Escribe Nicolás Núñez, Candidato a legislador porteño

El 1 de agosto se cumplen dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Su familia y los organismos de derechos humanos siguen peleando contra el cierre de una causa que, controlada por el gobierno, busca hasta el día de hoy garantizar la impunidad de la gendarmería.

Santiago tenía 28 años cuando se acercó a solidarizarse con la comunidad mapuche de Cushamen, en Esquel, Chubut. Ese día un operativo represivo ilegal por parte de la gendarmería irrumpió en el territorio de la comunidad y persiguió a balazos a quienes se encontraban protestando por la libertad de Facundo Jones Huala, líder mapuche apresado y luego deportado a Chile en base a testimonios forzados bajo tortura. El registro fílmico de la represión fue ocultado por la gendarmería. Quedaron sí algunos audios de las comunicaciones entre los gendarmes: “Hay que quemarles las casas, esa es la misión”, “Necesito apoyo, repito, estoy repartiendo fuego”, “Estamos haciendo fuego de escopetas y estamos avanzando”, “Fuego al negro”, “¡Bien escopetero!”, “¡Avancen, avancen!”.

Santiago desapareció ese día, y su cuerpo fue encontrado dos meses después, el 17 de octubre, en el mismo Río Chubut que supuestamente había sido registrado varias veces, y a metros de donde había ocurrido la represión.

El operativo del primero de agosto había sido comandado por Pablo Noceti, el abogado de genocidas y entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Bullrich, presente en la región para colaborar con la represión impulsada por los gobernadores patagónicos al pueblo mapuche. Mientras tanto, periodistas que operaron como cloacas del Bullrich y los servicios de inteligencia como Claudio Andrade de Clarín y Jorge Lanata, diseminaron versiones de todo tipo sobre el paradero de Santiago, y la inminente violencia del pueblo mapuche. Elisa Carrió llegó a decir en un debate televisivo que “había un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile”. Mientras tanto, los teléfonos de la familia de Santiago eran pinchados, invirtiendo la responsabilidad en la desaparición y posando la sospecha sobre quienes encabezaron el reclamo de justicia, y se animaron a decir frente a una Plaza de Mayo colmada: “¡Fuera Bullrich!”

Al día de hoy la justicia considera que nadie es responsable de la muerte de Santiago, los defensores del gobierno dicen que es su culpa por haberse sumergido en un río sin saber nadar. Pero los hechos de la represión son contundentes, y las dudas sobre el peritaje abundantes: billetes en los bolsillos de Santiago que habría resistido intactos dos meses bajo el agua; el ocultamiento de la sentencia forense de una “muerte violenta”, la no correspondencia de la temperatura del río Chubut con la requerida para la crioconservación, entre otras. Por eso seguimos reclamando que no se cierre la causa y se realice una investigación independiente.

A pesar del masivo repudio, el caso de Santiago devino en una mayor represión y luz verde al gatillo fácil. El asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 y la posterior implantación de la “Doctrina Chocobar” así lo ratificaron. Hoy el “Servicio Cívico Voluntario” a cargo de la fuerza asesina gendarme, avalado por Alberto Fernández, demuestra una búsqueda clara de apuntalar y legitimar los poderes represivos del Estado. La pelea por justicia para Santiago va de la mano del enfrentamiento a estas políticas de regimentación social y de la defensa del derecho a la protesta.

Santiago se transformó en bandera y ejemplo para nuevas generaciones que sacaron conclusiones de qué significaba ser solidario con causas justas y enfrentarse al gobierno y su aparato represivo. Hoy y para siempre su rostro estará presente en cada lucha popular, junto al de cada uno de nuestros mártires caídos por luchar.
¡Santiago Maldonado, Presente!