Ante el avance de la segunda ola de la pandemia, el sistema de salud está al borde del colapso. La crisis de las obras sociales y las prepagas se descarga sobre el hospital público, también colapsado.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

La semana pasada tomó estado público la muerte en la ambulancia de un paciente afectado por Covid-19. Lamentablemente no es una excepción, son casos de todos los días en esta segunda ola. No obstante pertenecer a una conocida prepaga (Galeno, según Infobae) y tener al día sus cuotas, no se le garantizó la internación que su estado requería. No hubo cama para él en instalaciones privadas ni públicas. Este desgraciado episodio es una muestra acabada de la crisis del sistema de salud y cuya responsabilidad corresponde, en primer lugar, al gobierno peronista de Alberto
Fernández, pero también a la oposición patronal de Cambiemos, encabezada por Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales.

Cifras de terror: la Argentina en el cuarto lugar mundial por las muertes diarias

Los datos del lunes 17 de mayo muestran 505 muertes en veinticuatro horas, cifra que coloca a nuestro país en el cuarto lugar mundial, sólo superado por India, Brasil y Colombia. La magnitud de la pandemia se ve también en las cifras escalofriantes de los contagios de los últimos catorce días cada cien mil habitantes. En Córdoba, Santa Fe y Río Negro, pero sobre todo en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires, se supera varias veces el tope internacional de 150 casos cada catorce días, indicador de una circulación viral comunitaria de alto riesgo. De más está decir que, de acuerdo con estos parámetros internacionales, y los que fija la Sociedad Argentina de Pediatría, las clases presenciales deberían estar suspendidas hace ya un largo tiempo.

El sistema de salud no da abasto tal como está

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dio a conocer el 14 de mayo cifras que ayudan a entender el drama de la muerte en la ambulancia. En un muestreo de salas de terapia intensiva públicas y privadas de todo el país se constató un 93% de ocupación, correspondiendo 94% al conurbano y 91% a la CABA. Más de la mitad eran Covid-19 positivos, de los cuales siete de cada diez requirieron respiración mecánica asistida. El informe agrega un preocupante dato que refleja la verdadera magnitud de la crisis del sistema de salud: “Un importante número de pacientes
Covid-19 estuvieron en ventilación mecánica fuera de las unidades de terapia intensiva, en la guardia general y en la unidad coronaria”.

No solo por la pandemia

“Los hospitales públicos atienden a tres millones de personas más”, dice un estudio del diario Clarín (16/5/2021). No es solo la pandemia. La crisis económica y social del país tira abajo la afiliación a las obras sociales sindicales por la desocupación y el trabajo en negro. Además, provoca la caída del nivel de vida de la clase media y la consiguiente desafiliación de las prepagas. El hospital público se satura porque es el último recurso de todos estos sectores para cuidar su salud. Un hospital público que está cada vez peor, con los presupuestos en baja desde hace veinte años y con todos los gobiernos.

Galeno, la prepaga cuyo afiliado murió en la ambulancia, pertenece a Julio Fraomeni, quien posee una fortuna de 710 millones de dólares. Claudio Belocopitt, dueño de la prepaga Swiss Medical –alcanza los 440 millones– circula por los canales de TV proclamando la crisis de los sanatorios privados. Empresarios “exitosos” ambos, ninguno de los dos puede garantiza la atención de sus afiliados a pesar de las descomunales cuotas que les cobran. Las ganancias de las empresas están primero.

La solución es la centralización del sistema

Para el gobierno, fortalecer el sistema de salud significa apretar a los trabajadores y subsidiar a los sanatorios privados para mantener las ganancias de los empresarios. Por el contrario, es necesario ampliar el presupuesto de salud en las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Para ello es necesario reunir la totalidad del sistema bajo un mando y una administración única estatal que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro. Que se financie con un fondo creado por un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Todo, bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios para evitar el clientelismo
y la inequidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Senado se dispone a aprobar una ley para determinar los “parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario” con el objetivo, dice, de “contener y disminuir los contagios por Covid-19”. Pero se le está armando lío en Diputados, por eso se baraja otro decreto de necesidad y urgencia. El gobierno pretende decir que, de esta forma, está “cuidando la salud y la vida” de las personas. Pero no es así.

Si uno lee el articulado del proyecto se va a encontrar con que recomienda “el uso de barbijos, distanciamiento social de dos metros, lavarse las manos, ventilación y estornudar en el pliegue del codo”, cuando ya la pandemia lleva más de un año. Y no propone ninguna medida para que los empresarios del transporte garanticen el servicio con distanciamiento social o eviten que millones viajemos como ganado.

Si de salvar vidas se trata, ¿qué dice el proyecto sobre las 24 millones de vacunas que se producen mensualmente en Garín y se van a los Estados Unidos? Nada. Por qué no dispone su incautación, procediendo a envasarlas acá para inmunizar a millones cuando solo 3% de la población tiene las dos dosis y no se ha vacunado a todo el personal de salud, ni qué hablar de los docentes. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad presentamos un proyecto para declarar al laboratorio mAbxience de utilidad pública. Esta sería la única manera de salvar vidas.

Además, el proyecto no dispone centralizar el sistema de salud que permitiría combatir en mejores condiciones la segunda ola. Tampoco un aumento del presupuesto en salud o en los salarios de los profesionales y trabajadores del sector para no obligarlos al pluriempleo. Ni un IFE de 40.000 pesos para “proteger la vida” de los más vulnerables. Pero el presidente sí se reunió con la titular del FMI para pagar la sideral deuda que contrajo Macri.

El proyecto, a su vez, busca una normativa nacional para definir cuándo suspender las clases presenciales después de la pelea con Larreta tras el fallo de la Corte Suprema. Pero cambia los parámetros epidemiológicos internacionales que apoya la Sociedad Argentina de Pediatría, que indican la virtualidad escolar cuando haya más de ciento cincuenta casos cada cien mil habitantes. Fernández quiere que sean cuando superen los quinientos, es decir cuando haya un colapso pleno. Y exceptúa a las escuelas especiales, mientras abre las escuelas para que docentes y estudiantes vayan a utilizar las computadoras, en vez de garantizar la gratuidad de la conectividad para estudiantes y docentes y repartir computadoras y celulares para todas y todos.

La iniciativa también dispone aplicar el Código Penal a quienes “cometan infracciones” ante las restricciones, cuando sabemos que el peso de la ley y el accionar policial siempre recaen sobre el pueblo trabajador y los jóvenes, no contra los grandes empresarios que aumentan los precios, despiden o pagan salarios de miseria. Juntos por el Cambio critica el proyecto. Los mismos que fomentaron las marchas anticuarentena y obligan a docentes y estudiantes a ir a las escuelas y contagiarse en donde gobiernan.

Denunciamos este proyecto del gobierno que es utilizado para lavarse la cara en un año electoral. Para cuidar la salud y la vida hay que tomar medidas de fondo como las que postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Para que aparezcan las vacunas, incautando las que se van de Garín, suspendiendo todo pago de la deuda y aplicando un  impuesto especial a las ganancias de bancos y multinacionales para recaudar 20.000 millones de dólares que hay que destinar al combate de las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre y la pobreza que crecen.

Debido a la presión mundial sobre el curso de la pandemia y las patentes, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden declaró por una eventual suspensión de las patentes de las vacunas. Se profundiza el debate en curso

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En nuestro país, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud del gobierno de Macri, dio su posición sobre las patentes. Después de manifestar simpatía por las declaraciones del presidente norteamericano a favor de liberarlas parcialmente, plantea luego su verdadera posición con los mismos argumentos que usan las multinacionales Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras para justificar las patentes (Clarín, 12/5/2021).

Rubinstein, ex ministro de Macri, defiende los monopolios

En la defensa de las patentes da dos argumentos. El primero es que la liberación va a desincentivar la industria y la innovación tecnológica. Lo contradicen los datos que da el premio Nobel Joseph Stiglitz, que sostiene que esos fondos provienen de los gobiernos que transfirieron en todo el mundo 110.000 millones de dólares a la industria farmacéutica del total de 179.000 millones dedicados por las multinacionales a investigación y desarrollo (Actualidad Sanitaria, abril 13, 2021).

El segundo argumento, similar al que usa Bill Gates, es que la suspensión, aun temporaria,no puede ampliar la producción en un plazo cercano. También en esto coincidimos con Stiglitz, porque ya hay países que la producen como la Argentina, Sudáfrica, Brasil y otros y, en segundo lugar, que el poderío de la industria moderna permite acondicionar los laboratorios y las cadenas de insumos rápidamente.

De manera completamente opuesta a los monopolios farmacéuticos y sus defensores, la opinión pública estadounidense se está manifestando a favor de la suspensión de las patentes. Una encuesta muestra que una mayoría del 72% de los votantes demócratas quiere que Biden suspenda temporalmente las barreras de las patentes. Entre los votantes republicanos el resultado es de 50 por ciento. Hay, entonces, una tendencia clara del pueblo estadounidense para poner la vida humana sobre los beneficios empresariales y ese clamor es el que lleva a Biden a hacer las declaraciones a favor de la suspensión de las patentes.

Kicillof legisla para los monopolios

Inversamente a la opinión del pueblo norteamericano, Axel Kicillof, considerado parte del ala “izquierdista” del peronismo, hizo aprobar una ley en la Legislatura bonaerense que le permite comprar vacunas en el exterior. En consonancia con la ley nacional votada en noviembre pasado en el Congreso, el “izquierdista” Kicillof satisfizo todos los requerimientos de las multinacionales. Es decir, cláusulas de confidencialidad, entre otras cosas de los precios; condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias que se cargan al
Estado; la posibilidad de prorrogar jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y, finalmente, la aceptación de la ley extranjera. De esa manera, la provincia de Buenos Aires garantiza legislativamente a la industria farmacéutica las mismas concesiones otorgadas por la norma nacional, con el voto en contra del Frente de Izquierda Unidad.

El gobierno del Frente de Todos y los provinciales de distintos signo político deben desconocer las patentes y poner la capacidad industrial farmacéutica a producir millones de dosis. También el gobierno de Alberto Fernández puede incautar ya la producción de mAbxience en Garín y poner el resto de los laboratorios a fabricar la vacuna para lograr la inmunización masiva. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto a la Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI), somos parte de un gran movimiento que nuclea a organizaciones y distintas personalidades a nivel mundial que reclaman la suspensión de las patentes para que pueda haber vacunas para todas y todos.

Como consecuencia de los reclamos de la UIA, que se niega a seguir pagando salarios a trabajadores de riesgo licenciados en la pandemia por el decreto 207/2020, el gobierno del Frente de Todos autorizó el pasado 9 de abril a las patronales, con el decreto 241/21, a reincorporar a los trabajadores de riesgo que cuenten con una dosis de las vacunas. Frente a la bronca de trabajadores y al reclamo generalizado de entidades y especialistas, dicho decreto se cambió por el 287/21, que lo suspende por la situación de exponencial crecimiento del virus y el colapso sanitario.

Contra toda la evidencia científica, una resolución del Ministerio de Trabajo, que tiene menor jerarquía que el decreto del mismo organismo, facilita nuevamente a las patronales a que avancen en la convocatoria a compañeros de riesgo.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por el Pollo Sobrero; la conducción de la Bancaria, de Apdfa y diversas organizaciones han rechazado este atropello con los debidos fundamentos legales y sanitarios y llaman a oponerse a toda presencialidad de trabajadores que están en esa condición. La CGT, mientras tanto, continúa con su silencio cómplice favoreciendo a las empresas.

En esta situación, el miércoles de la semana próxima, los ferroviarios del Sarmiento, en el marco de un homenaje a los compañeros de ese ramal que fallecieron por Covid-19, en estos días, rechazarán la exigencia de las patronales y el gobierno de la vuelta al trabajo de los mayores de 60 años. Y al mismo tiempo, reclamarán por vacunas para todas y todos, tanto trabajadores como usuarios.

Corresponsal

Se conoció la inflación de abril, 4,1 por ciento. Acumulado, 2021 ya lleva 17,6 por ciento. Lo peor es que los productos de la canasta familiar siguen aumentando mucho más. Mientras la inflación anual se encamina a estar cerca de 50%, los acuerdos salariales no pasan de 35%, y en cómodas cuotas.

Escribe José Castillo

Se veía venir. A pesar de todos los discursos del gobierno de que la inflación “se estaba desacelerando”, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec volvió a cantar arriba de 4 por ciento. En apenas cuatro meses ya se comió dos tercios de la inflación proyectada en el presupuesto votado el año pasado, de 29 por ciento.
Con estos datos, los salarios llevan perdido en un año un promedio de 10% de su capacidad de compra, que se suma a lo que ya se había deteriorado en los tres años previos, generando una reducción del poder adquisitivo superior a 30 por ciento.
Por eso no resulta extraño que la continuidad de la pulverización de sueldos y jubilaciones, sumado a los que han sido despedidos o han perdido todos sus ingresos, nos dé la terrible cifra de 42% de pobreza, con casi 63% de niñas, niños y adolescentes en esa situación.  

¿Por qué suben los precios?

La primera parte de la respuesta a esta pregunta es obvia, por los abusos de las patronales de alimentos, productos de limpieza, tocador y medicamentos, todos grandes grupos monopólicos que concentran en dos o tres firmas cada rubro y hoy están subiendo los precios dos o tres veces por mes. Sumándole a esto la también muy fuerte concentración en las cadenas de distribución, centradas en unos pocos hipermercados y supermercados.
El gobierno, más allá de su discurso, hace la vista gorda. “Precios cuidados” y “precios máximos” son violados con mil y una trampas, los productos desaparecen de las góndolas, son reemplazados por otros “que no están en la lista”, simplemente cambiándoles la etiqueta y sumándole o restándole 10 gramos, etcétera. El gobierno del Frente de Todos es cómplice de estas maniobras, incluso termina premiando a las empresas “deslistando” (léase retirando del listado de precios máximos) cada día más productos para reemplazarlos por una supuesta lista de ciento veinte productos que estarían congelados hasta octubre.
Pero también es cómplice del incremento de precios con la suba de los productos que están bajo su control. Así, desde agosto pasado, YPF subió los combustibles por encima del promedio de la inflación e incluso mucho más de lo que se incrementó el dólar, dando la señal para que dicho incremento sea seguido por el de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo.

¿Cuál es la solución?

Muy lejos ya quedó la retórica de Alberto Fernández de que su gobierno venía a “ponerle plata en el bolsillo a la gente” o a “garantizar la heladera llena”. Un dato vergonzoso basta para muestra, el salario mínimo, vital y móvil llegará a 29.160 pesos recién en febrero de 2022, apenas por encima de la canasta básica alimentaria que marca el límite de indigencia, que hoy ya está en 25.85 pesos.
Incluso se tornó falso el planteo de que este 2021 se recuperaría, aunque sea un poco, el salario real, con una inflación calculada en 29% y acuerdos paritarios en 35 por ciento. La burocracia sindical, aliada al gobierno, cerró las negociaciones con estos porcentajes, más aún, en cómodas cuotas, o sea que muchos gremios recién los alcanzarán en febrero o marzo del año próximo. Pero mientras tanto, como hemos visto, el famoso 29% quedó transformado en un dibujo, ya que terminaremos el año con una inflación cercana a 50 por ciento.

Es urgente, entonces, revertir esta situación. Se impone luchar por un conjunto de medidas básicas

Primero y principal, recuperar el salario. Es necesario un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar que, de acuerdo con los cálculos de la junta interna de ATE-Indec, asciende a 93.000 pesos. Y, a partir de allí, reabrir inmediatamente todas las paritarias, con incrementos mensuales según el aumento real del costo de vida. También se debe aumentar el haber mínimo jubilatorio hasta cubrir al menos la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos. Y, desde ahí, aplicar el 82% móvil. Del mismo modo, hay que otorgar un IFE de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesite.

Al mismo tiempo, hay que terminar de verdad con los abusos de las empresas monopólicas fijando precios máximos para todos los productos de la canasta familiar, sin excepción, y, sobre todo, con reales sanciones para los que no los cumplan, tal como lo establece la Ley de Abastecimiento, que incluye multas, clausuras, decomiso de mercadería y hasta la expropiación.