Escribe Malena Lenta, Candidata a legisladora porteña

En 2016, la joven salvadoreña de 21 años había sido condenada por un tribunal de justicia a la pena de 30 años de prisión por la acusación de homicidio por omisión agravado por el vínculo debido a que, tras ser violada por un pandillero, la joven dio a luz a un bebé muerto. Pero finalmente, en agosto de este año, producto de la solidaridad internacional del movimiento feminista con el caso, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y solicitó un nuevo juicio.

Cabe señalar que este caso que cobró visibilidad internacional hace unos años, no es para nada excepcional. El Salvador junto con Nicaragua son de los países que tienen leyes antiaborto de las más estrictas del mundo porque plantean que el aborto es ilegal en cualquiera de las circunstancias y las culpables enfrentan entre dos y ocho años de cárcel. Asimismo, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y, en mucho de los casos, se las acusa de homicidio agravado por el vínculo lo que eleva la pena a 30 años o más. Mientras tanto en los casos de violaciones, los responsables no son siquiera investigados.

Esta situación da cuenta de que la justicia misógina, clerical y patriarcal, empeñada en controlar los cuerpos y las vidas de las mujeres, pretende reinar en toda Latinoamérica. Pero la nueva oleada del movimiento feminista llegó, incluso a estos países para denunciar la injusticia y la impunidad de las iglesias y la justicia patriarcal que trabajan juntas contra las mujeres. Para que no haya ninguna mujer muerta ni presa a causa de un aborto, para que se combata la violencia sexual y de género, es necesario que sigamos organizándonos y dándole fuerza a la marea verde en todo el mundo.