Escribe Mariana Morena

El 31 de octubre de 1978 el Congreso de Diputados y el Senado de España aprobaron una Constitución que le garantizó una falsa legitimidad democrática a un régimen monárquico que era continuidad del odiado franquismo. Parodiando al “generalísimo”, todo quedó “atado y bien atado” para preservar “el antiguo orden”. Sólo la enorme traición del PCE y el PSOE explica el retroceso de un movimiento obrero y popular en extraordinario ascenso por la República.

Entre la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 (en el poder desde el levantamiento fascista contra la República el 18 de julio de 1936, consolidado tras tres años de guerra civil) y el primer gobierno del PSOE en 1982, el Estado español vivió la denominada “transición a la democracia”. Fue el período donde se consolidó un nuevo régimen monárquico que debía salvaguardar el armazón de las instituciones tras cuarenta años de dictadura. Pese al rechazo que generaba la monarquía en el movimiento de masas -con ansias de libertad y democracia, y entusiasmadas por el triunfo de las revoluciones políticas en Portugal y Grecia-, la corona encabezada por Juan Carlos de Borbón, -designado por el mismo Franco-, los partidos institucionales, la Iglesia y la prensa intentaron hacer ver que se trataba de un proceso “modelo” de salida de la dictadura hacia la democracia, sin “ruptura”. Se pretendió incluso exportarla a Chile y Túnez.

Los pilares de la “transición”
Para legitimar el relato de las “bondades del nuevo régimen”, la transición se apoyó en tres pilares: una ley de amnistía, los pactos de la Moncloa (ver recuadro) y la Constitución. La ley de amnistía significó la impunidad de los crímenes del franquismo entre 1936 y 1948, unos 150.000 asesinatos cometidos con el fin de exterminar a la vanguardia obrera y popular revolucionaria; al mismo tiempo garantizó que los cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y el aparato político y judicial del viejo régimen pasaran a ser los encargados de velar por el “nuevo orden”. A esto hay que sumar los 600 asesinatos cometidos entre 1975 y 1982 por fuerzas de seguridad públicas y grupos fascistas, así como los miles de detenidos en la represión de las luchas obreras y de los movimientos nacionalistas en Catalunya y el País Vasco.
La Constitución aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 constituyó el “broche” de la transición. Su texto fue elaborado por una comisión formada por cinco representantes de los partidos burgueses, uno del PCE y uno del PSOE, lo cual confirma el contenido social del mismo. Con el silencio de la izquierda, la monarquía se aseguró la economía capitalista, la unidad de la patria contra el derecho a la autodeterminación del País Vasco y de Catalunya; los privilegios de la Iglesia, incluyendo el control de un sector importante de la educación que le dio el franquismo, y las tierras para los terratenientes, sin mención alguna de reforma agraria. Así se preservó el régimen con las reformas que aseguraban un funcionamiento democrático parlamentario donde encajaban los partidos de izquierda legalizados (PCE, PSOE) con la figura del rey, no elegible, como jefe de Estado y de las fuerzas armadas garantizando la unidad de España. El mismo rol de Franco por encima de las estructuras del Estado, incluyendo el parlamento, y conservando sus principales símbolos, la bandera y el himno. Ahí nomás se convocaron las primeras elecciones generales, ganadas por la UCD de Adolfo Suárez, el secretario general del movimiento que ahora se vestía de partido político de corte europeo y democristiano.
De este modo se consolidó una verdadera “máscara pseudo-democrática” con raíces franquistas al servicio de los ricos, la banca y las multinacionales, con una corrupción generalizada e impune, y también una auténtica “cárcel de los pueblos” como quedó demostrado el año pasado en Catalunya. El antiguo “orden” sigue prevaleciendo. Como sigue planteada la lucha por una federación de repúblicas socialistas al servicio de los trabajadores y los pueblos.

Los Pactos de la Moncloa

Para cortar de raíz las protestas obreras que estallaron a partir del ’73 frente a la miseria generalizada por la crisis del petróleo, con grandes huelgas, vigorosas asambleas, ocupaciones de fábricas e inmensas movilizaciones por reclamos salariales, contra los expedientes de crisis y cierres, en solidaridad con despedidos y otras fábricas en lucha, por derechos sindicales y políticos y contra la violencia represiva, los partidos políticos ya legalizados, incluyendo al PCE (con Santiago Carrillo como secretario general) y el PSOE (con Felipe González), negociaron los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre del `77. Si bien el gobierno del “reformista” Adolfo Suárez (líder de la UCD, el partido sucesor del Movimiento Nacional desmantelado durante la transición) garantizó algunas libertades democráticas (los derechos de reunión, asociación política y libertad de expresión y menos restricciones a la libertad de prensa), los pactos significaron un golpe tremendo para el movimiento obrero: legalizaron los despidos libres (hasta 5% de las plantillas), introdujeron la contratación temporal de los jóvenes y fijaron límites en el aumento de los salarios y una devaluación de la moneda. Pero lo más importante fue la exigencia de paz social y del fin de la lucha obrera, que hizo que los grandes sindicatos CCOO y UGT (controlados por el PCE y el PSOE respectivamente) acataran en silencio a cambio de nuevas fuentes de financiación para sus aparatos. Como “contribución” a la estabilización de la monarquía, empezaron a hacer retroceder y traicionar las luchas, debilitando la enorme capacidad combativa del movimiento obrero.

 El rol traidor del Partido Comunista Español

El PCE, dirigido por Ramón Carrillo, era el partido que controlaba la mayor parte del movimiento de masas. Su fuerza no se limitaba al movimiento sindical, con las Comisiones Obreras (CCOO) que nucleaban a la mayoría de los trabajadores desde finales de los años `50, sino que tenía gran influencia en barrios y pueblos entre intelectuales y artistas. Políticamente el PCE encabezaba la corriente del “eurocomunismo”, con un discurso y un programa de socialdemocratización desde la perspectiva de que era imposible un proceso revolucionario en Europa occidental, por lo que se fijó tareas democráticas a través de las elecciones y el parlamento burgués. Así fue como el PCE negoció su legalización aceptando las exigencias del gobierno de la transición, que apuntaba a reformar el viejo régimen pactando con el franquismo y la monarquía. Puso todo su aparato político y sindical a trabajar por la legitimidad del régimen heredero de la dictadura, enterrando sus crímenes y avalando que los policías y jueces involucrados en la represión sistemática siguieran en sus puestos. Lo hizo al costo de traicionar las aspiraciones de los trabajadores y los pueblos de luchar por un verdadero régimen democrático representado por la República, y hasta por una revolución obrera.
La política de reforma aplicada por el PCE fue especialmente grave en el terreno sindical, donde ordenó a las CCOO intervenir en el único sindicato permitido por el franquismo, conocido como el Sindicato Vertical (que agrupaba trabajadores y empresarios por la “armonización y la cooperación de clases”), herido de muerte y sin peso en el movimiento obrero. Otro tanto hizo su política de reforma en Catalunya, donde el PSUC tenía influencia de masas en la lucha contra la dictadura, para terminar renunciando a la pelea por la autodeterminación, permitiendo el ascenso del nacionalismo burgués catalán.

Escribe Mariana Morena

El 2 de octubre de 1968 el gobierno mexicano aplastó con una sanguinaria represión la gran protesta estudiantil que en los dos meses previos avanzó contra su política autoritaria y represiva. Cincuenta años después, sus reclamos siguen más vigentes que nunca y los estudiantes mexicanos retoman las banderas de aquellos mártires de la libertad.

A poco del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968, que por primera vez se desarrollaron en un país latinoamericano, el movimiento estudiantil mexicano tomó las universidades y las calles para protestar con fuerza contra el autoritarismo y la represión del gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional, en el poder ininterrumpidamente desde 1929), la violación de la autonomía universitaria, a la vez que exigía libertad, respeto de los derechos humanos y reformas sociales y democráticas.

Al calor de la ola revolucionaria mundial

La revuelta estudiantil en México se desarrolló como parte del ascenso mundial de las luchas obreras y populares que comenzaron en el 59 con la Revolución Cubana y que tuvo expresiones emblemáticas en el Mayo Francés, la Primavera de Praga, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y las manifestaciones en todo el mundo contra la guerra de Vietnam.
A partir de julio del ‘68, en el Distrito Federal mexicano, hubo protestas y enfrentamientos de los estudiantes con el cuerpo de granaderos, que ingresó en las escuelas y detuvo a manifestantes. Varios establecimientos entraron en huelga, y el 26 de julio, una marcha en solidaridad con la Revolución Cubana fue brutalmente reprimida. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que nucleaba a 75 escuelas y universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico. Paralelamente, se constituyeron otras organizaciones que se sumaron a la protesta estudiantil, como la Coalición de Maestros y el Comité de Intelectuales, Artistas y Escritores, mientras la revuelta se extendía por todo el país.
El 7 de septiembre se llevó a cabo la Manifestación de las Antorchas en la Plaza de las Tres Culturas o Tlatelolco, y el 13, la Marcha del Silencio congregó que a más de 200.000 jóvenes en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad, bajo el lema “Únete pueblo”. Los estudiantes amordazados con pañuelos levantaron pancartas por “¡Democracia directa y concreta ya!” y “¡Abajo el gobierno y la burguesía!”. La respuesta del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue desalojarlos con la tropa y tanques militares, mientras arrestaba a varios dirigentes de la CNH. El ejército ocupó el campus de la UNAM.

Los estudiantes radicalizaron sus demandas

La siguiente protesta fue convocada para el 2 de octubre en Tlatelolco, con el objetivo de conminar al gobierno a cumplir con las reivindicaciones estudiantiles, entre ellas: la libertad de los presos estudiantiles, magisteriales, obreros y campesinos; la derogación de artículos del código penal que cercenaban la libertad de expresión; la destitución de los jefes policiales capitalinos y la disolución del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión; justicia para las víctimas de actos represivos y exigiendo la apertura de un canal de diálogo con el gobierno.
A diez días del comienzo de los Juegos Olímpicos, unos 15.000 estudiantes ocuparon Tlatelolco gritando “¡No queremos olimpiadas, queremos revolución!”. La plaza estaba completamente sitiada por militares, policías y tanques. Testigos de la matanza cuentan que a las 18:15 un helicóptero militar sobrevoló la plaza lanzando bengalas luminosas. Era el inicio de la Operación Galeana a cargo del Batallón Olimpia creado para la seguridad de los Juegos Olímpicos, la policía secreta de la Dirección Federal de Seguridad y el ejército, con activa asesoría de la CIA.
La señal hizo que francotiradores apostados en lo alto de los edificios comenzaran a disparar. No eran otros que agentes infiltrados del grupo parapolicial “Brigada Blanca” del Batallón Olimpia, vestidos de civil con un guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre ellos. Sus disparos provocaron que miles de soldados con bayonetas empezaran a disparar a mansalva y por la espalda a los manifestantes. En medio del caos, una multitud echó a correr desesperadamente buscando una salida a esa emboscada mortal.
“¡Contra la pared hijos de la chingada! ¡Ahorita les vamos a dar su revolución!”, fue la frase histórica que pronunciaron los mandos del ejército mexicano al detener a los dirigentes estudiantiles. En el curso de la operación fueron masacrados más de 300 estudiantes, hubo miles de heridos y unos 3.000 manifestantes fueron detenidos, desnudados, golpeados y trasladados a distintas cárceles o campos militares, como el Palacio Negro de Lecumberri. La plaza se lavó a manguerazos para borrar las huellas de la masacre mientras el ejército imponía la censura informativa y el gobierno difundía la falsa noticia de un “complot comunista” contra las olimpiadas. La represión no cesó y muchos dirigentes fueron forzados al exilio. Unos días después, como si nada hubiera sucedido, comenzaban las Olimpiadas México ´68.

Una nueva generación de estudiantes vuelve a levantar las banderas

Desde aquel día, los estudiantes mexicanos luchan por mantener viva la memoria de sus compañeros mártires por la libertad. “¡2 de octubre no se olvida!” es la consigna que los convoca a marchar año tras año por memoria y justicia contra el avance de la impunidad. Tres décadas de gobiernos patronales han profundizado la desigualdad social y el salvajismo que acompañaron los ajustes y la entrega hasta la actual presidencia de Peña Nieto. En 2014, una nueva matanza de estudiantes, los 43 normalistas de Ayotzinapa, constituyó otro crimen de Estado en alianza con los carteles de la droga. A 50 años de la histórica lucha del movimiento estudiantil y Tlatelolco, los reclamos del 68 siguen más vigentes que nunca y ya son parte de los hitos históricos de los pueblos latinoamericanos por su liberación.

Escribe Mariana Morena

Los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, inaugurados el 12 de octubre de 1968, se desarrollaron en medio de una gran convulsión política y social. Al aplastamiento de la protesta estudiantil en Tlatelolco se sumó la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos contra la opresión racial y por sus derechos civiles, que el 4 de abril de ese año había sufrido un duro golpe con el asesinato de Martin Luther King.

En este marco se llegó a la final de los 200 metros llanos en atletismo. En la mañana del 16 de octubre dos atletas estadounidenses negros subieron al podio: Tommie Smith ganó la medalla de oro con récord mundial y John Carlos, la de bronce por su tercer puesto; entre ambos se coló el australiano Peter Norman. Los dos afroamericanos recibieron sus medallas enfundados en guantes negros, el símbolo del Black Power (Poder Negro, movimiento político más radicalizado en los Estados Unidos, que se diferenciaba de las tácticas de “no violencia” de Martin Luther King); además Smith llevaba un pañuelo negro en el cuello, símbolo del orgullo negro, y Carlos tenía su campera desabrochada en solidaridad con los obreros estadounidenses y un collar de cuentas por los negros asesinados. Cuando comenzó a sonar el himno nacional estadounidense, los dos bajaron la cabeza, cerraron los ojos y realizaron el saludo del Black Power levantando su puño en alto. Norman los acompañó solidariamente portando la insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos.

Al retirarse del podio fueron abucheados por la multitud. El gesto ocupó las portadas de los medios de comunicación del mundo y se convirtió en una de las imágenes más impactantes del siglo pasado. El Comité Olímpico Internacional (COI) los expulsó del equipo olímpico estadounidense y de la villa olímpica. Al volver a su país fueron duramente criticados y hasta amenazados de muerte ellos y sus familias. Los tres continuaron como pudieron sus carreras deportivas sin volver a los primeros planos. Pero el valor de su gesto fue reconocido con el tiempo. En 2004, una película filmada por el sobrino de Norman, “Salute”, contó su historia. Dos años después, Smith y Carlos cargaron el féretro de su amigo durante su funeral en Melbourne.
Décadas atrás, durante el auge del nazismo, Avery Brundage, el presidente del COI, que decidió la expulsión de los atletas negros, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, cuando era la máxima autoridad del equipo olímpico yanqui.

Escribe José Castillo

En septiembre de 2008 quebró uno de los más grandes bancos de inversión del mundo: Lehman Brothers. Fue el punto culminante de una debacle financiera que había comenzado un año antes. El propio Ben Bernanke, jefe de la Reserva Federal yanqui de entonces, la definió como “una crisis económica más profunda que la de 1930”.

Escribe José Castillo

La producción de acero en la Argentina fue posible gracias a dos empresas públicas: Altos Hornos Zapla y Somisa. Ambas fueron creación del general Manuel Savio que, junto con Enrique Mosconi (en YPF), integró una camada de ingenieros militares que se jugaron por la industrialización y la independencia económica frente al imperialismo. Gobiernos militares y civiles posteriores se dedicaron a vaciarlas y terminaron privatizándolas, sumiendo al país en la desindustrialización y el saqueo.

Manuel Savio ingresó al Colegio Militar de la Nación en marzo de 1909, a los 17 años, y egresó un año después como subteniente en la recientemente creada “arma de ingenieros”. Su primer destino fue el 5º Batallón en la ciudad de Tucumán, donde conoció a su jefe, Alonso Baldrich, ingeniero que llegó a general y que, junto con Enrique Mosconi fueron los grandes constructores y defensores de YPF contra la Standard Oil yanqui. Baldrich, un gran nacionalista económico, ejerció gran influencia sobre las ideas de Savio.
En 1917, el entonces teniente 1º Manuel Savio fue destinado al Colegio Militar. Allí fué profesor de “Metalurgia y explosivos”, “Servicio de ingenieros” y “Organización industrial militar”. Al mismo tiempo se perfeccionó, cursando en la Escuela Superior de Guerra, siempre en la especialidad de Ingenieros, e incluso traduciendo obras de la Escuela Superior Técnica de Artillería de Francia. En la década del ´20 viajó a Europa y visitó establecimientos industriales vinculados con la producción bélica, en particular en Francia y Alemania. Luego se dedicó a preparar a varias camadas de futuros ingenieros militares. La concepción de Savio era convertir al Ejército en una fuerza propulsora que establezca la industria pesada en la Argentina, sin la cual la independencia nacional sería meramente formal, ya que se dependería siempre de la voluntad de las grandes potencias para acceder a los insumos estratégicos.

Altos Hornos Zapla
La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento forzado que produjo y la consiguiente escasez de insumos para el desarrollo de la industria y del propio armamento del ejército le dieron a Savio la oportunidad de llevar a la práctica sus ideas. 
En 1941 se creó la Dirección de Fabricaciones Militares y Savio fue nombrado su primer director. La misión específica de ese organismo era la “movilización industrial”, pero no con vistas a un determinado conflicto bélico, sino como tarea permanente. Savio estaba convencido de que, al no existir empresarios privados argentinos interesados o con capacidad para llevar adelante el desarrollo de la industria pesada, era forzoso que el Estado acometiese esa tarea por sí mismo, a través del Ejército. Afirmaba que “la industria del acero es la primera de las industrias y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella seremos vasallos”.
Savio se había propuesto buscar yacimientos de hierro en el país. Terminó encontrándolos en las serranías de Zapla, donde emplazó un alto horno para explotarlo. Así, en 1943 se inauguraron los Altos Hornos Zapla, donde, el 11 de octubre de 1945, se produjo la primera colada de hierro fundido de arrabio. Se trató de una experiencia piloto que consistía en un pequeño alto horno que trabajaba con carbón de leña. La prueba demostró que se podía producir arrabio en el país a precios razonables y avanzar hacia el autoabastecimiento siderúrgico. 
Savio era un visionario. No sólo pensaba en el acero, también redactó una ley de materias primas básicas: cobre, plomo, estaño, tungsteno, berilio, otros metales no ferrosos, uranio y demás minerales radioactivos. Previó la explotación del aluminio y del manganeso. Planificó el desarrollo de la industria química para producir ácido sulfúrico a partir de azufre autóctono. Creó la sociedad de aceros especiales Atanor para producir caucho sintético y que debía llevar hacia la petroquímica. Proyectó la conversión de una vieja fábrica de munición de artillería para explotar nitrato de amonio y obtener fertilizantes nitrogenados. Incluso estudió las posibilidades de un programa de prospección geológica-minera en la Antártida argentina.

Somisa
El 31 de junio de 1947, durante el primer gobierno peronista, como parte del Plan Siderúrgico Nacional, propuesto por el propio Savio y aprobado por la ley 12.987 (que pasó a la historia como la “ley Savio”) se creó la Sociedad Anónima Mixta “Siderurgia Argentina” –Somisa-. El ya general Manuel Savio fue su primer presidente. El mismo elegirá la ubicación de la futura planta, en los márgenes del arroyo Ramallo, en las cercanías de San Nicolás. Sin embargo, no podrá ver plasmada su obra. Apenas un año después, el 31 de julio de 1948, con apenas 56 años, murió repentinamente de un paro cardíaco. 
Pasaron los años. La obra de Somisa avanzó a cuentagotas, con escaso presupuesto y nula voluntad política. Recién el 5 de mayo de 1961 se produjo la primera producción de acero en la que ya se llamaba “planta General Savio”, en San Nicolás. 
En los años posteriores, Somisa creció y se transformó en una gran empresa. Llegó a proveer 500.000 toneladas de productos semiterminados de acero, con 11.600 obreros. Sin embargo, vivió el mismo desguace que otras empresas públicas. Se la obligó a vender sus productos por debajo del costo a sus competidoras privadas, en particular a Acindar, que revistaba en su directorio al tristemente célebre José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla.

Saqueo, privatización y desindustrialización: el sueño frustrado de Savio
Finalmente, Somisa fue privatizada en 1992, regalada y entregada al Grupo Techint, que la rebautizó como Siderar. Altos Hornos Zapla también fue prácticamente desguazada y sus restos entregados en 1999 al empresario corrupto Sergio Taselli (el mismo de los negociados en los ferrocarriles y en el yacimiento carbonífero de Río Turbio). 
Altos Hornos Zapla y Somisa fueron los dos ejemplos más representativos de empresas estatales industriales que avanzaban hacia el desarrollo de la industria pesada en el país. Constituyeron un gran paso para la industrialización argentina, igual que las decenas de plantas de Fabricaciones Militares, de las que en la actualidad sólo quedan cinco, luego de las privatizaciones de la década del ´90. 
Savio decía: “Sin acero no hay nación”. Razones sobran, a 70 años de su muerte, para reafirmar este postulado. Por eso hoy, más que nunca, es necesario volver a producir este recurso vital y columna vertebral de la industria por nosotros mismos, reestatizando la actual Siderar, para reconstruir una Somisa estatal, gestionada por sus trabajadores y técnicos, al igual que una Altos Hornos Zapla, que otra vez sea factor de desarrollo en una de las zonas más postergadas de nuestro país.

Savio y el ejército

Manuel Savio, así como era visionario en sus concepciones industrialistas, tenía una muy fuerte limitación: estaba convencido de que el gran actor que podía llevar adelante sus postulados era el ejército argentino. 
Pero el ejército al que ingresó Savio a comienzos de siglo ya tenía un par de marcas de origen. Era el mismo “ejército nacional” que había sido títere de los intereses británicos en la guerra del Paraguay y que había ejecutado el genocidio de los pueblos originarios de la Patagonia (y posterior reparto de latifundios a los terratenientes) en la mal llamada “conquista del desierto”. 
Savio, como su mentor Baldrich y Enrique Mosconi, tenían claro que para llevar adelante sus planteos había que chocar con los intereses imperialistas de las grandes potencias, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos. De hecho, quien primero lo sufrió fue Mosconi, que pagó su enfrentamiento a la Standard Oil, mientras defendía a YPF, con su expulsión de la empresa petrolera estatal tras el golpe de 1930. 
Pero Savio, a pesar de que vio lo que le sucedió a su amigo Mosconi, apoyó el golpe. De hecho, lo hizo toda la camada “nacionalista” del ejército de esa época, incluyendo al entonces teniente Perón. Sin embargo, fueron ellos los que llevaron adelante la parcial y contradictoria pelea contra el imperialismo yanqui en los años 40, durante el primer peronismo. Este será el “mejor Savio”, el de Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla y Somisa. 
Savio no vivió para ver en qué terminó ese ejército que el veía como “vanguardia de la industrialización”. Ya estaba muerto cuando el golpe de la revolución “fusiladora” del 55 le entregó el país a los yanquis. O mucho más adelante, durante la última dictadura militar, cuando el ejército llevó adelante, junto con un nuevo genocidio, ahora sobre la clase trabajadora, el más feroz plan de desindustrialización y entrega. 
Savio era sin duda un visionario. Sus proyectos de empresas públicas produciendo los insumos estratégicos del país, como pilar para salir de la dependencia y la semicolonización, son un ejemplo. Pero no será el ejército quien lo haga. Sólo podrá ser llevado adelante por la clase trabajadora, en el camino hacia su gobierno y el socialismo.