Escribe Adolfo Santos

Las paralizaciones parciales de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, colocaron en debate un tema importantísimo. La compra de vagones usados a España y Japón por parte de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que contienen un mineral prohibido por su peligrosidad (Asbesto), coloca en serios riesgos la salud de quienes trabajan expuestos a este mineral, pudiendo afectar también a los usuarios.

Los vehículos adquiridos tienen entre sus componentes piezas de asbesto o amianto, un material cancerígeno, cuya utilización está prohibida en más de 50 países, incluida Argentina, desde hace 20 años. Con el pasar del tiempo cuando ese material se descompone y entra en contacto con el aire, puede ser inhalado. Una sola fibra de asbesto instalada en los pulmones puede producir cáncer, o enfermedades respiratorias como la fibrosis, que lleva a la muerte.

Una verdadera bomba de tiempo instalada entre millones de personas por irresponsabilidad de las autoridades de Sbase que realizaron la compra sabiendo que los coches contenían asbesto entre sus componentes. Pero este riesgo también es de responsabilidad de las autoridades del subte de Madrid y de Japón, que realizaron la venta después que la prohibición de la utilización del amianto estaba en vigor. Nos solidarizamos con la justa lucha de los trabajadores del subte. Apoyamos las acciones judiciales iniciadas por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro contra las autoridades argentinas, españolas y japonesas. Denunciamos la irresponsabilidad de las autoridades que no adoptan medidas urgentes para resolver el problema. Junto con los trabajadores, exigimos la inmediata substitución de todas las formaciones que tengan amianto y que se inicie un urgente programa de protección a los afectados por el asbesto. Estos son los males que acarrea la privatización de este servicio público esencial, el cual debería estar en manos del Estado bajo control de sus trabajadores y usuarios.