Escribe Silvia Santos, dirigente de la UIT-CI

Como resultado de un combate feroz por su liberación, el 3 de julio de 1962 Argelia conquistó su independencia. Fue una lucha heroica contra el imperialismo francés, cuyos métodos de contrainsurgencia –torturas y ataques a la población civil– hicieron escuela en el mundo. Casi un millón de argelinos dieron sus vidas. Sin embargo, esta revolución que podría haber avanzado con medidas anticapitalistas porque el régimen colonial estaba hecho pedazos, retrocedió por la política de su dirección y recompuso el Estado burgués, transformándose en una semicolonia del imperialismo yanqui y francés. Esta relación de dependencia explica la rebelión popular del 22 de febrero de 2019, proceso que todavía está en curso.

La lucha por la liberación

La invasión francesa de Argelia comenzó en 1830, cuando su ejército derrotó al imperio turco otomano que dominaba esa región. Esa acción fue resistida durante casi una década, hasta que Francia, en 1840, desembarcó 115.000 soldados para asegurar su ocupación. Años más tarde, casi medio millón de colonos franceses se instalaron en Argelia y se apoderaron de las tierras más fértiles. Los colonos europeos, que eran minoría frente a los argelinos, se cerraron en defensa de sus privilegios apoyados por los sectores más plebeyos, que fueron bautizados pieds noirs (pies negros), que colaboraban con los métodos fascistas de los galos y con la explotación colonial.

Fue más de un siglo de ocupación cruzado por interminables luchas de la resistencia nacionalista que, en 1945, tuvo uno de sus principales capítulos. El 1° de mayo, un acto con la presencia de 10.000 musulmanes que conmemoraban la derrota del nazismo se convirtió en una gran rebelión popular que fue ahogada en sangre por las tropas francesas y dejó más de 20.000 argelinos muertos. A pesar de eso, la burguesía francesa se hallaba debilitada luego de la Segunda Guerra Mundial (aunque Francia formó parte de los aliados) frente al nuevo coloso norteamericano y tras su estrepitosa derrota en Indochina (Vietnam, Laos y Camboya) en 1954. En 1956 fue nuevamente derrotada cuando, junto con tropas del Reino Unido, invadió Port Said para impedir la nacionalización del canal de Suez, llevada adelante por el gobierno egipcio de Abdel Nasser. Por tal motivo, decidió pelear con uñas y dientes contra la emancipación de Argelia, pese a que en 1956 había sido obligada a conceder la independencia a Marruecos y Túnez.

Se funda el FLN 

En 1954 se fundó el Frente de Liberación Nacional (FLN) y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que estaba formado por muchos soldados argelinos que habían luchado en Indochina bajo el mando francés. Francia no tardó en reaccionar y mandó 500.000 soldados a Argelia que destruyeron aldeas y mataron más de un millón de argelinos.

La superioridad en armamentos era notable. Además contaban con el apoyo de la Organización Armada Secreta (OAS), fuerza de la derecha colonialista que actuaba con métodos fascistas en defensa de los privilegios de los colonos franceses. Practicaba torturas masivas, ejecuciones sumarias y desaparición de dirigentes, bombardeaba aldeas, asesinaba civiles y quemaba las cosechas.

La batalla de Argel, desarrollada en el año de 1958, quedó muy bien registrada en la célebre película dirigida por Gillo Pontecorvo donde fue mostrada, en forma casi documental, que la Francia de “la libertad, igualdad y fraternidad” había sido una bella consigna pero nada más que eso. El filme expone la lucha casa por casa en las villas, llamadas casbah, parecidas a las favelas brasileñas, localizadas en los morros de Argel y cruzadas por estrechos corredores y callejuelas. El FLN respondió con atentados contra blancos militares y civiles franceses, pero finalmente fue derrotado por las tropas de ocupación y sus métodos de contrainsurgencia.

Pero la rebelión anticolonial era imparable. La heroica resistencia argelina iba consiguiendo apoyos en el mundo, sobre todo en Francia. Después de una profunda crisis causada por la guerra de Argelia, a fines del año 1958, Charles De Gaulle asumió el gobierno y, consciente de que una nueva derrota como la de Indochina hundiría a Francia, decidió negociar. En un plebiscito realizado en 1961 el 75% de los franceses votaron a favor de la independencia.

En marzo de 1962 se reunieron el FLN y representantes del gobierno francés en la ciudad de Evian, Francia. El 1° de julio se realizó un plebiscito que culminó con la independencia y el triunfo del pueblo argelino y del FLN. El 3 de julio fue proclamada la independencia de Argelia y el 5 fue formalmente reconocida por el gobierno francés.

La revolución abortada

La guerra de independencia de Argelia se dio en la segunda posguerra, cuando acontecían numerosas luchas por la liberación nacional aprovechando la situación del imperialismo que debía centrar sus fuerzas en las metrópolis. Así, fueron surgiendo naciones libres del yugo colonial, como Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, en el norte de África. Procesos encabezados por dirigentes de extracción pequeño burguesa o burguesa y gobiernos nacionalistas burgueses que, a nivel internacional, se organizaron como “no alineados”, que se decían equidistantes tanto de Moscú como de Washington.

Argelia fue uno de los triunfos más espectaculares de la lucha por la liberación nacional contra el colonialismo, sin embargo, por la política de su dirección, el FLN, encabezado por Ben Bella, no avanzó al “socialismo”, como rezaba su nueva constitución. ¿Había posibilidades? Afirmamos que sí, los colonos, burgueses y plebeyos huyeron a Francia abandonando sus propiedades. El FLN quedó solo, sin ningún sector burgués importante con quien montar un gobierno de frente popular. Era el momento de construir el nuevo Estado, pero decidieron reconstruir el Estado burgués.

Como en todo proceso revolucionario, si no se avanza se termina retrocediendo. Lamentablemente fue lo que sucedió. Después de un período de roces con el imperialismo y de mantener cierta independencia política, la dirección del FLN comenzó a pactar con Francia y los Estados Unidos y Argelia se convirtió en una semicolonia.

2019. Estalla un nuevo proceso revolucionario en Argelia

El 22 de febrero de 2019, en un proceso sin precedentes, surge un movimiento popular que invade las calles de todo el país. La gota que rebasó el vaso fue que el presidente Abdelaziz Bouteflika, del FLN, planteó que sería candidato por quinta vez a la presidencia. El pueblo salió en masa a las calles expresando su odio contra el régimen.

Bouteflika, ya viejo, enfermo y en silla de ruedas después de haber sufrido un ACV, debía ser derrotado. Esto era visto principalmente por la juventud, protagonista del movimiento de desempleados y vanguardia en las revueltas de Cabilia. Como resultado de la ira popular expresada en las gigantescas movilizaciones, antiguos dirigentes políticos del FLN o con vínculos con el Frente finalizaron presos, entre ellos el hermano de Bouteflika, acusado de corrupción.

Las masas obtuvieron un triunfo importante, la renuncia de Bouteflika. Pero, a pesar de la espectacular movilización, no se consiguió mudar el régimen, que sigue controlado por los militares y continúan con su política corrupta y proimperialista. Las revueltas se sucedieron con mayor o menor participación todos los viernes hasta que la pandemia de marzo de 2020 abrió un impasse. El régimen intentó acabar con este movimiento a través de la cuarentena, sin embargo no ha conseguido derrotarlo y seguramente volverá a actuar cuando las condiciones lo permitan.

La trayectoria del FLN no nos debe extrañar. Así han finalizado los gobiernos nacionalistas burgueses y de conciliación de clases. Como terminó también el régimen sandinista, con Ortega masacrando la rebelión popular que reclamaba su salida. Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI apoyamos la lucha del pueblo argelino por su segunda y definitiva independencia. Para ello, el pueblo argelino se prepara luchando contra el régimen represor, de hambre y desempleo encabezado por los militares y el FLN en el poder, exigiendo justicia social, democracia, libertad e igualdad.

Escribe Claudio Funes

Como todos los años, desde aquel 26 de junio de 2002, cuando una feroz represión terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en este 18° aniversario se realizó una movilización al puente Pueyrredón exigiendo el juicio y castigo a los responsables políticos de aquella masacre.

Estos aberrantes sucesos se dieron durante el gobierno peronista de Eduardo Duhalde, quien intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.

Los medios de comunicación hegemónicos difundieron entonces que las muertes de Darío y Maxi habían sido producto de un enfrentamiento interno de organizaciones piqueteras.

Entre quienes emitían tamañas mentiras estaban Aníbal Fernández, secretario de la Presidencia, y Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Nación. Otro que se encargaba de difamar a las organizaciones piqueteras era Felipe Solá, por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que aquel mismo día de la represión llamó a Solá para preguntarle qué estaba sucediendo. El gobernador la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”.

Pasaron los años. Llegaron los gobiernos peronistas kirchneristas con sus falsas promesas de justicia. La impunidad continuó.

En 2005, ante el reclamo de parte de los familiares para que se abran los archivos de la SIDE, solo les fueron entregados recortes de diarios. Una burla.

Aníbal Fernández continuó con su carrera política. Fue jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011 con Néstor Kirchner y en 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández.

Hoy, con un nuevo gobierno peronista, vemos que los responsables políticos de la masacre de Avellaneda continúan impunes. No solo eso, algunos ocupan cargos en el gobierno de Alberto Fernández. Felipe Solá es el actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo en 2015, hoy es el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Izquierda Socialista estuvo presente en el puente Pueyrredón con su militancia encabezada por nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo. Junto a Alberto y Leo Santillán, padre y hermano de Darío respectivamente, el resto de familiares y demás organizaciones continuamos exigiendo cárcel para los responsables políticos de los asesinatos y hacemos nuestras las palabras de los familiares: “Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”.

Escribe Silvia Santos

El 26 de junio de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue firmada la carta de fundación de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo declara “reafirmar los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor del ser humano, en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres” […] y “promover el progreso social y mejores condiciones de vida dentro de una amplia libertad”. Lamentablemente, la realidad es que tras sus frases de “defensora de la paz, la democracia y los derechos humanos”, esta institución mundial localizada en Nueva York se ha dedicado esencialmente a avalar, por acción u omisión, crímenes de guerra, golpes de Estado, abusos y restricciones a las libertades democráticas por parte de los gobiernos burgueses, genocidios y atrocidades que sirven a los intereses de Washington y sus aliados.

¿Fracasó la ONU?

Esta contradicción entre su declaración de principios y sus acciones concretas no puede analizarse como un fracaso. Tras sus altisonantes frases, la ONU tuvo su origen en una serie de pactos y acuerdos entre los gobiernos, en primer lugar de los países imperialistas, con el aval de la burocracia de la URSS, para controlar, evitar o derrotar nuevos procesos revolucionarios. Recordemos que Hitler fue vencido por el heroico pueblo soviético, lo que le dio un impulso y prestigio a la burocracia estalinista a los ojos del mundo. No es casual que uno de los encuentros para discutir la “paz” de posguerra fue realizado en febrero de 1945 en Yalta (Crimea). En ese momento Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill resolvieron, entre otros “detalles”, el reparto de Europa, quedando el sector oriental comandado por la URSS, y el occidental bajo el capitalismo. Y Alemania se dividió entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la URSS. Así comenzaba a transitarse el camino rumbo a lo que unos meses después fue la ONU, un proyecto defendido por el presidente yanqui.

Por eso, más allá de las “buenas intenciones” expresadas en su carta, la ONU sirvió y sirve a los propósitos del imperialismo y de las multinacionales y le fue extremadamente útil a la burocracia estalinista para mantener su statu quo. Basta ver cómo actuó y actúa la ONU frente a la lucha de los pueblos del mundo por su liberación, por sus derechos o por su autodeterminación. Podríamos enumerar cientos o miles de casos que demuestran la posición nefasta de la organización, como en el levantamiento popular y la posterior guerra civil siria, frente a la guerra imperialista en Irak o Afganistán, o a las sangrientas dictaduras latinoamericanas, que todos conocemos. Como no podemos detenernos en cada uno, vamos a tomar tres ejemplos para analizar esa conducta.

La creación del Estado sionista de Israel y sus consecuencias. La posición adoptada en la guerra de Malvinas. Y, por último, el levantamiento antirracista acontecido recientemente en los Estados Unidos. Estos casos muestran a quién sirve la ONU.

Creación del Estado de Israel

El 14 de mayo de 1948, en medio de violentos ataques israelíes apoyados por el ejército británico a aldeas palestinas, que costaron miles de vidas, las Naciones Unidas proclamaron la creación del Estado de Israel. Esta medida, rechazada por los pueblos árabes, fue apoyada por las mayores potencias del planeta, incluida la URSS de Stalin, e inauguró una verdadera tragedia de sangre y terror contra el pueblo palestino, que dura hasta nuestros días. Con el mito de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” justificaron la ocupación violenta de un territorio que tenía dueños, los palestinos. Para consolidar su ocupación, Israel impuso un estado de terror expulsando casi un millón de palestinos, destruyendo sus aldeas y expropiando sus bienes.

Envalentonado con ese “aval” de la ONU para imponer su brutal ocupación, el Estado de Israel, convertido en un enclave de los Estados Unidos después de la retirada británica, nunca cumplió con las resoluciones de la ONU que simulaban sancionarlo. La resolución 242, adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de los Seis Días, “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”[…] “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el conflicto” y el reconocimiento por parte del pueblo palestino al derecho de los israelíes a tener su “Estado”. Nunca se cumplió y tampoco el sionismo recibió sanciones.

Lejos de respetar las resoluciones, Israel continuó avanzando sobre los menguados territorios palestinos. Asentó judíos en territorios ocupados, lo que en diciembre de 2019 generó una nueva resolución de la ONU llamando a Israel a poner fin a su política de construir asentamientos. Israel jamás acató la medida y la ONU continuó mirando para otro lado. Podríamos seguir relatando innumerables violaciones contra el pueblo palestino, que ha perdido todos sus derechos en su propia tierra. Israel ha impuesto un verdadero estado de ocupación con un régimen racista de apartheid violando los principios de la entidad mundial, sin embargo la ONU nunca avanzó más allá de resoluciones burocráticas.

1982, Guerra de Malvinas

El 3 de abril de 1982 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que exigía el cese inmediato de las hostilidades a las partes implicadas en el conflicto de las Malvinas, al considerar que existía un quebrantamiento de la paz en la región. Quien había “quebrantado la paz” para defender su derecho sobre las islas Malvinas era la Argentina. La resolución demandaba además la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas. Finalmente exhortaba tanto a la Argentina como al Reino Unido a que busquen una solución diplomática al conflicto respetando lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. O sea, la ONU colocó en pie de igualdad y le impuso las mismas exigencias al colonizador y al país que defendía su territorio.   

Tradicionalmente, en el marxismo hemos defendido el fin del proceso colonial, como el control británico sobre el norte de Irlanda, o en enclaves como Gibraltar, Ceuta, Melilla o Malvinas. En todos los casos, como en la guerra de Malvinas, planteamos el fin del vestigio colonial con el retorno de esos territorios a sus legítimos dueños. Los enclaves son estados artificiales creados por el imperialismo con una población que no es originaria de esos lugares. Por ejemplo, si en Malvinas se hiciera una consulta con base en el derecho a la autodeterminación, seguramente la absoluta mayoría de la población defendería ser parte del Reino Unido, pues ese es su origen. Pero la ONU no reconoce la existencia de enclaves. De esa manera, mientras Inglaterra lanzaba todo su poder bélico contra la Argentina con el apoyo del imperialismo yanqui, que detectaba los blancos a ser bombardeados, de forma hipócrita la ONU llamaba a resolver de forma pacífica el conflicto.

La ONU y el racismo

Frente al asesinato por parte de tres policías blancos de George Floyd, un trabajador afroamericano en el estado de Massachusetts, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó a una reunión extraordinaria para tratar el tema. En la ocasión, un grupo de países africanos, con el apoyo del hermano de Floyd, presentó una propuesta para ayudar en la lucha contra el racismo. La iniciativa pedía que la ONU cree una comisión investigadora para indagar los crímenes cometidos en los Estados Unidos y en otros países que viven la misma situación.

Preocupado con una resolución como esa, que podía afectarlo, el representante del gobierno racista y genocida de Brasil salió en defensa del presidente yanqui Donald Trump (que ni siquiera asistió a la reunión) alertando que no se podía singularizar en un único país el tratamiento sobre el racismo. Obviamente, los países imperialistas rechazaron la propuesta con el mismo argumento, no existían motivos para singularizar apenas en un país y una “eventual” resolución debería versar apenas sobre generalidades. Una omisión inconcebible, siendo que en el año 1969, en las Naciones Unidas entró en vigor la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Finalmente, se acordó una resolución “adoptada por consenso de manera oral y sin votar”, que también hace referencia a las muertes de otras personas de ascendencia africana y repudió el racismo estructural del sistema de justicia penal. Un verdadero saludo a la bandera mientras la sangre del pueblo negro continúa corriendo impunemente.

Aunque termina rechazando los recientes incidentes y el uso excesivo de la fuerza y de otras violaciones de los derechos humanos por parte de los oficiales de las fuerzas públicas contra los manifestantes, no fue capaz de aprobar una resolución concreta para investigar la actuación de las fuerzas represivas yanquis para, en caso de violaciones, determinar las correspondientes sanciones, como se hace en muchos países dependientes cuando el imperialismo los quiere presionar. En la propuesta oral votada se solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que elabore un informe sobre el racismo sistemático y las violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra los africanos y afroamericanos por parte de las fuerzas del orden y de otras personas de ese grupo de población. No es casual que, días después de los incidentes en las marchas que repudiaron el asesinato de George Floyd, otros negros hayan sido asesinados por las fuerzas policiales en los Estados Unidos.

En definitiva, en sus 75 años de historia la ONU ha sido fiel al verdadero propósito de sus creadores, construir un organismo mundial, como lo fue su predecesora, la Liga de las Naciones, para controlar el mundo al servicio de las grandes potencias y sus intereses económicos. Es lo que ha venido haciendo desde su fundación, aunque para eso haya tenido que omitir genocidios, violaciones a la autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos, de las prácticas racistas o la destrucción del medio ambiente. Con sobrada razón la pequeña Greta Thunberg, activista ambientalista de solo 16 años, durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU les gritó en la cara: “La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero”.

Escribe José Castillo

Cuando se realizaron las elecciones de 1983 ya nada quedaba de ese movimiento nacionalista burgués que, con todas sus contradicciones, se había enfrentado así sea parcialmente al imperialismo yanqui treinta años antes. La vuelta de Perón, que tantas expectativas había despertado, terminó con la Triple A, el ajuste del Rodrigazo y el desastre del gobierno de Isabel. Durante la dictadura militar, si bien muchísimos de los desaparecidos y presos políticos se reivindicaban peronistas, poco y nada era lo que el “movimiento nacional justicialista” (así solía denominarse) había hecho y dicho en esos años. Italo Argentino Luder fue el candidato del Partido Justicialista en 1983, el mismo que había firmado en 1975 los “decretos de aniquilación de la subversión” que la dictadura genocida utilizó como “excusa legal” para la represión genocida. En plena campaña electoral Luder apoyó la “autoamnistía” de Bignone, el último dictador, con la que los militares pretendían cerrar cualquier castigo a sus crímenes. Por eso no sorprendió que el 30 de octubre de 1983 el peronismo sufriera la primera derrota electoral de su historia. Una fracción importante de la propia clase obrera industrial formó parte del 52% que le dio la victoria a Raúl Alfonsín.

El régimen político bipartidista

Nació un nuevo régimen político que se dedicó a sostener y profundizar la semicolonización y la entrega de nuestro país hambreando cada vez más al pueblo trabajador con infinidad de planes de ajuste. Radicales y peronistas constituyeron un “bipartidismo”, los peronistas, aun derrotados por primera vez en una elección presidencial, gobernaron provincias, intendencias, tuvieron bancas en las cámaras de Diputados y Senadores, en las legislaturas provinciales y en los concejos deliberantes de todo el país. Fueron ejecutores directos o cómplices, según el caso, de miles de leyes y resoluciones antipopulares que se fueron sucediendo en los años siguientes.

Los viejos dirigentes peronistas que venían de antes de 1976, desprestigiados al extremo, fueron rápidamente reemplazados por una camada que pasó al primer plano, la llamada “renovación”, detrás de algunos viejos referentes “menos quemados” como Cafiero y Menem, y detrás de ellos De la Sota, Grosso, Manzano y, en una tercera línea, prácticamente todos los dirigentes que son protagonistas aún hoy. Los políticos de la “renovación” posaban de “modernos” y, con la justificación de “garantizar la gobernabilidad”, le fueron dando al PJ el perfil de partido patronal confiable a las empresas y el imperialismo, con aspiraciones de volver al poder, ya no solamente como “última opción” ante el ascenso, como sucedió en 1973, sino en un marco de “normal alternancia democrática”. Incluso el peronismo promovió y le dio “acceso” a la vida política a dirigentes de la dictadura, como fue el caso de Domingo Cavallo, que llegó a diputado nacional de la mano de De la Sota en Córdoba.

Un peronismo en crisis

La integración total y absoluta del peronismo a un régimen democrático burgués que garantizaba y profundizaba la semicolonización no fue gratis. El viejo “movimiento nacional” agonizaba, ciertamente bajo una montaña de votos. En su folklore seguía existiendo la marcha que recitaba “combatiendo al capital”, pero los dirigentes ni siquiera disimulaban que eso era solo una “una licencia poética”. Por tradición familiar, costumbre, o porque aún quedaba una vieja camada que seguía recordando las conquistas de la década del ’40, la mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares seguían votando al peronismo. Pero crecía como nunca había sucedido hasta entonces la apatía, ya nadie daba “la vida por Perón”, como se decía en las décadas anteriores. Los burócratas sindicales, que ya habían tenido que soportar el desafío de la nueva vanguardia que los enfrentó en el período 1969-76, y que habían respondido con matonaje, asesinatos y, en algunos casos, delatando a los militares genocidas a esos compañeros, eran más odiados que nunca. Comenzaba una etapa donde las nuevas camadas de trabajadores y de la juventud ya no se referenciarían directa y mayoritariamente con el peronismo. 

Menem y una vuelta de tuerca en la semicolonización

El ajuste sistemático implementado por el gobierno de Alfonsín para garantizar los pagos de una deuda externa que, generada por la dictadura militar, había sido reconocida por el gobierno radical, lo llevó a su rápido desgaste. Así pasaron los hambreadores planes Austral y Primavera. Un sector de la dirigencia sindical peronista, encabezado por Saúl Ubaldini, buscó canalizar la bronca, contundentes paros generales con multitudinarias movilizaciones eran seguidos por períodos donde la burocracia sindical dejaba “correr el ajuste”, sumiendo a los trabajadores en la desmoralización, dejando aisladas las innumerables luchas parciales en las que se iba forjando una nueva vanguardia, con centenares de cuerpos de delegados y comisiones internas con influencias de la izquierda.

El gobierno radical, que ya había sufrido una fuerte derrota electoral a manos de la “renovación” peronista, terminó cayendo en medio de la hiperinflación, la bronca popular y los saqueos en 1989. El peronismo ganó las elecciones presidenciales con Carlos Saúl Menem prometiendo “salariazo” y “revolución productiva”.

Sin embargo, apenas asumió, el nuevo gobierno peronista se lanzó a un salvajísimo ajuste. Privatizó, en tiempo récord, todas las empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, YPF fueron entregadas al saqueo del capital extranjero. Las que no pudieron ser vendidas “enteras” fueron desguazadas. El caso de los ferrocarriles fue paradigmático, ramales enteros fueron levantados por “no ser rentables”, dejando regiones enteras sin comunicación y más de 100.000 compañeros en la calle. La desocupación creció astronómicamente. Los salarios cayeron también en forma vertical. El hambre, literalmente, empezó a aumentar en los barrios populares. Si bien importantes sectores de la clase trabajadora salieron a pelear, en particular en las propias empresas que se querían privatizar, fueron aislados y finalmente derrotados. La burocracia sindical dejó pasar el conjunto del ajuste, en algunos casos con la política de oponerse declamativamente y no hacer nada, como el caso de Ubaldini, y en otros, directamente apoyando y transformándose en “socios” y nuevos “patrones” de la privatización (como el caso de Pedraza en la Unión Ferroviaria).

Menem convocó a dirigentes ultraliberales y a los grandes empresarios a directamente hacerse cargo del gobierno. Así, la privatización de Entel estuvo a cargo de María Julia Alsogaray (la hija del histórico dirigente liberal ultragorila Álvaro Alsogaray). El Ministerio de Economía directamente le fue entregado a Bunge y Born y, luego del fracaso de este grupo, a Domingo Cavallo, que puso en marcha la “convertibilidad”, el plan económico que, de conjunto, garantizó el ajuste y la entrega entre 1991 y 2001. El sometimiento internacional al imperialismo yanqui llevó a que la Argentina enviara dos naves a la “guerra del Golfo” (el ataque a Irak del presidente Bush -padre-, en 1991). El ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, afirmó que debíamos tener “relaciones carnales” con los Estados Unidos, mientras que Menem se transformaba en el principal impulsor del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas).

Como si todo esto fuera poco, Menem dio un salto cualitativo en la impunidad a los genocidas. Ya el gobierno de Alfonsín había promulgado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero ahora el gobierno peronista procedió a liberar a absolutamente todos los genocidas por medio de dos decretos de indultos. Un símbolo final de este peronismo fue el abrazo de Menem nada menos que con el almirante Rojas, principal conductor de la “revolución fusiladora” de 1955.

Los peronistas “opositores”

La crisis del peronismo no se cerró con la victoria electoral de 1989. Al contrario, se profundizó. Millones de trabajadores miraban azorados cómo el viejo “movimiento” de Perón y Evita llevaba adelante estas políticas que acabamos de describir. Algunos dirigentes trataron de capitalizar esta bronca, así nació el Frente Grande, de la mano de dirigentes peronistas que habían militado para la presidencia de Menem y llegado al Congreso en sus listas, como Chacho Álvarez y Germán Abdala, junto con otros referentes de la centroizquierda de otros orígenes,como Graciela Fernández Meijide.

Apoyándose en el repudio que en muchos sectores causó el “Pacto de Olivos” (acuerdo entre Menem y Alfonsín), por el que peronistas y radicales facilitaron una reforma constitucional en 1994 para habilitar la reelección de Menem, el Frente Grande, ya denominado Frepaso, sumó al gobernador peronista Bordón y logró ser la segunda fuerza en las elecciones presidenciales de 1995.

El Frepaso posteriormente se unió al radicalismo para dar lugar a la Alianza, que terminó ganando las elecciones de 1999. Sus dirigentes hacían oposición basándose en las denuncias de corrupción del menemismo, pero cuidándose muy bien de decir a la vez que apoyaban la continuidad de la convertibilidad y las privatizaciones. Este espacio tuvo también su pata sindical, nacida casi en el mismo momento, en 1992, la CTA. Con peso particularmente en los gremios estatales y docentes, retóricamente se “oponía” a las políticas de ajuste y privatización, mientras dejaba aisladas a las luchas efectivas que se dieron en el período.

La derrota del peronismo en 1999 y los dos años de De la Rúa

Las consecuencias del ajuste y la entrega menemista mostraban todas sus secuelas hacia el fin de siglo. La deuda externa había vuelto a crecer y sus pagos eran otra vez imposibles de sostener. La desocupación alcanzaba niveles históricos, millones de trabajadores estaban precarizados y con salarios de miseria. En ese marco, el peronismo fue derrotado en las elecciones de 1999. La Alianza continuó el ajuste en los dos años que gobernó. Los gobernadores y legisladores peronistas, tal como habían hecho antes durante su gobierno, acompañaron el ajuste en nombre de la gobernabilidad. O de la billetera, como se vio cuando en el Senado facilitaron una ley de flexibilización laboral (conocida desde entonces como ley Banelco).

Todo terminó estallando en ese histórico levantamiento popular conocido como “Argentinazo”, en diciembre de 2001. La mayor síntesis de hasta dónde había llegado la crisis del régimen político bipartidista se expresó en sus dos consignas centrales “¡que se vayan todos!” y “sin radicales ni peronistas vamos a vivir mejor”.

Escribe Adolfo Santos

El período transcurrido entre 1973 y 1976 fue uno de los más convulsionados de la historia política reciente de nuestro país. Dos importantes hechos marcaron aquel momento. Por un lado, el gran ascenso iniciado con el Cordobazo, que en la primera mitad de los años ’70 adquirió una fuerza extraordinaria. Por otro, el fin de ese proceso con la derrota de la clase trabajadora a manos del más sangriento golpe militar sufrido en nuestro país. En esos cuatro años se sucedieron cuatro gobiernos, el de Héctor J. Cámpora, el de Raúl Lastiri (asumió de forma provisional), el de Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón. Todos ellos gobernaron con el objetivo de cerrar el proceso abierto con el Cordobazo. En ese cortísimo espacio de tiempo amplios sectores de masas pasaron de la euforia por reinstalar un gobierno peronista después de años de proscripción, a la necesidad de tener que enfrentarlo con grandes huelgas y movilizaciones. En ese desarrollo vertiginoso y conflictivo, en el que sectores importantes de la dirigencia peronista enfrentaron desde el gobierno a los trabajadores y sus demandas, se fue incubando el golpe contrarrevolucionario de marzo de 1976 que, finalmente, cerró la etapa abierta con el Cordobazo.

La lucha de clases acaba con la dictadura

Desgastada y acorralada por las luchas, la autodenominada Revolución Argentina, que en 1966 llegó anunciando “tenemos objetivos pero no tenemos plazos”, fue perdiendo fuerzas. Acosada por conflictos e insurrecciones obreras, estudiantiles y populares, su último representante, el general Alejandro Agustín Lanusse, no tuvo más remedio que rehabilitar a los partidos políticos y negociar con los principales líderes burgueses, fundamentalmente con Perón, desde su exilio en Madrid, y con Ricardo Balbín, de la UCR, la convocatoria a elecciones para canalizar el ascenso. Como parte de este acuerdo, después de muchos años, se levantó la proscripción al peronismo, aunque con una maniobra leguleya (solo podían ser candidatos los residentes en el país hasta antes del 25 de agosto de 1972) se impidió la postulación de Perón.

Cámpora al gobierno, Perón al poder

El peronismo debía actuar como dique de contención de las crecientes luchas que habían comenzado a generar nuevas direcciones antiburocráticas, clasistas e independientes, cuya dinámica colocaba en peligro el sistema vigente. Sin embargo, como quedó demostrado en el período posterior a la asunción del gobierno, era evidente que la fórmula presidencial encabezada por Cámpora y el conservador Solano Lima no tenía la autoridad suficiente para controlar el proceso. Se necesitaba una dirección de verdad, algo que solo se podía conseguir con la intervención directa del general Perón. De alguna manera, los sectores que impulsaron la consigna Cámpora al gobierno Perón al poder, formulada en el lanzamiento de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en el mes de enero, estaban materializando esa necesidad, como quedó demostrado en la breve “primavera camporista” iniciada el 25 de mayo.

En la medida que los trabajadores veían el triunfo electoral como propio y se sentían con el derecho de exigir nuevas demandas, las movilizaciones no paraban de crecer. En la noche del mismo día 25 de mayo miles de personas rodearon la cárcel de Devoto exigiendo la libertad de los presos políticos. En apenas unas horas casi quinientos presos, muchos de ellos dirigentes de organizaciones guerrilleras, fueron liberados de las cárceles de Devoto, Rawson, Caseros, La Plata, Tucumán y Córdoba, algo que con una “ley de amnistía”, como proponían los políticos, hubiera demorado meses. Una gran ola de conflictos por reivindicaciones largamente postergadas, exigiendo la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y por cuestiones democráticas y económicas, se extendió como reguero de pólvora. Las huelgas con ocupaciones de fábrica, muchas veces con miembros de la patronal como rehenes, se convirtieron en moneda corriente. La zona norte del Gran Buenos Aires, donde se habían instalado centenas de fábricas, fue la vanguardia de este proceso. Las metalúrgicas Ema, Wobron y Tensa, Editorial Abril, las ceramistas Lozadur y Cattaneo, los astilleros Astarsa, fideos Matarazzo, DPH y Panam, del plástico, entre otras, fueron protagonistas de la efervescencia obrera de ese momento y generaron una nueva vanguardia que le disputaba espacios a la burocracia sindical.

Impotente frente al ascenso, Cámpora renuncia

Apenas habían pasado cuarenta y nueve días cuando Cámpora, débil para detener el ascenso, fue obligado a renunciar el 13 de julio para abrirle camino a Perón, el único dirigente con autoridad para intentar frenar las luchas. El golpe palaciego que destituyó a Cámpora instaló a Raúl Lastiri, un desconocido de las mayorías, del entorno de Isabel Perón y yerno de López Rega, que asumió interinamente la presidencia. El Pacto Social, un proyecto de conciliación de clases impulsado desde el gobierno de Cámpora, no conseguía cumplir su cometido. El proyecto, ideado por el ministro de Economía José Ber Gelbard –dirigente de la Confederación General Económica, donde se nucleaba el empresariado nacional–, que centralmente apuntaba al control de los salarios, fue firmado el 8 de junio por la CGT encabezada por José Rucci. Sin embargo, las luchas no se detenían y los burócratas sindicales empezaron a ser desbordados por un nuevo activismo.

El regreso del líder, un viejo anhelo del pueblo trabajador argentino, fue una primera demostración de cómo serían las cosas en adelante. El 20 de junio, cerca de un millón de personas se dirigieron a Ezeiza para recibir al general que volvía del exilio. Preocupados por que las corrientes de izquierda, como la JP y Montoneros, le robaran la escena, como había acontecido el 25 de mayo con la liberación de los presos, la burocracia sindical y el aparato del Partido Justicialista, bajo la “conducción” del ministro de Bienestar Social, José López Rega, armaron un escenario de guerra. Para impedir que la multitud se acerque a Perón la derecha peronista montó un cerco frente al palco y comenzó a disparar a mansalva. El resultado oficial de esa “batalla” fue de trece muertos, 365 heridos y decenas de presos y torturados. Testigos aseguran que los muertos fueron muchos más.

Septiembre de 1973: Perón es presidente por tercera vez

Con Perón en la Argentina, el aparato peronista se empezó a preparar para acabar con la “primavera camporista” y comenzar a controlar la situación. Después de lo de Ezeiza, Perón, que ya había adjudicado a los trotskistas la responsabilidad de la liberación de los presos, dirigió un mensaje al país para mostrar que había tomado las riendas. “Los peronistas tenemos que retomar la conducción de nuestro movimiento”, dijo, y volvió a embestir contra los “infiltrados” y los “enemigos embozados y encubiertos a los que había que combatir”. Un claro mensaje contra la izquierda. Sin embargo, tanto las FAR como Montoneros defendían la tesis de que Perón estaba cercado por las fuerzas de derecha proimperialistas comandadas por López Rega y la burocracia sindical, lo que le impediría “dialogar con su pueblo”. Negaban una realidad palpable, el robustecimiento de los sectores de derecha y más reaccionarios a la hora de la toma decisiones del gobierno peronista. Y, peor, apuntalados por el propio Perón.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) respondimos a ese argumento denunciando que los grupos de derecha que atacaron en Ezeiza, cuando llegó Perón, pretendían organizarse de forma permanente para reprimir a toda la izquierda, peronista y no peronista. Dábamos como ejemplo los ataques sufridos en la fábrica Citroën, en SIAT, o en la construcción en Córdoba, entre otros. Estaba instalada la batalla entre las aspiraciones de cambios sociales y el avance de conquistas manifestadas en las luchas obreras, populares y estudiantiles, fogoneadas por las nuevas direcciones, y el aparato peronista instalado en el  gobierno, junto a la burocracia sindical, bajo el liderazgo de Perón. Frente a esta situación, nuestro partido tuvo una política permanente de coordinar las luchas en curso para fortalecerlas y para poder resguardar de esos ataques a la nueva vanguardia.

El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones presidenciales. La fórmula Perón-Perón (con Isabel como vice) ganó ampliamente. El imperialismo, los grandes y medianos empresarios, sectores de la oligarquía, las fuerzas armadas, la burocracia sindical y la Iglesia cerraron filas detrás del general con la esperanza de que pusiera fin al “caos social” imperante y estabilice la situación. Como se sabe, Perón ganó holgadamente en la primera vuelta. Contradictoriamente, el amplio triunfo obtenido con el apoyo de las masas iba en la dirección de consolidar el proyecto de fondo: derrotar al movimiento obrero, que venía en ascenso desde el Cordobazo. 

Coral-Páez, una alternativa obrera y socialista

El PST, que era parte importante de la vanguardia que participaba de ese proceso, interviniendo en las luchas, era también la única corriente de izquierda que daba la pelea electoral con una política de independencia de clase. Como lo había hecho en las elecciones de marzo, en septiembre también convocó al clasismo surgido de las luchas del Cordobazo para dar juntos esa batalla. Con la consigna “Contra Manrique, Balbín, Perón, la izquierda debe votar unida”, una vez más le propuso a las principales figuras de ese proceso, como Tosco, Salamanca y Jaime, dirigente del peronismo revolucionario, encabezar la fórmula utilizando la legalidad del PST. Lamentablemente, una parte de esos sectores acabó votando a Perón y otra mantuvo una actitud sectaria y abstencionista llamando al voto en blanco. El PST presentó una fórmula encabezada por el dirigente socialista Juan Carlos Coral, acompañado por uno de los más importantes dirigentes del clasismo cordobés, el compañero José Francisco Páez. Los casi 200.000 votos obtenidos por el partido, a pesar de las dificultades económicas y el vacío de la prensa burguesa, demostraron el acierto de esa participación. Esos miles de compañeros, muchos de ellos activistas y dirigentes clasistas, habían asumido la propuesta de dar continuidad a las luchas fabriles, barriales y estudiantiles contra la conciliación de clases y el Pacto Social en el terreno electoral.

El tercer gobierno de Perón

El 12 de octubre de 1973 Perón asume su tercer mandato presidencial, que duró apenas nueve meses, hasta su muerte, el 1° de julio de 1974. A pesar del barniz de izquierda que la Juventud Peronista le quería imprimir a Perón, el general los descolocaba a cada paso. Para comprobar lo que decimos basta ver su visión: “Yo siempre he tenido mucha más fe en los hombres de empresa, que son los que han demostrado que saben hacerlo. El país, como negocio, es un gran negocio individual amplificado, de manera que el que es capaz de manejar un gran negocio, a este otro gran negocio puede también manejarlo”. Quien quiera entender…

Desde el comando, Perón reafirmaba la tarea que había comenzado a ejecutar desde su llegada el 20 de junio, derrotar el ascenso de la clase trabajadora sirviendo a las exigencias de la burguesía, las multinacionales y el imperialismo. Los meses siguientes fueron turbulentos. La luchas continuaban, pero las organizaciones guerrilleras, con sus atentados y acciones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, generaban mucha confusión y le daban pretexto a los grupos de la lopezrreguista instalados dentro del propio gobierno peronista y a la burocracia sindical para avanzar con leyes represivas y ataques cada vez más truculentos. El fracasado asalto al Comando de Sanidad del Ejército el 6 de septiembre de 1973 organizado por el ERP, el asesinato de José Rucci por los Montoneros dos días después del triunfo de Perón, o el ataque al Regimiento de Caballería de Azul por parte del PRT/ERP el 19 de enero de 1974, entre otras acciones, favorecieron el proyecto de reprimir a los sectores de vanguardia, y en particular al movimiento obrero y entorpecieron las luchas en curso por nuevas conquistas, contra la burocracia sindical y el congelamiento salarial impuesto por el Pacto Social.

Luego de la acción guerrillera contra el cuartel militar de Azul se tomaron dos medidas. Una que afectaba a los propios sectores de la denominada izquierda peronista, la renuncia de Oscar Bidegain, gobernador de Buenos Aires, que le abrió el camino a su vice, el burócrata Victorio Calabró, dirigente metalúrgico de la zona norte, organizador de las patotas que atacaban activistas y que luego se complementaron con sectores militares en la conformación de la tristemente célebre Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El otro hecho afectó al movimiento de masas y sus luchas, el gobierno envió al Congreso la reforma del Código Penal y nombró a dos conocidos represores al frente de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride.

En 1974 las bandas de ultraderecha comenzaron a realizar atentados contra locales y militantes de la JP, el PC y el PST. El 29 de enero, la Triple A difundió una larga lista de personalidades a ejecutar. Entre los primeros figuraba nuestro dirigente, Nahuel Moreno. Se allanaron librerías, se intervino la provincia de Córdoba, se atacaron avances democráticos conquistados por el sindicalismo clasista y se aplicó la Ley de Prescindibilidad, con la cual descabezaron la combativa dirección sindical del Banco Nación. Durante el acto del 1° de mayo Perón expulsó públicamente de la Plaza a los Montoneros, lo que les significó un gran golpe y los llevó a profundizar sus errores, pasando a la clandestinidad, radicalizando sus métodos y aislándose cada vez más del movimiento de masas.

La masacre de Pacheco

En ese marco de ataques de las bandas reaccionarias de derecha, se produce el asesinato de cuatro militantes del PST. El 7 de mayo fue asesinado el compañero Inocencio “Indio” Fernández, delegado de la fundición Cormasa e integrante de la Lista Gris de oposición a la burocracia metalúrgica de Calabró/Minguito. El 29 de ese mes, una banda armada de unos quince matones invadió el local del partido en General Pacheco, secuestró seis compañeros y, luego de liberar a tres compañeras, en un descampado entre Pilar y Tortuguitas ejecutó, con decenas de tiros, a los compañeros Oscar “Hijitus” Mesa, delegado de Astarsa, Mario “Tano” Zidda, dirigente estudiantil, y Antonio “Tony” Moses, obrero de Wobron. No fueron los únicos. Activistas de otras organizaciones de izquierda también fueron asesinados salvajemente en esos días.

El PST denunció claramente a esa organización fascista como parte integrante del gobierno peronista y convocó a un gran acto unitario. Decenas de dirigentes políticos,  sindicales y estudiantiles adhirieron a la convocatoria y al repudio de este brutal crimen. Miles de compañeros de diversas fábricas desfilaron encolumnados frente a la sede central del PST, donde se realizó el acto. En nombre del Comité Ejecutivo del PST, Nahuel Moreno pronunció un discurso reivindicando la historia de los compañeros asesinados y llamó a la más amplia unidad de acción para derrotar a la bestia fascista. “Al fascismo no se lo derrota en las elecciones” dijo, “…el fascismo tampoco se discute, se lo derrota en las calles, con los mismos métodos que ellos utilizan”. Y terminó haciendo un llamado a las corrientes allí presentes a construir brigadas o piquetes antifascistas para combatirlos.

El gobierno de Isabelita

En medio de esa turbulencia, el 1° de julio de 1974, a los 78 años, el general Perón muere de un infarto. La “Argentina potencia” prometida por Perón no consiguió salir del discurso, frustrando las ilusiones de los millones que creyeron en un supuesto proyecto de justicia social y liberación nacional. Dos días antes, su vice, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, ya había asumido las funciones presidenciales. Sin embargo, la verdadera conducción de ese nuevo período estuvo a cargo de José López Rega, un ex cabo de la Policía Federal que se dedicaba a la astrología, pero que esencialmente era un aventurero que se había introducido en el núcleo de Perón e Isabelita desde la época del exilio en Madrid. Desde el gobierno de Cámpora ocupó el cargo de ministro de Bienestar Social, cartera que utilizó para organizar a la banda fascista conocida como Triple A.

El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando a un deterioro permanente de la situación económica producto de la crisis mundial del petróleo del ’74. Bajo la orientación reaccionaria imperante, el 5 de febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto denominado Operativo Independencia, que ordenaba al Ejército “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán”, y colocaba a las autoridades constitucionales de esa provincia bajo mando militar.

En consonancia con esa política de ataques al movimiento obrero, el 22 de marzo el gobierno lanza un gigantesco operativo contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Desde la Lista Marrón, los trabajadores habían derrotado a la burocracia sindical que respondía a Lorenzo Miguel e instalaron una conducción antiburocrática. Alegando un supuesto “complot subversivo”, el gobierno llevó a cabo un brutal ataque. Desplegó 4.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía provincial. Se allanaron las casas de los obreros, clausuraron el local de la UOM y detuvieron a la conducción y delegados del sindicato. La respuesta de la base fue heroica. Fueron dos meses de huelga con decenas de asambleas y actividades intentando ampliar la solidaridad con el conflicto que, Avanzada Socialista, nuestro periódico de esa época, definió como “la principal lucha librada bajo el actual gobierno”. Nuestro partido participó activamente, no solo impulsando la solidaridad y llamando a coordinar las luchas en curso con la huelga de Villa Constitución, sino integrando efectivamente el comité de lucha, que cumplió un importante papel a partir de la prisión de los compañeros de la dirección del sindicato. Finalmente, la terrible presión efectuada por el gobierno, la burocracia sindical y la patronal acabó derrotando esa huelga histórica.

El Rodrigazo y la descomposición del gobierno

En ese marco, el gobierno nombró a Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, ministro de Economía. Asumió el 2 de junio y, junto con su viceministro, Ricardo Zinn, ligado a Martínez de Hoz, anunció su nuevo plan económico consistente en un tremendo ajuste. El plan, denominado “Rodrigazo”, consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés. Pero además de la brutalidad de las medidas, apoyado en el Pacto Social aún vigente, limitaba el aumento de los salarios a un máximo de 40 por ciento. Con una inflación rondando 50%, muchos gremios ya habían negociado aumentos superiores, a los que el gobierno pretendía volver atrás con su tope. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a declarar la guerra y reclamar “paritarias libres”. Sin salida, y ante la presión de las bases, la CGT se vio obligada a decretar una huelga general de cuarenta y ocho horas los días 7 y 8 de julio. La masividad y la fuerza de la primera huelga general contra un gobierno peronista desestabilizó completamente el frágil andamiaje del gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, el poderoso y temible López Rega huyó del país y, dos días después, Rodrigo y Zinn renunciaron a sus cargos. El brutal ataque a la clase trabajadora y la respuesta con la huelga general iniciaron el fin del gobierno peronista.

El golpe se pone en marcha

Si bien después de este vertiginoso fin del lopezreguismo la burocracia sindical ganó algún espacio, lo que seguía determinando la situación era la impunidad de las bandas fascistas, como la Triple A, y su accionar represivo. Centenares de activistas políticos, sindicales y estudiantiles de izquierda aparecían muertos a diario en una completa banalización de la violencia. En ese proceso comenzó a establecerse el avance de un grupo de militares golpistas que habían comenzado a actuar, desde sus puestos, dentro del aparato represor del Estado.

En ese marco se dio lo que se conoció como la Masacre de La Plata. El 4 y 5 de septiembre de 1975 Roberto “Laucha” Loscertales, de Propulsora Siderúrgica; Adriana Zaldúa, trabajadora del Ministerio de Obras Públicas; Hugo Frigerio, delegado gremial del mismo ministerio; Ana María Guzner Lorenzo, trabajadora no docente de la UNLP; Lidia Agostini, odontóloga; Oscar Lucatti, trabajador del Ministerio de Obras Públicas; Carlos “Diki” Povedano, trabajador de Previsión Social, y Patricia Claverie, todos militantes del PST, fueron secuestrados, torturados y fusilados cerca de la ciudad de La Plata por bandas fascistas que actuaban al amparo del gobierno peronista. En esos momentos la región de La Plata, Berisso y Ensenada también era escenario de varias luchas y nuestros compañeros participaban activamente en la solidaridad con el conflicto de Petroquímica Sudamericana. Hasta el día de hoy continuamos reclamando justicia contra este brutal crimen que aún permanece impune.

El colapso económico que vivía el país después del Rodrigazo no se consiguió revertir. El gobierno de Isabel Perón designó al “histórico” Antonio Cafiero, que al poco tiempo renunció, para dar lugar a Emilio Mondelli. Entre diciembre de 1975 y los primeros meses de 1976 el aumento de los precios se hizo insoportable y la inflación se disparó. El nuevo ministro no tuvo mejor idea que echar mano a la misma receta intentada por Rodrigo, por lo que la clase trabajadora, que acababa de protagonizar el Rodrigazo, a pesar de la traición desembozada de la burocracia sindical, respondió con fuertes luchas. La burguesía y los grandes grupos económicos tenían en claro que el peronismo ya no les servía para detener el ascenso. Frente a esta crisis, sectores de los partidos patronales, incluidos el propio peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST, de organizar un nuevo “Rodrigazo”, comenzaron a tender puentes con sectores golpistas. A esto se sumaba el propio radicalismo, que en palabras de su máximo líder de entonces Ricardo Balbín, afirmaba que “no tengo soluciones”, mientras insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a toda la nueva vanguardia obrera que había surgido en esos años.

El 24 de marzo, ante la pasividad y, en algunos casos, la complicidad de los principales dirigentes radicales y peronistas, de los sectores patronales y de la propia burocracia sindical, María Estela Martínez de Perón fue detenida. Una junta militar anunciaba que se hacía cargo del poder, disolvía el Congreso, reemplazaba a los miembros de la Corte Suprema e intervenía todas las provincias. Esa misma noche bandas armadas de militares ocuparon las principales ciudades, detuvieron civiles y asesinaron decenas de personas. Comenzaba a escribirse una de las páginas más trágicas de nuestra historia que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo. Con ese tenebroso acto se cerró el proceso de ascenso iniciado con el Cordobazo.

Nota: parte de los datos y análisis tuvieron como fuente de información el libro Historia del PST, tomos I y II, del historiador Ricardo de Titto.