Los sacerdotes Nicola Bruno Corradi y Hugo Corbacho Blanc recibieron penas de 42 y 45 años de cárcel respectivamente y el jardinero Armando Ramón Gómez por 18 años. En los tres casos la condena es por los abusos sexuales que cometieron a once niños sordomudos durante el 2005 y el 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

“Una condena ejemplar”, sostuvieron los abogados de las víctimas en relación a la cantidad de años que pedían. Sin embargo, los familiares alertaron sobre el problema del silencio cómplice del Papa Francisco y la cúpula de la Iglesia Católica, quienes no solo no colaboraron con pruebas, sino que además encubrieron todo el tiempo a los implicados. Ahora esperan que la iglesia los expulse pero por el momento nada de eso ocurre.

Los abusos y los casos de pederastia por parte de la iglesia son bien conocidos. Como también su forma de encubrirlos. Por ejemplo, cuando la cúpula eclesiástica se entera de un abuso, lejos de acompañar a la víctima lo que hace es proteger al abusador, trasladándolo a otra provincia o a otro país. Lo hacen amparándose en el derecho canónico para evitar que vayan a la justicia ordinaria y persuaden a las familias para que no se hagan eco del caso.

Esto tiene aval legal en nuestro país desde 1966, cuando bajo el gobierno de Onganía se homologa el Concordato entre la Santa Sede y Argentina (Ley 17.032). El mismo otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio, nombrar directamente a los obispos y aplicar el derecho canónico para juzgar a los miembros de las cúpulas eclesiásticas garantizándoles la impunidad. A partir de ese momento, toda una batería de leyes siguieron para garantizarle a la Iglesia Católica innumerables privilegios que van desde exenciones impositivas, subsidios, donaciones y hasta la injerencia en áreas centrales como la salud y la educación.

El papa Francisco sabía todo

El nombre Corradi se conoció públicamente en 2009 gracias a la denuncia de 67 chicos sordos que lo señalaron junto a otros 23 religiosos por abusos sexuales dentro del Instituto en la sede de Verona (Italia). Por aquel entonces Corradi ya había sido traslado a Argentina. Primero hizo escala en La Plata y luego tras más denuncias de abuso en la sede platense lo trasladaron a Mendoza. En 2014, las víctimas italianas le enviaron una carta a Francisco en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en la institución educativa de Mendoza. Sin embargo, Francisco nada hizo frente a este nuevo alerta, continuó en silencio y permitió que siga abusando a los niños mendocinos.

Una vez más denunciamos a la cúpula de la Iglesia Católica cómplice de estos abusos y también de lo peor de nuestra historia, como la última dictadura militar en la que bendijeron las armas con las que torturaban y entregaron a los bebés nacidos en cautiverio. No solo fue en el pasado: ahora juega un rol nefasto junto a los gobiernos y partidos patronales, negándonos el derecho al aborto y a la educación sexual a miles de niños, niñas y adolescentes. Exigimos la anulación de todas las leyes que benefician a la Iglesia Católica, como la del pago de los sueldos a los curas y el fin de los subsidios a las escuelas confesionales. Vamos por la inmediata separación de la Iglesia del Estado.