Frente a los negociados de Macri y Larreta, que durante años beneficiaron al Grupo Roggio y ahora quieren seguir con la privatización, el FIT plantea, junto a un grupo importante de delegados y activistas del subte, que la única salida es la reestatización del servicio, gestionado por sus propios trabajadores y usuarios.

Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña Izquierda Socialista/FIT y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires

El 3 de julio los legisladores del FIT presentamos por segunda vez el proyecto de reestatización de los Subterráneos de Buenos Aires. La Legislatura de la Ciudad votó una ley en 2018 que prorrogó la concesión a Metrovías, la empresa de Benito Roggio, en tanto se convocó a una licitación internacional para continuar su privatización por doce años.

Myriam Bregman recordó que había denunciado las tarifas por excesivas, y Gabriel Solano que la empresa Metrovías está denunciada por coimas. Edgardo Reynoso, delegado del Ferrocarril Sarmiento, explicó la importancia de concebir esta iniciativa como parte de un plan de gobierno de los trabajadores que conciba el servicio de transporte para integrar el territorio nacional y defender su soberanía. Afirmó la necesidad de diseñar un transporte que articule subterráneos, colectivos y ferrocarriles en el área metropolitana que abarca la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Desde el bloque de Izquierda Socialista, explicamos que el proyecto, elaborado junto a nuestra candidata a legisladora Mercedes Mendieta, era parte del programa del FIT para reestatizar todos los servicios públicos, acabar con la estafa de las privatizaciones y los tarifazos. Resaltamos que no se trataba de una vuelta al pasado sino de una refundación de las empresas de servicios públicos pues proponíamos hacerla bajo gestión de los trabajadores y usuarios, con mayoría de los primeros, en una nueva empresa, a partir de la disolución de la actual SBASE que no había ejercido control sobre los privados. Destacamos, en particular, la incorporación de las asociaciones que defienden la accesibilidad de las personas con dificultades motoras ya que el servicio actualmente no garantiza su derecho por falta de ascensores y escaleras mecánicas.

Propusimos la creación de un fondo de financiamiento en base a impuestos a las grandes empresas radicadas en la Ciudad para la construcción de las líneas F, I y J, proyectadas desde hace décadas, y la extensión de las existentes. Buenos Aires fue vanguardia en Latinoamérica con el primer subte en 1913, pero ahora es una de las más rezagadas. Solo tenemos 62 kilómetros, en tanto que Santiago de Chile, México o San Pablo duplican o triplican esa cantidad. En los años 80 el subte, era superavitario y tenía un horario extendido hasta la 0.30 hora que Metrovías luego redujo.

Cabe recordar que subterráneos fue privatizada en 1994 y siguió así durante los doce años de gobierno de los Kirchner. Si bien en 2017 el bloque legislativo del Frente para la Victoria propuso su estatización, en paralelo con nuestro primer proyecto, el mismo perdió estado parlamentario y no lo ha vuelto a presentar.

El FIT ha sido el único bloque que ha sostenido siempre la necesidad de la reestatización del subte bajo gestión de trabajadores y usuarios. Para fortalecer esta perspectiva pedimos el voto para el Frente de Izquierda-Unidad en estas elecciones.

Los trabajadores denunciaron contaminación por asbesto

Estuvieron presentes trabajadores del subterráneo, entre ellos el delegado Dellecarbonara, de la línea B, que denunciaron la contaminación con asbesto que afecta tanto a trabajadores como a usuarios. El asbesto fue detectado en los coches comprados por el gobierno de Macri en Madrid. El asbesto, cuando se fibrila, se esparce en pequeñas fibras invisibles que penetran en los pulmones. Los coches en cuestión estaban prohibidos desde 2001 y sin embargo el Gobierno de la Ciudad los compró. Los trabajadores reclaman su retiro, que la empresa se haga cargo de los problemas de salud ocasionados y que se condene penalmente a los funcionarios que compraron material prohibido.

Una vez más se demuestra la importancia que tiene el control de los trabajadores para pensar los servicios como derechos y no como negocios.