asumió Macri fue del 69%, mientras que las tarifas crecieron un 1.400%. Cada vez son más los que destinan un 10% de sus ingresos solamente a pagar boletas (luz, gas, o transporte público). Se multiplican las anécdotas de jubilados a los que vinieron a cortarles el gas o la electricidad. Y todo esto será mucho peor, ya que recién estamos viendo los primeros efectos de la devaluación que arrancó a fines de abril. La inflación de junio, que se conocerá en estos días, orillará entre el 3,5 y el 4%, el valor más alto desde que comenzó este gobierno.

Esta semana apareció el dato de que comer saludablemente (con la correcta proporción de frutas, verduras y carne) le cuesta a una familia tipo 18.000 pesos, mucho, muchísimo más que el valor de la canasta alimentaria fijada por el Indec. ¿Cuál termina siendo la salida? Familias enteras alimentadas a base de arroz y fideos (hoy incluso el pan se tornó un artículo prohibitivo). Vemos el pasaje desesperado de las primeras a las segundas marcas y de estas a las terceras. Cada vez es más común encontrar trabajadores financiando con su tarjeta de crédito las compras de alimentos (pagando el mínimo y cargándose de intereses astronómicos).

Carlos Melconián, un economista amigo del gobierno, graficó el ajuste diciendo que se viene una temporada a “pechuguita y puré de calabaza”. Seguramente este ex funcionario del gobierno hace mucho que no ve un pobre (si alguna vez vio alguno): en los barrios populares las madres saltarían de alegría si pudieran darle a sus hijos todos los días esa famosa “pechuguita”. En las escuelas públicas cada vez se ven más chicos que llegan sin comer y dependen de las magras raciones de los comedores.

Esto es lo que nos ofrece el ajuste de Macri y el FMI, que recién comienza. Hay que pararlo si no queremos que esto termine en una hambruna generalizada. Por eso hoy es más urgente que nunca reclamar el paro de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Mientras le oponemos a los que nos dicen que “no hay otra alternativa”, una salida distinta, obrera y popular, que arranca del no pago de la deuda externa y de priorizar así las necesidades populares.

La postal de la crisis, la pobreza en la niñez

El 48% de los niños en nuestro país son pobres. Todos los testimonios refieren que está creciendo aceleradamente la asistencia a comedores populares. Toda una postal de la crisis.

Esta realidad es el espejo de los despidos y de los salarios que no alcanzan, en particular en los sectores más postergados, donde la inmensa mayoría está en negro, con innumerables “changas” que se cortan porque nadie puede darse el lujo de tomar un remis, llamar a un plomero o a un herrero para arreglar algo en su casa.

Pero también es el reflejo de la caída vertical del poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH): en junio de 2017 permitía adquirir apenas el 64% de la canasta básica alimentaria y el 26% de la canasta básica total. Se calcula que, desde su implementación en 2009, los valores de la AUH se han reducido en un 10%.

Los sectores más pobres de la sociedad, donde está la masa de la desocupación estructural y las carencias más extremas, se ven así sometidos a las consecuencias de la inflación y el ajuste. Exigimos un inmediato aumento de la AUH, mientras seguimos reclamando trabajo genuino para todos, y acceso a la educación, salud y vivienda como un derecho humano básico y fundamental.