Desde que asumió el actual gobierno de Macri, más de 170.000 pensiones fueron dadas de baja compulsivamente. Usando distintos argumentos, entre ellos un supuesto “abuso” en sus otorgamientos, el gobierno busca hacer bien los deberes que le pide el FMI y nuevamente mete la mano en los sectores más vulnerables. Luego de endurecer el régimen y las exigencias para tramitar no sólo una pensión, sino un certificado de discapacidad, una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial obliga a los beneficiarios a revalidar sus pensiones en la Anses, haciendo frente a una extensa lista de requisitos y trabas burocráticas.

Rechazamos cualquier intento de seguir ajustando a los trabajadores y sectores populares, en este caso quitando las pensiones a personas en situación de vulnerabilidad, con necesidades especiales, impostergables y de urgente atención.

Martín Fú