Escribe Malena Zetnik

El caso de la niña jujeña de 12 años violada y obligada a realizarse una cesárea demuestra el rol aberrante del gobierno patriarcal y la Iglesia a quienes no les importa ninguna vida. Frente a esta violencia se vuelve más necesaria que nunca la pelea por la legalización del aborto.

El pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea a la niña de 12 años que fue violada por un hombre de 60 años en San Pedro, Jujuy. Esta medida fue festejada por el gobierno de Morales y sus funcionarios, especialmente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, como un logro en el que supuestamente se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al mismo tiempo en que se “salvaron las dos vidas”. Sin embargo, este hecho solo puede calificarse como el eslabón final de una cadena de aberrante vulneración de derechos a esta niña impulsada por la Iglesia y los funcionarios del gobierno de Jujuy a quienes poco les importan los derechos de las mujeres y, mucho menos, de esta pequeña.

En primer lugar, la niña fue violada por un vecino que la amenazó de muerte. Al contarle a su madre y ser llevada al centro de salud, no se cumplió el protocolo requerido en los casos de violación para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Semanas después, cuando la joven se presentó en el hospital Materno Infantil por un fuerte dolor, los mismos profesionales de la salud objetores de conciencia dilataron los tiempos para informar la situación y, sobre todo, se negaron a garantizar la ILE en los plazos perentorios. Es más, torturaron a la niña haciéndola esperar con el argumento de que debía “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional.

Con el accionar de los grupos antiderechos que violaron también el derecho a la intimidad de la niña acosándola y haciendo público el caso, los tiempos se aplazaron más y en el hospital argumentaron que se garantizaría el derecho de la niña al ILE mediante una cesárea. No obstante, cabe mencionar que la cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud, y no es lo que la niña y su madre habían solicitado. Este mecanismo dilatorio y tortuoso al que se la expuso no es nuevo. Se repite en todo el país, tal como pasó en Chaco en noviembre pasado, en donde otra niña de 13 años desnutrida, falleció luego de haber sido forzada a parir. Por eso, además del nefasto rol de la Iglesia Católica, denunciamos como responsables de esta violación de derechos al propio gobernador Gerardo Morales y al ministro de salud por negar el derecho de la niña y poner en riesgo su Salud.

Hoy más que nunca señalamos la importancia de la legalización del aborto para que dejen de ser las mujeres y niñas pobres las que sean obligadas a parir o a morir por abortos clandestinos. Por eso seguimos en las calles, en ese sentido nos movilizamos a la casa de Jujuy en CABA junto con organizaciones feministas y de izquierda para repudiar al gobernador Morales y a su ministro de Salud. También reclamamos cárcel ya a todos los violadores. Basta de abuso sexual en las infancias. Inmediata educación sexual integral y separación efectiva de la Iglesia y el Estado. #NiñasNoMadres #InfanciasLibresDeViolenciaMachista.