Escribe Guido Poletti

Como parte de los “anticipos” al pacto social que se viene negociando entre bastidores por la burocracia de la CGT y algunas entidades empresarias como la UIA con el gobierno, en este último mes y medio las firmas más grandes de la Argentina ya sumaron más de 1.000 despidos. Prestemos atención: no estamos hablando de pymes que cierran o despiden “por la recesión”. Estamos hablando de multinacionales que ganan millonadas todos los meses.

Veamos: Arcor cerró una planta en Choele Choel y otra en San Luis, Kimberley Clark otra en Bernal, Loma Negra en Olavarría, 3M en Hurlingham, Massalin en Goya, Unilever en La Rioja, Alco Canale en Valle Viejo (Catamarca), Ledesma en San Luis. A eso sumémosle los despidos sin cerrar plantas, como los 80 de Despegar o los 190 de Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, el “amigo del alma” del presidente Macri.
Sumémosle a esto las cientos de suspensiones. Por sólo dar un ejemplo, todas las terminales automotrices, con la única excepción de Toyota, están implementando uno u otro plan de suspensiones.

A una tasa de desocupación que, en su última medición, ya superó largamente el 10%, habrá que sumarle esta nueva oleada. ¡Hay que pararla inmediatamente! Los trabajadores no pueden seguir siendo el pato de la boda en esta crisis. Como ya lo hemos presentado en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales donde tenemos representación, hay que prohibir por ley los despidos y las suspensiones. Y castigar severamente a las patronales que violen esta disposición. Así, toda empresa que despida, suspenda o cierre, debe ser expropiada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.