Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández ha dicho que le dará prioridad al desarrollo del fracking en Vaca Muerta. Se trata de una política comenzada por Cristina Kirchner y continuada por Macri. Vía libre para que las transnacionales saqueen nuestros recursos no renovables, contaminen el ambiente y pasen por encima de los pueblos originarios de la región.

Alberto Fernández ya anunció que uno de sus primeras políticas apenas asuma será promover una nueva ley de hidrocarburos. No es una novedad. En la propia plataforma electoral del Frente de Todos figura darle prioridad a la explotación gasífera-petrolera en el área de Vaca Muerta. Hace unos pocos meses atrás, Guillermo Nielsen, uno de los principales asesores económicos del nuevo presidente, se despachó con toda una explicación detallada de lo que se plantea hacer: se le darán innumerables privilegios a los monopolios petroleros transnacionales que se instalen, con exenciones impositivas, la más absoluta flexibilización laboral y las posibilidades de sacar las superganancias que obtengan sin ningún tipo de restricción. Hasta se planteó la posibilidad de que todo el negocio tomara la forma de una mega-estructura off-shore. Esto quiere decir que toda el área quedaría “blindada”, a salvo de cualquier ley o regulación argentina, como si se tratara de otro país dentro de nuestro propio territorio.

Lo “inventó” Cristina, lo desarrolló Macri

La explotación por medios no convencionales del área Vaca Muerta comenzó bajo la gestión de Cristina Fernández. Durante su gobierno, y tras la estatización parcial de YPF, se firmó el acuerdo secreto con Chevrón, que habilitaba a esta multinacional a dar el puntapié inicial para el saqueo. El macrismo fue el continuador perfecto de esta política: durante su gobierno se instalaron la mayoría de las otras transnacionales que hoy operan en la zona. También se mantuvo, y amplió, la política de subsidios al sector. En esto no hubo “grieta” entre ambos gobiernos.

Kirchneristas y macristas pasaron por encima de los reclamos de los habitantes de la zona, y en particular de las comunidades mapuches involucradas. Ambos también, junto con el gobierno de la provincia de Neuquén y el burócrata sindical Guillermo Pereyra, no se detuvieron ante los reclamos de desastres ambientales y, mucho menos, frente a los derechos de los propios trabajadores. El convenio de Vaca Muerta, que ya se cobró la vida de ocho trabajadores, es reivindicado por los más recalcitrantes defensores de la flexibilización laboral como “el modelo” que se debe seguir nacionalmente.

Mientras tanto…todos pagamos la suba del gas y el petróleo

Argentina es un país que tiene las suficientes reservas de gas y petróleo para autoabastecerse. A diferencia de muchísimos otros países del mundo, si los extrae coherentemente no necesita importarlos. Por eso es totalmente irracional que se rija por el “precio internacional” de ambos recursos. Lo lógico es que, definido el costo real de extracción, por métodos convencionales, se fije a partir de ahí un valor. Si así se lo hiciera, tanto los combustibles derivados del petróleo como el gas tendrían precios sustancialmente inferiores a los actuales. ¿Por qué entonces, se los fija como equivalentes al valor internacional? La respuesta es sencilla: porque ese es el negocio de los monopolios transnacionales del sector (Chevrón, Shell, Total y otras) al que hay que sumarle a las empresas locales también presentes, como Tecpetrol del Grupo Techint. Por presiones de estas empresas, y para “incentivarlas” a invertir en Vaca Muerta fue que el gobierno liberó el precio de los combustibles a fines de 2017, generando una impresionante seguidilla de aumentos. Así como ahora, nuevamente ante la misma presión, volvió a descongelarlos en estos días. Podemos anticiparnos: con Alberto Fernández, la “prioridad Vaca Muerta” va a tener como correlato que todos pagaremos altísimos precios por el gas y los combustibles.

Por una YPF 100% estatal

Los doce años de gobiernos kirchneristas nunca fueron respetuosos del ambiente. Durante esos tiempos se desarrollaron los proyectos de megaminería a cielo abierto y se vetó la ley de glaciares. En la última etapa del gobierno de Cristina empezó a madurar el proyecto Vaca Muerta. Ahora, con Alberto Fernández, se lo tratará de llevar al máximo. Muchos se lo imaginan como “la varita mágica” que permitirá la famosa “lluvia de inversiones”, esa que nunca llegó durante el macrismo. Ya anticipamos como seguirá la película: pulpos transnacionales que liquidarán en pocos años nuestras reservas de gas y petróleo, dejarán (literalmente) tierra arrasada, trabajadores superexplotados y muchos de ellos accidentados y pueblos originarios violados en su dignidad. Mientras en el mundo avanzan las prohibiciones al fracking (ver recuadro) y los llamados a cuidar el ambiente, el nuevo gobierno avanza de contramano.

Argentina tiene una inmensa riqueza gasífera y petrolera. En explotación por medios convencionales y sin explotar. Dentro de ello está también el reservorio de Vaca Muerta, hoy sólo explotable por medios no convencionales, con una tecnología que no puede garantizar la no destrucción del ambiente. Hoy tenemos que prohibirla. Si mañana, se verifica la existencia de nuevas tecnologías no contaminantes para la extracción de esos recursos, su utilización o no será un tema de debate, a resolver democráticamente entre la propia empresa estatal y las comunidades que potencialmente puedan verse afectadas.

Lo primero y principal es tomar efectivo control de todas esas riquezas. Para eso es necesario rescindir todas las concesiones que hoy están diseminadas por todo el país, en manos de pulpos petroleros diversos. Hay que reconstruir una YPF 100% estatal, conducida por sus trabajadores y técnicos que tome en sus manos toda la cadena del sector: desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento y la comercialización.

Gran Bretaña prohíbe el fracking

El gobierno británico acaba de prohibir el fracking hidráulico, citando preocupaciones sobre los terremotos que podrían crear “impactos inaceptables”. El anuncio fue tomado como una victoria para los grupos ecologistas locales, quienes se oponen desde hace al menos diez años a esta práctica extractiva. La medida gubernamental es de efecto inmediato y además prohíbe a las empresas mineras la explotación de nuevos yacimientos con este método. El único sitio de fracking activo en Gran Bretaña es Preston New Road en Lancashire, que detuvo de inmediato su producción luego de que se provocaran múltiples temblores de tierra con tendencia a generar terremotos que violaron los límites estipulados por el gobierno.