Tras el incendio ocurrido el miércoles pasado en el Ingenio La Esperanza, Jujuy, son ocho los trabajadores que perdieron la vida y aún quedan muchos internados con quemaduras de consideración. El emblemático ingenio que da vida a la ciudad es foco de atención desde hace años, marcando un derrotero de quiebras y despidos, siendo privatizado con su venta al grupo Budeguer en mayo pasado. La desinversión y las precarias condiciones de trabajo generaron este crimen laboral y social evitable.

Escribe Fernanda Giribone, desde Jujuy

El miércoles pasado una explosión en la destilería del Ingenio La Esperanza ocasionó un incendio que terminó con la vida de ocho obreros. Inicialmente se hallaron cinco cuerpos, y recién cuatro días después se encontraron dos más, número que completaría el total de trabajadores denunciados como desaparecidos por sus familiares. La octava víctima, que se encontraba con más del 80 por ciento del cuerpo quemado, murió en el hospital.

El fuego recién pudo ser sofocado casi 16 horas después de la explosión. Según cuentan los sobrevivientes las llamas, que creen se iniciaron por un desperfecto eléctrico en la zona de destilería, se propagaron en cuestión de segundos arrasando con todo lo que encontraban a su paso. En el lugar trabajaban en ese momento 140 personas.

Muchos trabajadores y familiares de operarios señalaron que, aunque la noche anterior ya había existido una explosión y había un cable de electricidad suelto que emitía chispas cerca de los tanques de alcohol, la empresa no reparó los desperfectos y se continuó con las labores normales. Por su parte el sindicato azucarero había realizado denuncias, planteando que las condiciones básicas de seguridad e higiene no estaban garantizadas, se habían denunciado fallas y desperfectos, así como también inspecciones a los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia, que nunca se realizaron.

Podemos afirmar claramente que esta tragedia no es un accidente, sino el desenlace lógico de las precarias condiciones en la que se trabajaba, tras años de vaciamiento y desfinanciación, llevada a cabo por distintos administradores y gobiernos. Hace más de 20 años que el Ingenio La Esperanza se encontraba en un estado de quiebra permanente y sus trabajadores sufrían precarización y despidos.

La venta del Ingenio, que hasta entonces era administrado por el Estado, se concretó luego de la decisión del gobierno jujeño de entregarlo a manos privadas. Tras un fallido acuerdo con el grupo colombiano Omega quedó en manos del Grupo Budeguer de Tucumán, el cual se adjudicó el complejo azucarero en un acuerdo bastante controvertido. El gobierno radical de Gerardo Morales que propuso ayuda económica a las familias como si esto fuera suficiente, se desligó del “problema” dejando a los empleados y a todo un pueblo absolutamente desamparados.

El ingenio se vendió por una suma irrisoria, prácticamente a la mitad de su valor y en cómodas cuotas. Ya para el segundo pago -que vencía a fines de octubre- Budeguer no cumplió con los 2 millones de dólares pactados porque supuestamente estaba realizando inversiones. La venta dejó a 600 personas sin trabajo y fue concretada por el gobierno provincial a fuerza de represión bajo el pretexto de que una administración privada iba a garantizar la continuidad de la empresa y del trabajo. Hoy son los trabajadores quienes pagan con sus cuerpos y sus vidas la desidia del Estado y el ansia de lucro de una empresa a la que no le importa nada. 

Luis Budeguer, representante del grupo, dijo “los accidentes pueden ocurrir” en una misa celebrada en honor a los trabajadores. En paralelo el gobernador radical Morales anunciaba pensiones, becas y viviendas para los familiares de las víctimas. Hoy la empresa cínicamente busca focalizar la atención en la reconstrucción del ingenio, y para ello apunta a la colaboración de los empleados y los pobladores de La Esperanza. La investigación aún no ha sido caratulada, los familiares no reciben información y el lugar del hecho se encuentra vallado.
El Frente de Izquierda jujeño vino pidiendo en la legislatura y en la justicia que se informara sobre las condiciones y venta del Ingenio sin resultado positivo.

No se trata entonces de un “accidente”, se trata de un crimen laboral y social que no puede quedar en la impunidad. De esta masacre obrera tienen que pagar la patronal y el gobierno provincial. Y el Ingenio debe ser estatizado y puesto a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores. Es la única forma que se evitarán más muertes y que su producción tenga un contenido social en beneficio del pueblo jujeño.