Escribe José Castillo

En los días post electorales subió prácticamente todo: la carne, el pan, la nafta, las cuotas de medicina prepaga. Los empresarios, con la complicidad del gobierno, se han lanzado al último zarpazo de la era Macri. ¿Qué dice Alberto Fernández? ¿Por qué la burocracia sindical no reclama nada? Esos son los interrogantes que recorren al pueblo trabajador.

La semana previa a las elecciones, las empresas monopólicas de la alimentación, artículos de limpieza y tocador hicieron llegar a las cadenas de supermercados sus nuevas listas de precios. Aumentos generalizados de 15 a 18% para todos los productos. Esto es lo que se empezó a ver en las góndolas casi al día siguiente de las elecciones.

Al mismo tiempo, ante la incertidumbre de que va a pasar con el dólar, se profundizó la especulación de las empresas que venden alternativamente al exterior y al mercado interno. Mágicamente “desaparecieron” las vacas del mercado de Liniers. Su consecuencia fue un aumento de todos los cortes de carne. Lo mismo sucedió con la harina: los grandes molinos “escondieron” las bolsas, que no se encontraban por ningún lado, y luego “reaparecieron” a 1.400 pesos. Conclusión: el pan a 140 pesos el kilo.

A esto sumémosle que “venció” el programa de precios esenciales. Recordemos que se trataba de 64 productos de la canasta básica que estaban congelados desde abril. Si bien a lo largo de los meses, debido a que no los controlaba nadie, cada vez era más difícil encontrarlos, ahora directamente se terminó el programa. Lo que sucedió inmediatamente es que todos esos productos subieron un 32% de promedio.

A todo esto tenemos que sumarle la lista de aumentos que se dieron por “autorización expresa” del gobierno. Empecemos por los combustibles: teóricamente debían permanecer congelados hasta el 15 de noviembre, pero, ante la presión de las petroleras, se autorizó una suba de 5%, mientras se anuncian nuevos incrementos en los próximos días, hasta completar un 20% antes del cambio de gobierno. También se autorizó una nueva suba para la medicina prepaga (y se anuncia otro aumento para diciembre). En este caso se trata directamente de una estafa: las cuotas de este rubro ya llevan más de 60% de subas en el año, por encima incluso de cualquier cálculo de cómo termine la inflación del año. A esto agreguémosle ncrementos en las cuotas de los colegios privados, en la telefonía celular, y tenemos el combo completo. Y sumémosle el aumento de 25% a las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires con que piensa despedirse la gobernadora Vidal.

En síntesis. al 25% que salarios y jubilaciones vienen perdiendo a lo largo de todo el gobierno de Macri. al terrible zarpazo sobre nuestros ingresos que venimos sufriendo todo este año; al nuevo golpe que nos dieron con la devaluación de agosto, ahora se suma una nueva oleada de aumentos que termina de pulverizar lo que queda de salarios y jubilaciones.

El objetivo de las patronales está a la vista: buscan cubrirse por adelantado para cualquier negociación en la mesa de un futuro “pacto social”. Así mañana, ante un eventual “congelamiento de salarios y precios”, ya se hicieron un colchón. Es obvio que, a este paso, lo único que sigue y quedará congelado son los sueldos.

Sabemos que muchos compañeros de trabajo y estudio, o vecinos en los barrios, tienen expectativas en que esto cambiará con Alberto Fernández. Han escuchado en la campaña frases como “hay que ponerle plata en los bolsillos a la gente para que haya reactivación” y esperan que esto suceda. Pero lamentablemente, las declaraciones de Alberto Fernández no van ahora en esta dirección: “el 10 de diciembre no es una fecha mágica”, dijo desde México. Tampoco ha planteado que se dará marcha atrás con todos estos aumentos abusivos.

Peor aún es la posición de la burocracia sindical, que en sus distintas alas sólo se preocupa por mostrar su adhesión a Fernández y no sale a reclamar, ni mucho menos a pelear, por recomposición salarial alguna (ver recuadro).

No podemos esperar: es una cuestión de supervivencia, ya no se llega a fin de mes. Hay que exigir un aumento de emergencia inmediato de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Y un reajuste mensual según la inflación. Tenemos que exigir la reapertura de todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y que se retrotraigan todos los aumentos de tarifas y precios regulados. Y se tienen que poner precios máximos a los productos de la canasta familiar. Sólo así, la consigna de “redistribuir la riqueza” dejará de estar vacía de contenido.