Escribe Claudio Funes

Para los 2,7 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el aumento de 12,12% anunciado por el gobierno de Alberto Fernández, que comenzará a pagarse a partir del 1° de junio y hasta el 31 de agosto, absorbe el plus o bono de 1.500 pesos que cobraron en abril y mayo.
Esto significa que el 12,12% se aplica sobre el haber mínimo de marzo (20.571 pesos), sin contar los 1.500 pesos de cada mes. Así, en junio, julio y agosto la jubilación mínima será de 23.064 pesos, solo 4,4% más, lo que representa un aumento efectivo de 993 pesos por mes hasta septiembre. Miserable es poco.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria no contempla la variable inflacionaria. En el primer cuatrimestre de 2021 la inflación llegó a 17,6 por ciento. Con el 8,07% de incremento en marzo y los bonos, los jubilados y pensionados con haber mínimo en abril y mayo solo acumularon un alza de 16 por ciento.

Ahora, si contabilizamos los incrementos de precios de mayo y junio (período a partir del cual rige el nuevo aumento), la suba en el primer semestre puede rondar 25%, mientras que todas las jubilaciones y pensiones, incluida la mínima, tendrán una mejora nominal de 21,16% (8,07%+12,12%), casi 4 puntos por debajo de la inflación.
Ni siquiera se trata de discutir si la mínima está 2 o 3 puntos sobre la inflación, seguiría siendo una suma de indigencia.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en abril continuó cayendo el gasto del gobierno en ayuda social y jubilaciones. Según la OPC, las transferencias en jubilaciones y pensiones, que alcanzaron los 241.173 millones de pesos, presentaron una caída real de 13,4% interanual, explicada mayoritariamente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados según la nueva fórmula de movilidad y la tasa de inflación.

El informe dice que el complemento de 1.500 pesos otorgado para contrarrestar la disminución en el poder adquisitivo de los jubilados de más bajos ingresos se ubicó por debajo del bono extraordinario otorgado en abril de 2020, que fue de 3.000 pesos.
Agrega que en mayo el retroceso previsional podría moderarse porque también este mes se está pagando el plus o bono de 1.500 pesos a los haberes más bajos (en igual mes de 2020 no hubo bono), pero ese mayor gasto nominal quedaría en parte neutralizado por el incremento de la inflación interanual, que podría rondar 49 por ciento.

El informe deja claro que el gobierno es el responsable de la miseria creciente en plena pandemia al ajustar el gasto para ayuda social y jubilaciones. Esta política obedece a su empeño en cumplir con los acreedores externos, el FMI y las multinacionales. “Dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación y lo cumplí”, manifestó Alberto Fernández a principios de enero. La realidad  desmiente  sus palabras.

Por lo expuesto, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos:
Aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta de la Tercera Edad, hoy en 62.000 pesos
Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan según la inflación mensual y el 82% móvil del salario en actividad.
Estas medidas son posibles, para garantizarlas hay que priorizar a los jubilados, no a los pulpos acreedores. Se impone romper con el FMI y suspender los pagos de la deuda externa.
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe José Castillo

El precio internacional de la soja ha subido a valores superiores al récord histórico de 2008. Tanto desde el gobierno del Frente de Todos, como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio se destaca eso como una “buena noticia”, donde supuestamente, todos ganamos. ¿Es realmente así?

Vamos por parte, quien realmente se beneficia con el precio de la soja por la nubes no es el pueblo trabajador, sino los grandes pulpos monopólicos del negocio de la agroexportación: son los yanquis ADM, Bunge, Cargill y Dreyfuss, la china Cofco, la suiza Glenncore, la francesa Dreyfus y
también los grandes grupos locales como Aceitera General Deheza (Urquía) o Molinos (grupo Pérez Companc). A esto tenemos que sumarle los grandes propietarios de tierras, que concentran varias propiedades de decenas de miles de hectáreas cada una, como los Grobo, el Tejar o Cresud,
por nombrar sólo los tres más importantes. Sin contar que miles de hectáreas están en manos de los mismos grupos exportadores extranjeros que mencionamos más arriba. Y otras tantas son explotadas por los grandes bancos y especuladores bursátiles que ganan con los pooles de siembra.
Efectivamente, este año las exportaciones dejarán 10.000 millones de dólares más que el año pasado. Pero no a “la Argentina”, sino a todos estos pulpos, que la sumarán a sus superganancias embolsadas en años anteriores. Pero acaso, podrá alguién preguntarse, ¿al menos no quedará
lo que ingrese al estado por impuestos -retenciones- que se calculan en cerca de 3.000 millones de dólares?

Sin duda, eso será recaudado por el gobierno de Alberto Fernández. Que podría incluso ser mucho más si se controlara de verdad lo que se exporta, en vez de aceptar las meras declaraciones juradas que se dejan al entrar en los puertos privados de estas mismas corporaciones, generando
todo tipo de maniobras de subfacturación de exportaciones, evasión impositiva y hasta contrabando, como quedó registrado el año pasado en el caso Vicentín. Pero lamentablemente, aún lo que entre en concepto de impuestos no irá a salud, educación, salario o empleo. El grueso terminará en subsidios a las privatizadas de la luz, el gas, la energía y el transporte, o en pagos de deuda externa. Todo esto nos reafirma en lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Es urgente otro programa económico, obrero y popular. Para que sean “nuestros” realmente los dólares del agronegocio hay que nacionalizar el comercio exterior. Y para que los recursos que ingresan al estado se apliquen de verdad a resolver las más urgentes necesidades populares es imperioso dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI.

El presidente Alberto Fernández desempolvó nuevamente, en su gira europea, una mentira que ya había utilizado durante la campaña electoral de 2019. Que Portugal habría logrado un acuerdo “progresista”, “sin ajuste”, con el FMI.

Nada más alejado de la realidad. Portugal en 2011 sufrió un salvaje plan de ajuste, exigido y monitoreado por el FMI. Se bajaron 12,5% los sueldos de los empleados públicos, se extendió la jornada de trabajo de 35 a 40 horas, se congeló el salario mínimo, se aumentó el IVA de 10% a 23%, se incrementó la edad jubilatoria y se avanzó en un programa de privatizaciones. Se puso en marcha una reforma laboral con reducción de las indemnizaciones por despido, se facilitaron los mecanismos para despedir trabajadores, se redujeron los pagos de horas extras, se achicaron las vacaciones y disminuyó el subsidio al desempleo.

Por este ajuste, en 2015 el gobierno perdió las elecciones y fue reemplazado por una coalición integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda conducido por Antonio Costa. Las luchas hicieron que algunas pocas medidas se revirtieran, como la semana de
35 horas o algunos aumentos del salario mínimo. Pero lo central del ajuste estructural fue mantenido y Portugal hoy tiene una de las legislaciones laborales más flexibilizadas de Europa.

Los tibios números de crecimiento económico de Portugal en nada mejoraron la vida de los sectores populares. Pero quieren ser utilizados por el Frente de Todos para hacernos creer que “se puede” implementar otro programa sin romper con el FMI. Pasan por alto que primero el Fondo exigió y logró implementar un feroz plan de ajuste. Lo mismo que hoy le reclama a la Argentina. El “caso portugués” es una falacia. Sin romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda recorreremos el camino de ese país, de Grecia, o de tantos otros que se sometieron a los innumerables planes del FMI. No hay renegociación “progresiva” posible. Eso es lo que venimos pregonando incansablemente desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

El 13 de mayo falleció Alberto Piccinini. Acompañamos la tristeza que esta pérdida genera entre miles de obreros y luchadores que en los primeros años de la década de 1970 protagonizaron jornadas de lucha contra la patronal y la burocracia sindical teniendo como una de sus referencias a este dirigente metalúrgico de Villa Constitución

Escribe Adolfo Santos

En 1970, el Secretariado Nacional de la UOM intervino la seccional de Villa Constitución, donde se destacaban las fábricas Acindar, Metcon y Marathon. Una maniobra habitual de la burocracia para impedir que nuevos activistas accedan a la conducción del gremio. Pero en 1972, un grupo de trabajadores de Acindar logró elegir un nuevo cuerpo de delegados y una comisión interna combativa. De ese grupo surgió la Lista Marrón, encabezada por Piccinini, que exigía elecciones para normalizar la seccional.

A los compañeros de Acindar se sumaron los de Metcon y Marathon. Apoyados por corrientes de izquierda, se posicionaron contra la burocracia sindical y el pacto social que el gobierno peronista quería imponer junto con la patronal. Impotente ante la resistencia de la base, la UOM, conducida por Lorenzo Miguel, separó a once miembros de la nueva comisión de delegados por “desacato a la conducción” y “para sanear a la misma de elementos marxistas”.

Fue el inicio de una lucha que se convirtió en una referencia para el movimiento obrero. Se desató una poderosa movilización conocida como el “Villazo” que, apoyada en una fuerte huelga y con la solidaridad de la población, acabó con la intervención burocrática y terminó conduciendo la seccional de la UOM. En marzo de 1974, Avanzada Socialista, el periódico del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, tituló en su tapa: “Villa Constitución derrotó a la burocracia”. Era el triunfo de una importante lucha de la que Alberto Piccinini fue su principal figura.

A partir de Villa, coordinar un frente de luchas

Para defender este triunfo, fue convocado un plenario en el club Riberas del Paraná, del cual participaron importantes delegaciones de la vanguardia obrera de todo el país y dirigentes como Tosco, Salamanca y Ongaro, entre otros, además de la JTP, vinculada a Montoneros. El objetivo era rodear de solidaridad la lucha de Villa Constitución, atacada por la burocracia, el gobierno peronista y la patronal de Acindar, una de las empresas que luego fue aliada y cómplice del golpe del ’76. El PST participó con todas sus fuerzas.

La UOM de Villa Constitución no era una excepción, sino la cabeza de un proceso generalizado de luchas que se extendía por el país, pariendo centenares de nuevos dirigentes. Por eso fuimos con la propuesta de construir una gran coordinadora de todas esas luchas para defenderlas, fortalecerlas y que triunfen. Lamentablemente, Piccinini y otros importantes dirigentes, influenciados por sectores guerrilleros y por políticas ultraizquierdistas, se negaron a asumir esa propuesta, limitando las resoluciones del plenario, centralmente, a la solidaridad con Villa Constitución. Una decisión equivocada que impidió fortalecer una alternativa de clase.

En marzo de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, Villa Constitución sufrió un violento ataque. Más de tres mil integrantes de las fuerzas federales y parapoliciales de la Triple A, enviados por el gobierno peronista, invadieron la ciudad para perseguir, matar y detener a los activistas obreros con el pretexto de combatir un “foco subversivo”. Piccinini terminó preso junto con otros dirigentes y delegados y sufrió cinco años de cárcel.

De dirigente combativo de Villa Constitución a la conciliación de clases

La trayectoria de Piccinini durante sus años de dirigente sindical tuvo el sesgo clasista impuesto por la lucha contra la patronal y la burocracia. Sin embargo, la vuelta de la “democracia” en 1983 mostró un dirigente diferente. Volvió a conducir la UOM de Villa Constitución, pero comenzó a tejer alianzas con partidos patronales. En 1993 fue elegido convencional constituyente por el Frente Grande y luego, junto con la UCR, participó de la Alianza, donde fue electo diputado nacional.

Piccinini fue un gran luchador y siempre será recordado por su rol en el Villazo. Sin embargo, acabó abrazando una política de conciliación de clases. De sus expectativas en el alfonsinismo en los años ’80, pasó a integrarse a un proyecto burocrático, el de la CTA. De estas experiencias tenemos que sacar conclusiones. De la importancia de tener una posición política y sindical independiente de las patronales y que se plantee, siempre, la democracia obrera, o sea en las antípodas de cómo actúa la burocracia sindical. Es parte de las tareas que nos proponemos desde el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), así como avanzar en la construcción de una alternativa política para la clase trabajadora, como la que planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Agxs Mermet

El 17 de mayo recordamos ese día de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud “sacó” a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, pero seguimos sufriendo discriminación y marginación. Durante la pandemia vemos un recrudecimiento en los casos de violencia y crímenes de odio hacia la comunidad de la diversidad sexual y de género, así como la imposibilidad de nuestro colectivo, particularmente de travestis, trans y no binaries, de sostenernos económicamente producto de no poder acceder a trabajos registrados y la falta de políticas públicas que destinen presupuesto a nuestra demanda por vivienda, salud, trabajo y educación. Nos vemos forzades a buscar trabajos informales y precarizados, lo que suma el riesgo de contagio en el marco de la pandemia por la negativa del gobierno, en complicidad con las grandes farmacéuticas, de liberar las
patentes y producir vacunas para todo el pueblo trabajador. Por eso, uno de los reclamos fundamentales que sostenemos es la inmediata aprobación del cupo laboral travesti-trans a nivel nacional y su efectiva implementación en todos los municipios, para así tener una herramienta que nos permita acceder a trabajos formales y no tener que seguir expuestes a situaciones de vulnerabilidad.

Desde Diversidad-Izquierda Socialista venimos siendo parte de las actividades por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, joven trans del conurbano desaparecido luego de ir a una entrevista de trabajo. Denunciamos la responsabilidad de los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof-Sergio Berni y el doble discurso de “inclusión” y contemplación de nuestros derechos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuando en la realidad no ponen a disposición los recursos necesarios mientras se sigue negociando una deuda totalmente usurera con el FMI. También la Justicia actúa sosteniendo las diversas violencias, como vimos en los casos de Marian Gómez y Joe Lemonge, quienes, ante el intento de avance en la criminalización de sus identidades, lograron su absolución gracias a la organización y la movilización callejera. Reivindicamos nuestra lucha en las calles porque así es como conquistamos nuestros derechos, nunca ningún gobierno nos regaló algo. Llamamos a organizarnos por todos nuestros reclamos y reivindicaciones para seguir dando la pelea contra el homolesbotransbiodio, las políticas de ajuste y por la aparición con vida de Tehuel.